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Aunque Eduardo Buzzi no lo sepa, la “pueblada agraria” que postula como forma de cambiar “el modelo de país” es un nuevo intento de las clases dominantes por articular sus intereses en un partido que los represente por medios políticos dentro de la competencia electoral. No es una ilusión novedosa en la Federación Agraria. Antes que Buzzi y que Alfredo De Angeli lo intentó el líder histórico chacarero, Esteban Piacenza, quien viajó a Italia para encontrarse con Mussolini e intentó reproducir en Buenos Aires la Marcha sobre Roma, hasta que en 1933 fue confinado en Gualeguaychú. Por supuesto, si tuvieran éxito en su tentativa de torcerle el brazo al gobierno, el programa resultante no sería el de las nacionalizaciones de Evo Morales, que Buzzi exalta sentado a la misma mesa de Luciano Miguens y Mario Llambías, quienes lo consideran un simpático Tío Tom. Ese déficit de representación política de casi un siglo constituye una singularidad argentina, en contraste con los partidos fuertes y competitivos que sí supieron crear las burguesías de Brasil, Uruguay o Chile, donde también hay izquierdas capaces de disputar el poder.
Bajo el impacto de la contestación social en los años previos al primer Centenario, la clase que organizó la Nación e insertó su economía con éxito en el mercado mundial abandonó las reformas liberales y se reconcilió con la Iglesia Católica, con cuyo discurso sobre las jerarquías inmutables del orden natural convirtió a las Fuerzas Armadas en Partido Militar, que hiciera la tarea de tomar el poder para ellos. La cara nacionalista y la cara liberal de ese Jano sembrador, dios de los comienzos y de los finales, imperaron desde el golpe exitoso de Uriburu hasta el fallido de Seineldín, pero no tienen viabilidad hoy. En su lugar se insinúa “un clima destituyente”, según la expresión de la carta abierta difundida esta semana por más de 750 intelectuales y artistas*. Su texto dice que el de
safío planteado a un gobierno democrático que intenta, mediante estrategias de intervención en la economía, algunas reformas en la distribución de la renta, no constituye una forma abierta de golpismo, pero es inocultable su desprecio por la legitimidad obtenida en el proceso político y plantea una prueba de fuerza externa al marco institucional. Una mañana reciente, cuando subía hasta su despacho en el ascensor que la Infanta Isabel le regaló a la Nación Argentina para los fastos de 1910, la presidente CFK pensó en algunas diferencias entre aquel Centenario y el próximo. Entonces, las masas de obreros y artesanos se movilizaban por sus miserables condiciones de vida y su falta de derechos civiles y políticos; el gobierno oligárquico de Figueroa Alcorta declaraba el estado de sitio y policías y militares lo aplicaban con violencia. El festejo del Bicentenario se prepara sin estado de sitio ni represión y los protagonistas del reclamo militan en los primeros deciles beneficiarios de la distribución del ingreso, dispuestos para acrecentar su parte, a desconocer los títulos democráticos de un gobierno recién electo. Entre uno y otro Centenario, la experiencia peronista hiende el siglo e impregna la memoria social, más en profundidad de lo que sugeriría el fantasma desvaído a que hoy se reduce su expresión partidaria.
El gobierno de Cristina parece más frágil que el de Néstor Kirchner a esta misma altura de su mandato. ¿Pero de verdad lo es? Ni la marcha de la economía ni la situación social ni el marco institucional son comparables. Lo que se ha replanteado es la crisis política.
Durante los 55 meses de la vertiginosa presidencia de Kirchner se instaló la idea de un gobierno fuerte, autoritario, hegemónico, que acumuló tanto poder como reservas monetarias. Esta imagen fue una ficción conveniente a todas las partes. Básicamente débil, resultante de la inundación devaluatoria sobre la tierra reseca de la convertibilidad, ese gobierno disputó su derecho a existir día a día. Su estabilidad dependió siempre del ritmo de avance y del equilibrio que fuera capaz de mantener sobre una capa de hielo fino. Debajo seguían los demonios de la crisis que en 2001 desbarató el sistema político. El impresionante crecimiento del Producto Interno, la rentabilidad extraordinaria de las mayores empresas, la recuperación sostenida del empleo y del salario sirvieron para calmarlos, pero sólo mientras el capital más concentrado consintió la política redistributiva que Kirchner planteó desde el comienzo. Tanto la inflación como la obstinada resistencia al incremento de las retenciones son expresión del cambio de etapa, con una pugna por el ingreso que en pocos países es tan feroz como en la Argentina, donde la tradición nacional y popular ha sobrevivido a las bases materiales que en las tres décadas de la posguerra mundial le dieron sustento.
