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Hace casi 25 años, los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo “Carlón” Pereyra Rossi fueron acribillados a balazos por una patota encabezada por Luis Patti, en uno de los últimos manotazos con que la dictadura en retirada quiso impactar para demostrar que la “subversión” no estaba vencida. Esta semana habrá actos en Rosario, de los que participarán las hermanas de Cambiaso, y un homenaje en el paraje campestre donde fueron asesinados que organiza Juan Puthod, el sobreviviente del terrorismo de Estado secuestrado este 29 de abril. La investigación judicial del caso Cambiaso-Pereyra Rossi estuvo paralizada por más de dos décadas, a partir del dudoso sobreseimiento de Patti, pero en 2005 fue reactivada por los querellantes y el fiscal federal Juan Murray. La Cámara de Apelaciones de Rosario tiene en sus manos la posibilidad de destrabar el expediente, y aceptó reunirse con los diputados Remo Carlotto y Victoria Donda, y con funcionarios de las secretarías de Derechos Humanos nacional y bonaerense.
El 17 de mayo de 1983 el Ministerio del Interior informó que Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi habían sido “abatidos en un enfrentamiento” con efectivos de la Unidad Regional de Tigre. Los policías involucrados eran los cabo Rodolfo Diéguez, el sargento Juan Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti. Media docena de testigos dio otra versión. El sábado 14 de mayo Cambiaso y Pereyra Rossi conversaban en el bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, en Rosario. Fueron secuestrados en un operativo del I y II Cuerpo de Ejército. Los sacaron del bar con la boca amordazada, a la rastra, por el suelo, con la cara hacia el piso, y los metieron en una camioneta. Los captores festejaron su éxito con gritos de alegría y abrazos.
Tres días después, Cambiaso y Pereyra Rossi aparecieron baleados en Lima, partido de Zárate. Los peritajes demostraron que fueron golpeados y torturados antes de morir. Había hematomas, rastros del empleo de picana eléctrica y muestras de pólvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi originadas por un disparo a quemarropa. El 18 de junio, el juez penal de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, dispuso la prisión preventiva de los tres agentes de la bonaerense y calificó el caso como “homicidio calificado reiterado”. Además, ordenó la detención del médico policial que hizo la primera autopsia. El tercer estudio de los cuerpos, realizado por el histopatólogo y experto en balística Eduardo Pedace, refutó a Patti en sus dichos sobre la distancia y posición de tiro. Los disparos fueron hechos un metro y medio más cerca de lo que juró el represor, aún aspirante a diputado.
Mientras circulaban rumores de autogolpe y varios medios agitaron una vez más el fantasma del “rebrote subversivo”, las hermanas Cambiaso comenzaban una larga batalla judicial recolectando pruebas que contrastaban con las que tenían los investigadores, que en algunos casos había sido obtenidas bajo tortura. El caso Cambiaso-Pereyra Rossi se sumó a una treintena de hechos intimidatorios registrados en los primeros meses de 1983. Vicente Saadi denunció que las informaciones oficiales eran “una sarta de mentiras”, y no dudó en afirmar que “no se trató de un tiroteo sino de asesinatos lisos y llanos”. Poco después, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), abogados de diferentes corrientes políticas conformaron una comisión investigadora, entre ellos Marcelo Parrilli, Augusto Conte y Nilda Garré. Ellos aportaron a la causa una nota anónima que detallaba el operativo militar e incluso revelaba que el policía Diéguez comentó que Patti fusiló a Cambiaso y Pereyra Rossi por la espalda.
“Existió un aparato organizado de poder del que participó Patti y que significó la muerte de los militantes Cambiaso y Pereyra Rossi”, afirmó el fiscal federal Juan Patricio Murray hace dos años, durante el proceso parlamentario de impugnación a la banca del represor. Durante aquella larga audiencia, el fiscal dejó en claro que “esos hechos estaban suficientemente acreditados en 1983 pero hay pruebas contundentes de que el juez del caso fue presionado para dictar el sobreseimiento de Patti y los otros dos imputados”. Marchetti llegó a ser intimidado con seguimientos que incluyeron a su familia y a sus empleados. También ante los diputados, Gladys Cambiaso aseguró que “el juez nunca pudo ubicar a un testigo clave y en un giro total cerró la causa”. El 4 de noviembre la Cámara confirmó los sobreseimientos, pero en su fallo destacó que los testigos fueron modificando extrañamente sus dichos, y puso en duda la credibilidad de Patti.
Murray recordó que Patti está confeso ante la Justicia porque en 1983 admitió: “Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero a pesar de que el propio Patti no niega haber sido el autor material de las muertes, y los peritajes demuestran que tal enfrentamiento no existió, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, no accedió al pedido de nulidad del sobreseimiento de Patti y de los dos policías presentado por el fiscal y la querella invocando que en el caso hubo “cosa juzgada írrita”. Sin embargo, la causa no está paralizada. El juez decidió seguir investigando, aunque dejó en stand-by la situación de Patti, Diéguez y Spataro hasta que la Cámara se defina. El fiscal y la querella pretenden que, mientras tanto, sean imputados los miembros de la patota rosarina, cuyos nombres fueron aportados por la reciente declaración del represor Eduardo Costanzo.
Los querellantes y la fiscalía consideran que el sobreseimiento de los tres policías, dictado a pocos días de las elecciones de 1983, está viciado de nulidad. Argumentan que luego del procesamiento no ocurrió nada que justifique el sobreseimiento. Y sostienen que en los últimos dos años se incorporaron pruebas valiosas tales como los datos provenientes de los archivos desclasificados en Estado Unidos. En esos documentos fuentes de Inteligencia militar refieren que el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi no pudo haber ocurrido sin conocimiento de las fuerzas del Ejército, y relatan las presiones ejercidas por el Ministerio del Interior sobre la Justicia para que la causa terminara con un sobreseimiento o pasara al ámbito militar. Otro elemento de valor son los informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) sobre los seguimientos al juez y a los testigos, y un pedido de informes sobre Pereyra Rossi que Contrainteligencia hace a la Dipba pocos días antes del asesinato.
El sobreseimiento cuestionado se transformó en definitivo el 23 de diciembre de 1986, el mismo día que nació la Ley de Punto Final. El secuestro se había producido en medio de la denuncia de Raúl Alfonsín sobre el pacto militar-sindical y del Documento Final sobre los desaparecidos que emitió la Junta. La embajada de Estados Unidos tomó nota de que la exoneración de Patti y sus agentes fue moneda de cambio en la interna militar, y en ese sentido el giro del juez Marchetti descomprimió la situación. Por eso Ana Oberlin, abogada de las hermanas Cambiaso, argumentó que “una investigación llevada adelante por la Justicia de facto, y una pretendida autoridad de cosa juzgada, en el contexto histórico-político mencionado, y con las falencias detalladas, no pueden prevalecer por sobre el derecho de las víctimas y la sociedad en general de conocer la verdad de lo acontecido y procurar el castigo de los responsables de los hechos y de su encubrimiento”.
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