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El ex jefe de Franquicias de la Cancillería Jorge Matas fue procesado ayer con prisión preventiva por el delito de contrabando agravado. En concreto, el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo le imputa haber autorizado el ingreso de once supercamionetas Hummer, un vehículo de circulación prohibida en la Argentina e inadecuado para el uso de diplomáticos. Esas camionetas supuestamente fueron transferidas a particulares por los diplomáticos que las trajeron, por lo que todo el trámite –según el juez– era una maniobra para no pagar los impuestos correspondientes. A Matas se le concedió la prisión domiciliaria, debido a complicaciones en su salud, aunque es previsible que la Sala A de la Cámara de Apelaciones revoque su detención porque tiene el criterio de que los imputados pueden esperar sus juicios en libertad.
Junto con el procesamiento y la prisión preventiva, Brugo le impuso a Matas un embargo de casi 14 millones de pesos. El abogado del funcionario, Diego Pirota, presentó un escrito pidiendo la prisión domiciliaria ya que Matas fue sometido a operaciones del corazón y tiene prescriptos 25 medicamentos por día. La situación fue verificada por los médicos forenses y eso motivó que también la fiscal María Luz Rivas Diez se pronunciara a favor de conceder la prisión domiciliaria.
El procesamiento se basa en que Matas concedió franquicias para once camionetas Hummer de un total de 19 por las que estaba siendo investigado. Lo que sucede es que en los otros ocho casos, el funcionario alegó que la firma en los formularios no es suya, sino que fue falsificada. Por ese motivo, Matas hizo una prueba de escritura y los peritos calígrafos deberán dictaminar si aquellas firmas son de Matas o no.
El juez no sólo sostiene que la maniobra de las franquicias consistió en ingresar las Hummer al país sin pagar las tasas correspondientes, sino que después se autorizó la transferencia de los vehículos sin que hubieran pasado los nueve meses que en algunos casos establece la ley para que puedan pasar a manos de un particular. O sea para que dejen de tener chapa diplomática y lleven patente normal. “Hay una Hummer, por ejemplo, que fue bajada del barco y directamente enviada a la concesionaria para su venta y entrega. Es obvio que no venía para un diplomático”, explicó una fuente judicial.
La defensa de Matas presentará el martes la apelación y es muy posible que, al menos en lo que se refiere a la prisión preventiva, la Sala A se pronuncie por dejar en libertad al funcionario en los primeros días de junio. Es que Brugo es de los jueces que consideran que si el delito es grave –el contrabando agravado prevé una pena mínima de cuatro años de prisión– al imputado se le debe dictar la prisión preventiva, mientras que la Sala A –a diferencia de la B– suele pronunciarse por el criterio de que el imputado tiene derecho a esperar el juicio en libertad.
Respecto del fondo del caso, el abogado de Matas, Pirota, argumentará que no existe ley que prohíba otorgar franquicias para camionetas Hummer. Sí una circular diplomática, que no tiene carácter de ley. Habrá que ver qué peso tiene esa argumentación en la Cámara.
En la semana que termina, el juez Brugo estuvo a punto de dejar el expediente y asumir en un tribunal oral. Ese paso se frustró debido a una norma fijada por el Consejo de la Magistratura. Esa ida y vuelta demoró otras citaciones en la causa de los autos diplomáticos. Dos empleadas de máxima confianza del área de Franquicias, madre e hija, Marisol Rodríguez y María Cristina Santander de Rodríguez, tendrán que ir también a declarar ante el magistrado e igualmente corren peligro de quedar detenidas por el mismo delito: contrabando agravado. Ambas adujeron en un expediente que instruye el juez federal Norberto Oyarbide que sólo recibían órdenes de Matas y que no tienen ninguna responsabilidad en la maniobra. Brugo evaluará lo que digan.
Después de esas declaraciones, vendrá la del jefe de Matas, Marcelo Pujó, director de Ceremonial de la Cancillería, y luego una andanada de concesionarias de vehículos importados que comercializaron las Hummer, escribanos, intermediarios y compradores. Esas citaciones, previstas para junio, prometen hacer mucho ruido.
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