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San Martín es uno de los departamentos de Salta más comprometidos por la expansión de la frontera agraria. De las 108 comunidades indígenas que habitan la zona, 61 fueron acorraladas por la expansión de la frontera agraria adentro de empresas privadas. Y sólo 18 comunidades tienen títulos de propiedad. Los datos tomados por la Universidad Nacional de Salta son sólo una parte de un proceso que terminó hace pocas semanas con la abrupta salida de la secretaria de Medio Ambiente provincial, Catalina Buliubasich. El gobierno de Juan Manuel Urtubey le pidió la renuncia cuando detenía el avance de tres de los desmontes.
“El proceso de deforestación de los bosques nativos arrancó en los años ’70, pero en los últimos cinco años pegó el verdadero brinco”, explica Andrés Leake, autor de un informe sobre desmontes realizado por la Fundación de Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana), el brazo de acción social de esa iglesia que acompaña a las comunidades indígenas en el reclamo de las tierras.
En San Martín, por ejemplo, los desmontes se cuatriplicaron: en 2004 se autorizaron permisos para desmontar 32 mil hectáreas y en 2007, para 128 mil.
A ese ritmo, Salta se convirtió en la provincia con los índices de depredación de bosques más importantes. Pero en diciembre de 2007 ese proceso llegó a su punto extremo y es lo que en este momento está produciendo un escándalo. De acuerdo con Asociana, entre 2004 y 2008 en toda la provincia se autorizaron desmontes para 807.509 ha. Más de la mitad (435.399 ha.) se aprobaron sólo en 2007 y 197.000 ha. de ellas en los últimos dos meses del año.
El número es aún más alarmante si se considera que en esos dos meses se autorizaron más desmontes que a lo largo de todo 2006, cuando se aprobó un total de 77.612 ha. de desmonte. Para Asociana, el gobierno de Juan Carlos Romero aceleró las autorizaciones en esos meses por dos razones: el inminente recambio del mandato y la sanción en el Congreso Nacional de la Ley de Bosques, del 28 de noviembre, que iba a frenar la tala.
Con el correr de los primeros meses del año empezó una avanzada legal para reclamarle al gobierno provincial por esas autorizaciones. En especial, Asociana alentó 18 de los casos más graves. Una parte del proceso concluyó semanas atrás, cuando las comunidades lograron el apoyo de la Secretaria de Política Ambiental, cuya titular logró detener tres desmontes. Buliubasich es una antropóloga, reconocida en la academia y dedicada a la investigación de los derechos aborígenes. Urtubey le dio la dirección del área en diciembre, con el visto bueno de las organizaciones ambientales y el compromiso de revertir la política de depredación de los últimos años. “Yo volví a la universidad, y no acepté la propuesta de hacerme cargo de un nuevo espacio de coordinación de las tierras Pilcomayo –dice ahora ella. ¿Por qué?–. Hay una cuestión fundamental: ellos hablaron de desplazamiento y yo no acepto esa idea. Hay circunstancias muy complejas en mi renuncia, y está vinculada directamente con el proceso de los desmontes” (ver aparte).
Su salida en realidad comenzó antes. De octubre a noviembre de 2007, Urtubey puso a un grupo de hombres de confianza a trabajar en la “transición política” de la provincia. En la Secretaría de Política Ambiental ubicó al abogado Sergio Federico Usandivaras, que estuvo presente cuando se otorgaron los permisos que hoy se cuestionan. Además, como apoderado de El Alamo, una finca de la empresa Quebracho Colorado SA, propiedad de los hermanos texanos Paul David y David Kent Gabel, dueños de unas 30 mil ha., gestionó uno de los permisos de desmonte. La provincia se lo dio el 27 de noviembre, a horas de la sanción de la ley. Hoy Usandivaras es jefe del Departamento Jurídico de Salta. Y esas tierras son parte de uno de las tres desmontes que frenó la ex secretaria de Medio Ambiente.
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