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El ex comisario Alfredo Fanchiotti relató que el día previo a la masacre de Avellaneda hubo una reunión en el Ministerio de Seguridad bonaerense en la que los jefes de inteligencia fueron informados de un plan que consistía en “aplicar represión para restablecer el orden con precisión quirúrgica, para separar a los caceroleros de los piqueteros”. Lo dijo al declarar como testigo en la causa en la que se investigan las responsabilidades políticas de los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, por los que cumple prisión perpetua. “Me hicieron una cama, me abandonaron todos y me atribuyen toda la responsabilidad, estoy preso por orden directa de Eduardo Duhalde”, fue su conclusión, en tono de queja.
En su declaración, Fanchiotti habló de “infiltrados que cobraron 50 pesos” para generar caos, pero respondió con evasivas cuando le preguntaron por las llamadas que atendió aquel 26 de junio de 2002 en su teléfono celular. Más allá de los evidentes intentos del ex policía de seguir negando su rol en la matanza, ya probado en el juicio oral de 2006, a criterio de los querellantes sus dichos ratifican que “hubo órdenes políticas” y “persiste el encubrimiento”, tal como lo manifestó a PáginaI12 Claudia Ferrero, abogada de Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, luego de leer los 12 cuerpos de la causa 14215/2003, “Ruckauf y otros sobre homicidio”.
En junio de 2002 cuatro sectores duros del movimiento piquetero habían acordado cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de comida y planes sociales, y el gobierno amenazó con impedirlo. El ex canciller Carlos Ruckauf declaró que “volvería a firmar el decreto de aniquilamiento de la subversión”, como hizo con Isabel Perón en 1975. Por aquellos días, el ex jefe de la SIDE Carlos Soria mandó infiltrar un congreso piquetero en el que sus espías escucharon frases como “hay que echar a patadas a Duhalde”, que el ministro de Justicia Jorge Vanossi transformaría en la “prueba” de una denuncia por “tentativa de sedición” contra Duhalde.
Tras el asesinato de Darío y Maxi, y cuando aún resonaban los tiros de la cacería a manifestantes por Avellaneda, Duhalde responsabilizó a los propios piqueteros de haberse “matado entre sí” pero las fotos demostraron que las balas fueron de la policía, que no había ninguna inminente insurrección. Durante el juicio oral que condenó a los policías por los asesinatos, Soria afirmó que estaban frente a una “revolución” y que había que “frenarla”, al tiempo que reivindicó su informe sobre los “piqueteros sediciosos”. El cabo Alejandro Acosta, chofer de Fanchiotti, declaró que esa mañana se presentaron ante su jefe agentes de la SIDE, y que eran los mismos que aparecían cuando había cortes en el puente.
Luego de estar preso en la cárcel evangelista de Olmos, y de ser trasladado a Florencio Varela tras comprobarse sus salidas sin autorización judicial, Fanchiotti decidió ser más locuaz que durante su juicio. Sin embargo, en ninguna de las cuatro audiencias en las que declaró (28 y 30 de abril, 5 y 21 de mayo) se acordó quiénes marcaron el número de su celular el día de la masacre. Sólo dijo que creía que se trataba de amigos y parientes. El problema que tienen los investigadores es que ninguno de esos números fue reconocido por las empresas de telefonía. “Sin una investigación adecuada no se puede descartar que se trate de teléfonos no registrados, justamente con el fin de garantizar la coordinación represiva”, dijo el Frente Popular Darío Santillán.
“El responsable fue el comisario (Félix) Vega (ex jefe departamental de Lomas de Zamora), que estuvo en la reunión del 25 junio en el centro de operativos policiales del Ministerio de Seguridad en La Plata, una oficina de inteligencia multifacética de información reservada, confidencial y secreta, junto con el comisario Eduardo Beltrachi, que era director de investigaciones”, dijo Fanchiotti. El fiscal federal Miguel Osorio quiso saber si había registros de esos encuentros, a lo que el testigo respondió que, según la operatoria habitual, se elaboraba “una orden de servicio con copia al jefe seguridad y al gobernador”. Según pudo saber este diario, desde el Ministerio de Seguridad niegan tener actas de esa reunión.
Fanchiotti relató que cuando Vega volvió de esa reunión trató de sumar al operativo del 26 a su segundo, Mario Mijín, pero ese policía le dijo que “ni loco porque” porque “va a haber quilombo”, razón por la cual terminó él conduciéndolo pero sin que lo hubieran puesto al tanto del “contexto”. Mijín, denunciado como colaborador del represor Ramón Camps, apareció muerto y se dijo que fue un suicidio. Ya en plan especulativo, Fanchiotti sostuvo que Ruckauf quería perjudicar a Duhalde e interfirió en las intenciones del ex presidente de disciplinar a los piqueteros enviando infiltrados al puente. En tal sentido, aseguró que el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez le llevó al ex procurador Matías de la Cruz un video que mostraba el pago de 50 pesos a uno de los infiltrados. “Duhalde hizo inteligencia y mandó a la Prefectura, que también tiró con balas de plomo, pero el caos se produjo por un complot de la bonaerense”, declaró. Luego de recordar que también se suicidó el vendedor de diarios de la estación Avellaneda, y que “entregaron su cabeza para tranquilizar todo”, el ex policía agregó: “Salvaron a Vega, que me usó y me abandonó; yo que creía que había cumplido con mi deber, dormí con ellos en la comisaría, en la casa de los lobos”.
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