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Quien no fue mujer ni trabajador
piensa que el de ayer
fue un tiempo mejor
y al compás de la nostalgia
hoy bailamos por error.
María Elena Walsh
Orquesta de señoritas
Como en tantas comedias románticas de Hollywood, ambos esperarán que el otro llame por teléfono. Las entidades agropecuarias creen que forzarán ese escenario merced a su medida de fuerza y que impondrán una suerte de cerco político con gobernadores e intendentes. Especulan también con infligir un daño severo a “la caja del Gobierno”, que así llaman al fisco nacional. Algunos de sus emergentes, los verdaderos líderes de las decisiones tácticas, tabulan acentuar la lesividad de los cortes que por ahora son menos de los esperados y poco masivos.
El Gobierno aduce sorpresa y desazón. La negociación estaba encaminada, según su ver. La “Agenda para el sector agroalimentario y agroindustrial” incluía “analizar las condiciones de funcionamiento de los mercados a término”, un eufemismo para poner en cuestión la escala superior de las retenciones móviles. Nadie lo dice en voz alta pero la renuncia de Martín Lousteau abría una brecha de oportunidad para convertir ese punto (y al propio ex ministro) en pato de la boda o, para ser más aproximativos, de la tenue reconciliación.
Es imposible reconstruir con probidad una reunión entre cuatro paredes, máxime cuando se trata de una tensa cinchada por intereses tangibles y faltan testigos imparciales. Con esta prevención, se consigna que sí se ha probado la existencia del documento mencionado. Y cuesta creer (“duele creer”, como decía algún personaje de Jorge Luis Borges) que el Gobierno ofreció mochar las retenciones móviles en pocas horas, diríase de parado. Por lo bajo, dirigentes de la Sociedad Rural reconocen que Eduardo Buzzi extrapoló esa inferencia exorbitante al terminar su encuentro con Alberto Fernández.
También es ridículo pensar que el jefe de Gabinete de cualquier gobierno medianamente verticalizado, ni qué decir de una administración kirchnerista, se hubiera mandado por su cuenta con un documento bastante estructurado sin haberlo conversado con la presidenta y con Néstor Kirchner. Cuentan en Palacio, verosímilmente, que las ocho páginas que se llevaron los dirigentes de las corporaciones agropecuarias reconocían un antecedente lleno de tachaduras, producto de dos largas tenidas de Alberto Fernández con ambos.
La estupefacción del Gobierno suena genuina pero computa poco los ripios que introdujo en los tramos previos. Algunos fueron deliberados, como las irrupciones torpes y sobreactuadas de Mario Guillermo Moreno. Otros, quizá, no: la lentitud e imperfección en la implementación de medidas pactadas que bien pueden deberse a severos déficits de gestión, que la contraparte puede leer de otro modo.
En cualquier caso, la mesa quedó vacía por ocho días, tras los cuales es de esperar una nueva ronda de tratativas, situada en un punto similar al que se congeló en esta semana. La brega prosigue por otros medios, incluidos los medios.
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Cartesianos, abstenerse: El lector que piense la escalada de decisiones sólo en términos de
racional choice y en función del discurso de las entidades estará (supone el cronista) en un brete insalvable. Parte del engorro es que las entidades, por razones variadas, no podían sentar las bases de un acuerdo el miércoles sin enfrentarse con el repudio de los autoconvocados.
Las permanentes sobreactuaciones en vivo de Alfredo De Angeli, el Juan Carlos Blumberg que vino del interior profundo, arrastran a la cúpula de la Federación Agraria (FA). La conducción chacarera minimiza su peso institucional (“en las elecciones le ganamos ocho a uno”) pero ha resuelto no despegarse de un referente cuyo discurso individualista se da de patadas con las invocaciones de Eduardo Buzzi. Despotrican contra el piquetero massmediático (también puede suprimirse una “s”), arrojan sospechas acerca de sus designios o sobre quién eroga el costo de su capacidad “ambulatoria” pero luego le van al pie.