La confrontación sostenida desde hace nueve semanas por la Mesa de Enlace y por los actores ocultos que la respaldan requiere explicaciones. Una debe dar cuenta de la unidad inconmovible entre expresiones del gremialismo patronal con historias diferentes y, se creía al comienzo, intereses contradictorios. No por casualidad el punto inmodificable por el que se lanza uno y otro ultimátum a las pacientes autoridades son las retenciones a la venta de soja. El 95 por ciento se destina a la exportación, lo cual independiza a toda la cadena del mercado interno. La industria atravesó un proceso similar hace tres décadas, cuando la valorización financiera del capital devino el eje del proceso de acumulación en reemplazo de la substitución de importaciones. En el caso de la soja se quiebran los lazos de solidaridad entre el campo y las ciudades, a cuyos habitantes más desfavorecidos puede tomarse como rehén o sitiar por hambre, porque han pasado a ser sólo un costo y ya no un mercado a abastecer. Cuanto más grande la escarapela, mayor la vergüenza que intenta tapar. Los chacareros están globalizados desde bien temprano en el siglo pasado, porque la carne y el trigo también concurrían al mercado externo. Pero se trataba de lo que se conocía como saldos exportables luego del abastecimiento interno. Debido al incremento de los precios de la soja, el valor de los campos se ha duplicado o triplicado, en dólares y según las zonas, de modo que quien no tiene escala suficiente alquila su tierra a muy buen precio y, a diferencia de lo que ocurría hace una década, no quiebra ni se endeuda, vive de rentas con ingresos que decuplican los de un trabajador rural, los grandes excluidos del debate. Además, la banca del Estado ha acudido al rescate de quienes se hipotecaron en la década anterior y no fueron ejecutados antes de 2003. El propio Buzzi reconoce que no es el incremento de cuatro puntos en las retenciones lo que está en discusión. Aun así, la prosperidad de sus representados es superior a todo lo que conocieron en el pasado. En la última década, las transferencias de paquetes accionarios debilitaron la conducción sobre el conjunto del patronato de la oligarquía diversificada que condicionaba al Poder Ejecutivo. Bunge y Born, Bemberg, incluso Perez Companc se desprendieron de muchas tenencias y resignaron su capacidad de liderazgo. A raíz de la aparición de un proyecto político como el kirchnerista que reclama grados novedosos de autonomía (aunque no sepa sostenerlos sobre alianzas sociales consistentes) la recomposición de las bases políticas de ese sector se torna urgente, y la eterna ilusión de un partido de base agraria reaparece con fuerza. Su acta fundacional puede ponerse el próximo domingo en Rosario. Las organizaciones sociales que apoyan al gobierno deberían abrirles el paso para que concreten ese proyecto y así ayuden a delimitar mejor los campos políticos del país.
En su columna periódica en La Nación el intelectual duhaldista Abel Parentini Posse no reivindicó ahora al ex obispo castrense Antonio Baseotto, que postulaba tirar un ministro al mar, ni el golpe de 1976, como hizo al cumplirse sus treinta años. Propuso, en cambio, la creación de “una Mesa de Convergencia Republicana que sirva como gran asamblea política” e incluya a todas las fuerzas de la oposición. “La caída de prestigio y de futuro electoral del Gobierno obliga a una política de diálogo y de reconstrucción institucional urgente”, cree. Parentini perdió la virginidad electoral en 2007, cuando fue candidato a senador por la Capital en la Alianza UNA, que postulaba a Lavagna para presidente. Salió sexto, con el 3,7 por ciento de los votos. Su mesa de republicanos sin votos anhela una transfusión de la sangre agreste de los Buzzi y los De Angeli, y de buen grado la retribuiría con un generoso aporte de sus brillantes ideas. Unos ponen el cuerpo y los otros la mente.
