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El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, no parece estar dispuesto a avanzar demasiado en las causas sustanciadas contra dirigentes agrarios y opositores por cortes de rutas e incendio de campos. En la resolución más importante, el magistrado les dictó la falta de mérito a ocho ruralistas detenidos en San Pedro, el viernes 30 de mayo, después de que fueran denunciados por la Prefectura. Aquellas ocho detenciones produjeron una agudización del conflicto y hasta el juzgado llegaron esa noche cientos de personas.
Ahora, Villafuerte Ruzo sostiene que las filmaciones de la Prefectura no son categóricas y en los testimonios percibe contradicciones. A los máximos dirigentes del campo, como Eduardo Buzzi y Mario Llambías, así como a la radical Margarita Stolbizer y la peronista María del Carmen Alarcón, el juez los citó a indagatoria para fines de julio, es decir que enfrió la causa judicial. “El fiscal pidió las indagatorias e incluso algunos de los dirigentes del campo y la oposición pidieron declarar”, argumentaron cerca del magistrado.
Villafuerte Ruzo debía tomar una decisión ayer porque se le vencían los plazos judiciales. La cuestión más urticante era el eventual procesamiento de los ocho ruralistas detenidos el 30 de mayo, incluyendo el titular de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Vitores; su hijo Rufino y los productores agropecuarios Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini. Contra ellos, la Prefectura presentó una denuncia, acompañada de un video y varios testimonios, de que cortaban la ruta cuando se inició el procedimiento y había una quema de pastizales de unos 20 metros por 50 en un campo aledaño a la ruta.
Villafuerte afirma que las imágenes sobre el incendio provistas por la Prefectura no son nítidas y, por lo tanto, les pidió a los canales de televisión que acerquen las que tienen. Al mismo tiempo, el juez afirma que los testimonios presentados –dos testigos aportados por la Prefectura, un periodista y otros dos testigos más– son contradictorios o tienen diferencias de apreciación. A raíz de ello, el juez afirma que no tiene elementos para procesar ni sobreseer a los denunciados, razón por la cual decretó la falta de mérito. Para quienes conocen a Villafuerte y las dinámicas judiciales, la medida que tomó el juez implica poner la causa en el freezer: “Es difícil. Si no tuvo elementos para procesar hasta ahora, no los tendrá tampoco más adelante. Esto quedó acá”, sostienen en San Nicolás.
La citación de Buzzi, Llambías, Stolbizer, Alarcón y otras nueve personas Villafuerte la convocó para dentro de 40 días, todo un gesto sobre la urgencia que le da al tema. La denuncia contra los dirigentes proviene del fiscal Juan Murray, que les imputa el delito de entorpecer el normal funcionamiento del transporte, cuya pena va de los tres meses a los dos años de prisión. Los cortes en los que participaron los citados a indagatoria se produjeron en marzo. Parece cantado que Villafuerte tampoco va a procesar a ninguno de los indagados, entre otras cosas porque –según dicen– estaban en una especie de palco y no sobre la ruta.
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