No es un caso aislado, aunque sí el más flagrante. La mélange ideológica de los productores no traba su monolítica unidad en la acción pero sí se trasunta en sus presentaciones públicas. Ayer, en Gualeguaychú, Buzzi elogió la política de Evo Morales sin percatarse de las homologías que hay entre sus aliados de la Sociedad Rural y de CRA con la rosca que le hace la vida imposible al presidente boliviano. También invocó la existencia de una “pueblada” sin anotar que (en una situación obviamente dinámica que podría cambiar más adelante) es apoyada mayoritariamente por sujetos de carne y hueso que integran el primer decil de la población tanto si se los evalúa por el valor de los patrimonios cuanto si se lo hace por su nivel de ingresos.
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Letra chica: La desmesura retórica omite ciertos detalles del tratamiento de la letra chica que tienen su miga. El mismo día de la ruptura la dirigencia rural se entrevistó con la presidenta del Banco Nación Mercedes Marcó del Pont. Obtuvieron una pitanza que ha sido clásica en la tierra de los ganados y las mieses para pocos: un fideicomiso que licua sus deudas a valores “históricos”, o sea, irrisorios. Además, las acreencias se derivarían a las provincias concretando un pagadios encubierto para un puñado de deudores. Otros emprendedores, parejamente honorables y desventurados, se la verán más canutas en situaciones similares.
También hubo ofertas de créditos blandos, a tasas de interés bajas para el momento, destinadas a actividades encomiadas en las tribunas, por ser alternativas a la soja. Los dirigentes, proclamados paladines de la “desojización”, rechazaron provisoriamente el envite hasta tanto se bajaran las “retenciones a la soja”. La esquizofrenia también pone su granito de arena a favor de la impasse. La narrativa los soslaya porque es difícil emparentar las invocaciones al bien común con la tramitación de privilegios como sujetos de crédito.
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La bandera, la cruz, el campo: Por si no se entendió: el cronista no revista entre quienes identifican al “campo” como la sacrosanta síntesis de virtudes republicanas y morales. El apego al trabajo es una virtud, felizmente, muy propagada entre los argentinos. Quienes trabajan “de sol a sol” laborando la tierra no son más dignos que quienes lo hacen en peores condiciones, también con gigantesca carga horaria y, usualmente, con peores ingresos. Hay demasiados ciudadanos que ni siquiera acceden a trabajo decente y hasta abundan los que estarían dispuestos a dejarse explotar por mala paga, como es costumbre dominante en “el campo”.
Su escala de valores, como todas, es controvertible. Mario Llambías, el dirigente ideológicamente más claro entre los cuatro “conductores” de la revuelta, es un cuadro típico de la derecha argentina. Es simple en sus razonamientos, tiene poca formación cultural y acude a tópicos identitarios de libro. Suya fue la moción de valerse de la escarapela en una puja sectorial. La moción de hacer una “peregrinación multitudinaria a Luján para que Dios otorgue a nuestros gobernantes la sabiduría que hoy no se advierte” también brotó de ese sector de la Mesa de Enlace. Un editorial de La Nación de ayer la celebró, previsiblemente. La iniciativa no expresa cómo deberán peticionar quienes profesan otros credos o no son creyentes.
Si se plasma ese nuevo modo de hacer política republicana, será pintoresco saber si la FA puede introducir una oración de apoyo a Evo Morales, entre tantas plegarias por la restauración.
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El arte de discurrir: “El campo” no se corresponde con su autorretrato ni con las apologías banales que cosecha aquí y acullá. Su propuesta tiene un solo núcleo serio convergente, que es la defensa de sus intereses. Lo demás es follaje, a veces camuflaje. Esa pintura, que al cronista le parece racional en vez de mítica, no le da al Gobierno la razón automática en todo lo que se debate.