Como jactanciosos intelectuales, los firmantes de la Carta Abierta tienen muchas dudas, pero también algunas certezas. Señalan que los modos de construcción política del gobierno no siempre son felices, que faltan mediaciones imprescindibles, sobran las soledades enunciativas y demasiadas políticas son definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Como “una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos” es preciso “desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar”. Creen indispensable señalar los límites y retrasos del gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero apoyan su responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones “como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico”. También saben que los protagonistas del desafío buscan “limitar y domesticar” a la democracia, con argumentos similares a los que acompañaron los golpes de Estado históricos; que no sólo cuestionan el derecho que le asiste a un gobierno recién electo de aplicar los programas de acción que la mayoría votó, sino también impugnan “la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos”; que la batalla cultural que los medios masivos de comunicación más concentrados plantearon por la mera existencia de un inocente observatorio de medios tiene su correlato en el Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, porque cuestionan algunas políticas de Estados Unidos.
Es llamativa la coincidencia cronológica entre el reto político de los patrones rústicos y el avance de las investigaciones judiciales hacia los socios civiles de la represión dictatorial, como el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires, James Smart. La noche de marzo en que los caceroleros porteños salieron a las calles, en la Plaza de Mayo los aguardaba Cecilia Pando de Mercado y las mismas cadenas de mails que canalizan sus reivindicaciones alimentaron la ola de rumores sobre una crisis económica que precedería al colapso político. Desde aquella imprudente exhibición de la activista castrense que considera presos políticos a los detenidos por crímenes contra la humanidad, el movimiento se impuso mayor sigilo ya que el apoyo a la dictadura dista de ser la motivación consciente de todos quienes se manifiestan en las calles de algunos barrios porteños. Entre ellos hay quienes consideran el tren bala un disparate ofensivo, la destrucción del Indec un acto retrógrado y las batallas entre sindicalistas una amenaza, y que de ninguna manera adhieren al credo conservador o prodictatorial. Por eso la eficacia de la movida desestabilizadora depende de su enmascaramiento, cuanto más celeste y blanco mejor. Un ejemplo es el editorial de La Nación del domingo 11, titulado “El ocaso del dedo acusador”. Allí enumeró la posición oficial “contra la gente de campo y contra la jerarquía de la Iglesia, contra el periodismo independiente” y “contra instituciones en cuya preservación el interés del Estado debería prevalecer por encima del de otros”. ¿Hace falta nombrar a qué instituciones se refiere el diario que dedica no menos de un editorial mensual a considerarlas perseguidas por un afán de venganza?
Más allá del conflicto con los patrones rurales el discurso presidencial en el acto de Almagro tuvo un fuerte contenido político. Primero declaró qué rescataba del reorganizado justicialismo: un joven que nació en la ESMA, hijo de desaparecidos; el secretario general de la CGT, que habló en nombre de los trabajadores; un gobernador joven, que no arrastra la carga del pasado. Pero luego encomió a los movimientos sociales y a otros partidos políticos del campo nacional y popular y dijo que la tarea del nuevo Consejo Nacional partidario debía ser la convocatoria “a la concertación plural” a “miles y miles de argentinos” no justicialistas. Pero eso contradice el empecinamiento de la misma presidente en negar la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos, el más representativo de los movimientos sociales y gremiales excluido del universo oficial, sin el cual será muy difícil concretar la distribución del ingreso. Mientras el ex alcalde porteño Aníbal Ibarra opina que el gobierno debería “ceder con las retenciones” y que la futura ley de servicios audiovisuales no es oportuna porque “parece que la única finalidad es torcerle el brazo a Clarín”, el intendente de Morón Martín Sabbatella medita sobre la dificultad de conciliar la tradición nacional y popular que cruza la historia moderna del país, con los valores del progresismo liberal. “Para nosotros el kirchnerismo fijó en estos años un piso alto. Lo que objetamos es que también haya puesto un techo bajo: no se profundiza la distribución del ingreso mediante una reforma tributaria, no se abren canales de participación y se insiste en algunas alianzas inaceptables con ciertos intendentes del conurbano. Pero ante el desafío oligárquico sabemos cuál es nuestro lugar. Queremos levantar el techo, nunca bajar el piso, construir una alternativa postkirchnerista después de un gobierno exitoso, no contribuir a su fracaso.”
* Uno de los firmantes es el autor de esta nota.
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