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La causa que investiga el intento de hackeo a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, hasta hoy a cargo del juez federal Sergio Torres, podría pasar en los próximos días a manos de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro. La magistrada confirmó ayer a Página/12 que le solicitó el expediente a Torres por su conexidad con una investigación sobre hackeos a cuentas de funcionarios del Gobierno, miembros del Poder Judicial y particulares que instruye desde hace más de un año.
El lunes el máximo tribunal denunció a través de su director de Informática, Alfredo Caoira, un posible “delito de acción pública”, ya que no existe en el Código Penal una tipificación taxativa de delitos informáticos. Adjuntaron notas de prensa que describen la saga de supuestos espionajes a funcionarios. Hace dos semanas, Lorenzetti recibió confirmación de Telmex, empresa proveedora del acceso a Internet. “Otro usuario” que no identificaba había intentado robarle información. Anteanoche, el presidente de la Corte habría estado en la residencia de Olivos.
Tras tomar conocimiento en forma extraoficial sobre el posible vínculo con el caso de Iván Germán Velázquez, un ex agente que hasta hace poco más de un mes integraba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el magistrado recibió una extraña carta vía mail en la cual el propio Velázquez, a modo de “descargo psicológico”, le explicaba que era víctima de “operaciones” y “campañas de desprestigio”. El paso siguiente de Velázquez y Pablo Carpintero, su compañero hasta hace menos de un mes en la PSA, fue conceder una entrevista a un semanario desde Montevideo, Uruguay, en la cual desmintieron cualquier vínculo con el caso Lorenzetti.
Tras consultar a los demás miembros de la Corte, su presidente dio el visto bueno para presentar la denuncia, que recayó en Torres y en la fiscalía de Guillermo Marijuán. La presentación alertó a los magistrados de San Isidro: “En mi juzgado tramita desde el año pasado una causa vinculada con una maniobra de hackeo informático en la que aparecen mencionadas varias personas, entre ellos algunos de los que según las notas de prensa serían posibles responsables del ha-ckeo al doctor Lorenzetti”, relató a Página/12, anoche, la jueza Arroyo Salgado.
El origen de la investigación se remonta a la aparición hace un año y medio de publicaciones de correspondencia privada en un sitio de Internet. Por ese medio se difundieron correos electrónicos del ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, del entonces ministro de Defensa José Pampuro y del ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, entre otros.
“En el marco de esa investigación, el fiscal federal 2 de San Isidro, doctor (Alberto Adrián) Gentili, me solicitó que pida al juez Torres su inhibición porque existe conexidad subjetiva respecto de los posibles responsables, y objetiva, porque sería un hecho aislado más de esta compleja maniobra de hackeo”, agregó.
–¿A quiénes pertenecían las computadoras hackeadas en la causa que usted investiga?
–A funcionarios del Gobierno, judiciales y particulares.
–¿Hay algún procesado?
–Más información no puedo dar, pero se trata de eso, de una maniobra semejante, pero en una causa mucho más amplia y compleja. El fiscal Gentili consideró que había conexidad subjetiva y objetiva, yo coincidí y pedí la inhibitoria al juez Torres.
–¿Tiene algún plazo Torres para responder?
–No.
–¿Tiene que pedirle opinión al fiscal?
–Entiendo que sí, al fiscal Marijuán.
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