Un gobierno democrático en un sistema capitalista debe convivir con burguesías de todo pelaje, casi ninguna se caracteriza por su altruismo o su vocación por el bienestar del conjunto social. Los productores rurales, argentinos o de otras comarcas, no son la excepción, más bien al contrario. Pero son parte de la ciudadanía y un actor relevante en la economía. Así las cosas, tienen derecho a reclamar por lo que consideran sus derechos, a ser contenidos (en cualquier acepción del término) por la acción oficial.
La “agenda” que predispuso el Gobierno es una confesión tácita de que está en mora en muchos temas. El primer ítem –”una Mesa de Seguimiento para el análisis de las políticas y monitoreo sectorial con articulación pública privada” (todo sic, incluidas las mayúsculas– espeja una vieja deficiencia del Gobierno. Le ha faltado, genéticamente, diálogo, concertación y aun la buena costumbre de discurrir los problemas con los sujetos sociales y económicos. Ese diálogo no se da, como algunos proponen en estas jornadas farragosas, en situación de igualdad: el Estado, encarnado en el Gobierno votado por el pueblo, no se equipara con las corporaciones. El Gobierno debe poner dique y coto a las demasías sectoriales y contemplar la complejidad de la trama de intereses en juego. Pero el ejercicio de la convivencia y la negociación, con los más cercanos y con los más distantes, es un requerimiento de su buena praxis.
Los catorce puntos de la agenda recogen entredichos que se negaron, se ignoraron o se empezaron a gestionar y quedaron interruptus. Y el clima general agrega, a la sórdida lucha por el excedente, un condimento de enconos que podrían haberse disipado con mejor muñeca, más parla, menos centralismo en las decisiones, con funcionarios capaces (e investidos de autoridad por sus superiores) en instancias medias.
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Recuerdos de provincia: La relación con los gobernadores, también mandatarios consagrados por el voto, es un aspecto significativo dentro de la tendencia mencionada recién. Hay, endémicamente, poca comunicación con ellos. La ley de coparticipación federal es difícil de consensuar y votar pero es inadmisible que no se haga ningún esfuerzo para cumplir esa manda constitucional, demorada durante más de una década.
En la crisis actual el Gobierno cometió al menos dos errores con los gobernadores de las provincias concernidas. El primero fue no consultarlos sobre la potencial repercusión de las medidas. El segundo, comentado informalmente por varios gobernadores, es no haber pensado que quienes pagarían costos por la reacción debían tener recursos (leáse recur$o$) para paliarla y convivir con los productores.
Las entidades agropecuarias buscan meter una cuña entre el gobierno nacional y los provinciales. O, para ser precisos, acentuarla. Las respuestas coyunturales pueden variar, en función de las pertenencias políticas de los gobernadores. Pero el problema que señalan, en provecho propio, las corporaciones es una rémora sistémica. Los gobernadores que ya concedieron audiencias para mañana y el jueves (Juan Schiaretti y Hermes Binner) seguramente serán amigables con el campo pero le señalarán la inconveniencia de su protesta, que compromete la paz social y perjudica a terceros. Alberto Fernández habló con Schiaretti, quien le explicó que ésa será su posición: reanudar el diálogo y acotar los piquetes. Su planteo es puro sentido común de gobernante, sería muy creíble si no brotara de los labios de Schiaretti, cuya trayectoria obliga a desconfiar de su palabra.
Empacado en hábitos de hostilidad con quienes no piensan igual, el Gobierno no dialogó aún con Binner, un hombre de proverbial templanza y gestualidad constructiva hacia el oficialismo nacional que no integra.
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Acuerdo para acordar: “Será un acuerdo para acordar” describe un integrante del Gabinete. Habla del Acuerdo del Bicentenario, en el que el Gobierno sigue trabajando, a su modo radial. La intención es presentarlo el 25 de mayo, con el “campo” o sinmigo. Las precisiones no abundan, sí las descripciones generales. Se tratará de objetivos generales, “metas” consensuados con corporaciones y organizaciones de la sociedad civil. “Un piso” acordado para ir elaborando instrumentos que deberían ir trabajando y discurriendo entre el sector público y el privado. La enunciación, aun genérica, revela que el Gobierno registró parte de sus déficits sea que los considere previos (como el cronista) o que los advierta para la etapa que adviene (lo que calza mejor con su autoestima, siempre elevada): la construcción del mediano plazo, la articulación con sectores de la sociedad. Para poder avanzar en ese proyecto en germen, debería repasar si cuenta con elencos capaces y si su manual de estilo se compadece con el desafío.
