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El Senado convirtió en leyes un paquete de proyectos impulsado desde el Gobierno para “acelerar” las causas penales vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entre ellos, la creación de un Fondo de Recompensas para “incentivar” el aporte de datos para la captura de los represores prófugos en causas por crímenes de lesa humanidad y que apunta a “quebrar el silencio y la complicidad con los genocidas”. Otra de las leyes sancionadas crea en el Ministerio de Justicia una “unidad especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia”. El conjunto de iniciativas también incluyó modificaciones al Código Procesal Penal y la creación de una nueva Cámara de Casación en los tribunales porteños. La oposición no acompañó las medidas “por la falta de debate previo” y cuestionó duramente el sistema de recompensas y la “violación” a la autonomía de la ciudad.
El oficialismo tuvo que invertir más esfuerzo en justificar el tratamiento del paquete de medidas sobre tablas que en explayarse sobre cada uno de ellos. El jefe de la bancada K, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que las leyes apuntan “a agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos y de delitos comunes”. Pidió el acompañamiento de las iniciativas por la “urgencia” que exigen los temas. Antes, el oficialismo había garantizado la masiva presencia de sus senadores.
El bloque radical votó en contra del tratamiento sobre tablas. “El Senado debe recuperar su función y debatir a fondo los proyectos. No es posible que de un día para el otro tengamos que aprobar las iniciativas del Gobierno sin debate. El Congreso no puede ser una escribanía del kirchnerismo”, remarcó el jujeño Gerardo Morales.
“Es necesario establecer normas serias –insistió– que las discutamos profundamente para terminar los juicios por delitos de lesa humanidad. Nuestra propuesta es la de una profunda modificación al Código Procesal Penal, que evitará el colapso de más de mil causas en los juzgados federales.”
La porteña María Eugenia Estenssoro (CC) fue de las más duras: “Se mezclan peras y manzanas. Se va desde la creación de una Cámara de Casación en la Justicia porteña, en contra de la Constitución y la autonomía de la ciudad. Tampoco estamos de acuerdo con un régimen de recompensas en delitos de lesa humanidad, como si se tratara de crímenes comunes: no les podemos pagar a torturadores y cómplices para que delaten a sus pares. Para romper el pacto de silencio de los represores, el Gobierno aplica la obediencia debida a sus legisladores”.
Para el socialista Rubén Giustiniani, “el fin no justifica cualquier medio. No es correcto mercantilizar la obligación que cada ciudadano tiene en proveer información a la Justicia. Con este criterio se puede llegar a recompensar a integrantes de las fuerzas de seguridad, cómplices del silencio de más de 20 años”, dijo. “Las recompensas no solucionan nada. El tema no es económico, sino de seguridad. Para que avancen las causas sobre violaciones a los derechos humanos se debe brindar a los testigos un sistema de protección adecuado para que no vuelva a pasar lo de Julio López”, definió el arista fueguino José Martínez. Los cuestionamientos no alcanzaron para que el oficialismo admitiera revisión de los proyectos.
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