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Los tiempos parlamentarios volvieron a poner en apuros al Congreso. Contrarreloj, la Cámara de Diputados tratará esta semana de transformar en ley el proyecto de subrogancia de jueces federales y nacionales de primera y segunda instancia, apenas unos días antes de que caduque el plazo de un año impuesto por la Corte Suprema de Justicia. Si el esfuerzo oficialista de última hora no prospera, unos 200 juzgados quedarían acéfalos. En tanto, la Cámara alta debe aún ratificar el proyecto del Gobierno –-aprobado por Diputados– que facilita la integración de Tribunales Orales en lo Criminal Federal. Ambas iniciativas apuntan a cubrir interinamente los asientos vacantes de los magistrados por recusación, excusación o licencia en la instancia oral, pero por ahora cada una corre por separado: lo que obligaría al oficialismo a optar por alguno de los dos proyectos para que las normativas no terminen enfrentándose y demorando el trámite. El 23 de mayo de 2007 –a través del caso Rozas– los jueces de la Corte declararon inconstitucional que el Consejo de la Magistratura designe los magistrados subrogantes del fuero federal con jueces que no fueron nombrados por el Ejecutivo ni tienen el acuerdo del Senado. Allí la Corte fijó el plazo de un año para que el Congreso resolviera el tema.
La proximidad del vencimiento y el apuro por cumplir con los plazos establecidos le jugó una mala pasada al oficialismo. El pasado martes 7 los diputados dieron vía libre a una serie de proyectos impulsados por el Gobierno para “agilizar” las causas judiciales, en especial las vinculadas con los derechos humanos. Entre ellos, el que facilita la integración de los tribunales orales en lo Criminal Federal “de todo el país” para no demorar más las sentencias.
En el debate, varios legisladores de oposición avisaron que un proyecto similar avanzaba en el Senado y hasta propusieron modificaciones –que el kirchnerismo excepcionalmente aceptó– para orientarlo en el mismo sentido, esquivando superposiciones. Una semana después, el Senado aprobó el proyecto de Nicolás Fernández –respaldado por su jefe de bancada, Miguel Angel Pichetto– que establece el sistema de subrogancia para los jueces federales y nacionales de primera y segunda instancia, pero también incluye a “los tribunales orales en lo criminal, penal económico y de menores con asiento en la Capital”. Lo que generaría dos sistemas diferentes para designar jueces subrogantes, al menos, en los tribunales porteños.
La situación obligará al oficialismo a revisar los proyectos o hacer modificaciones para que no se encimen. Esto debería suceder antes de que venza el plazo que terminaría con las funciones de unos 200 jueces subrogantes. El kirchnerismo considera que el plazo debe computarse como “días hábiles”, lo que le daría margen para “emprolijar” los proyectos. Algunos, además, especulan con que la Corte podría conceder una prórroga.
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