La presentación, aseguran al cronista en Palacio, no se ceñirá sólo a las metas generales. Incluirá un primer paquete de medidas congruentes con ellas. Versarán sobre todas las áreas, se preparan en todos los ministerios que tienen poca comunicación horizontal. Algunas acciones serían normas que están en carpeta desde hace un ratazo, como la ley de accidentes de trabajo. Otras incluirán previsiones presupuestarias a futuro, como la asignación ascendente para el área de Ciencia y Técnica, de un modo semejante a lo que se hizo con la Educación durante el gobierno de Néstor Kirchner. También se pondrá sobre el papel una serie de obras públicas a construir, lo que dará una nueva chance para el acopio de críticas por el tren bala.
Dirigentes empresarios del área industrial, sondeados a sobrevuelo por el cronista, se mostraron implicados en el proyecto. También resienten que no se dirima antes el conflicto con el campo. Y agregan de su coleto una explicación parcial para la crisis, que el cronista también recibió de la cúpula del Gobierno: la dirigencia “del campo” no tiene costumbre cotidiana de negociar. Su realidad es un conjunto de hechos consumados y relaciones de fuerza muy cristalizadas hacia arriba y hacia abajo. Ajá.
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La tormenta imperfecta: Representantes de miles de campesinos se reunieron con la Presidenta, criticaron al “paro” y patentizaron que el sustantivo “el campo” encubre muchas exclusiones. Sin ir más lejos, la agenda predispuesta por el Gobierno propone como metas “la formalización tributaria y laboral del sector” y “el mejoramiento de las condiciones del trabajador rural”. Los directivos de las cuatro entidades fatigaron la tevé y las radios en estos días, no se mostraron interesados en evaluar esos objetivos. Tampoco en hacerse cargo de los desmanes cometidos en los piquetes, que imputan a “la bronca” de sus dirigidos. Esa bronca (una sensación individual basada en premisas egoístas) es autoexculpatoria, pertenecer tiene sus privilegios.
Las entidades arman cadenas de correos enviando una propaganda derechosa y banal. Nada de ilícito hay en eso, más allá del buen gusto. En paralelo llegan correos golpistas y serviciales (de inteligencia) anunciando catástrofes económicas y aun la reimplantación del corralito. Puede ser deliberado, pueden ser acciones paralelas. Lo cierto es que hay sinergia entre esas movidas, coincidencia en la designación del adversario, en la demonización del Gobierno, en cierto vocabulario. En cualquier caso, todo aquel que sale al espacio público es (siquiera parcialmente) responsable por los fenómenos que desencadena, sean las ilegalidades de las bases sublevadas o de los aliados golpistas.
El Gobierno, que asegura estar en disposición para cerrar un acuerdo, no debería encerrarse en broncas propias de una negociación mal parida. Ni hacer un caso de las artimañas de la contraparte. Si las medidas eran consistentes con el interés general, los funcionarios deben reaccionar como profesionales y no como particulares enfadados.
La coyuntura nacional parece más congruente con el Acuerdo del Bicentenario que con el conflicto que copa la atención, afecta la gobernabilidad y resiente (cuando menos) las expectativas económicas individuales y gregarias. Pasar de pantalla es una necesidad colectiva.
Como en los films de Hollywood, para los protagonistas es un mundo quién llama por teléfono. Para los demás (que en este caso son mucho más que espectadores), lo esencial es el desenlace.
Y ojo, que no todas las comedias de Hollywood tienen final feliz.
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