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El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue citado a indagatoria junto con el resto de la cúpula de la Marina, en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar de Trelew. Según dispuso el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, el almirante tendrá que concurrir a los tribunales de Chubut el 14 de agosto bajo la acusación de haber comandado una red de espionaje interno, prohibido para las Fuerzas Armadas. El gobierno nacional volvió a ratificar en el cargo al militar, pese a que había separado a sus subalternos cuando fueron imputados en la misma causa.
“No lo vamos a separar. El almirante fue citado como imputado a una acción judicial donde puede ejercer su derecho de defensa. El ministerio va a aguardar todos los pasos de la causa judicial”, señaló a PáginaI12 una alta fuente del Ministerio de Defensa. Por azar, la ministra Nilda Garré compartió ayer una actividad con Godoy, pero en su entorno señalaron que no hablaron del tema.
El juez Sastre consideró que existían “motivos bastantes” para citar a toda la cúpula naval a declarar, imputados por “abuso de autoridad”. Antes de Godoy, tendrán que visitar Rawson su segundo, el vicealmirante Benito Rótolo (11 de agosto), el contraalmirante Luis De Vicenti (8 de agosto), el jefe de la base de Trelew, Miguel Fajre (6 de agosto) y el capitán de navío Carlos Ruda (el primero de ese mes).
“Los imputados deberán comparecer bajo apercibimiento de ordenar su detención”, les indicó Su Señoría en la citación. En la causa original, en la que hay otra docena de marinos imputados, los faltazos a las indagatorias tuvieron el proceso parado un año. Curiosamente, la principal acción judicial que trabó la causa original provino de Godoy, quien ordenó que la Armada se presentara para reclamar por un sistema de encriptamiento de datos. En su momento, el Gobierno pareció no reparar en ese detalle.
La causa por inteligencia en Trelew comenzó el 17 de marzo de 2006, cuando hizo una denuncia el cabo Carlos Alegre, que formó parte del equipo de inteligencia de la base, pero se negó a hacer espionaje ilegal. La Justicia allanó la base de Trelew y la de Puerto Belgrano, entre otras, y secuestró carpetas y computadoras. En ellas, encontraron fichas y documentos que demostraban que los marinos hicieron durante años seguimientos a políticos, gremialistas, periodistas, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda.
El día que se conoció la causa judicial, Garré ordenó la separación del número tres de la Armada, Eduardo Avilés, y del jefe de Inteligencia de la fuerza, Pablo Rossi. La ministra ordenó luego cerrar todas las oficinas de inteligencia de las bases navales y le encargó un sumario interno a Rótolo, uno de los actuales imputados. El cabo Alegre contó en un reportaje a PáginaI12 cómo había manejado esa investigación el vicejefe de la Armada. Relató que Rótolo y Fajre le recriminaron que se hubiera presentado en la causa y le dijeron: “Por tu culpa, la Marina se está hundiendo”. El Gobierno respaldó a Godoy mientras decía en defensa propia: “Fue un hecho aislado”.
Este diario informó hace tres semanas que el CELS hizo una nueva presentación en la causa en la que pidió que se imputara a Godoy y al resto de la cúpula de la Marina. En ese momento, el Gobierno volvió a ratificar a Godoy en el cargo.
El CELS indicó que Godoy había firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN), edición 2005, en el que aparecían dos objetivos de espionaje que permitían hacer tareas de inteligencia interna: uno era el concepto de “amenazas asimétricas”, que incluyen “terrorismo, crimen organizado y cualquier otra que como tal se manifieste”. El otro era la “comunicación institucional y contrainteligencia sobre todo actor que pretenda incidir contra la institución”. La Justicia imputó a Godoy y a los otros cuatro marinos y requirió documentación al Ministerio de Defensa, que fue entregada parcialmente: desde el Ejecutivo, retacearon el decreto secreto 3401/79, que dispuso la doctrina de inteligencia de la última dictadura y que aparece citado como soporte legal del instructivo firmado por Godoy.
En su pedido de indagatoria, que fue aceptado por el juez, el fiscal federal Fernando Gelvez consideró que “Godoy impartió órdenes a sus subalternos a fin de que desarrollen tareas de inteligencia de modo expresamente vedado en la ley de inteligencia nacional y especialmente a los organismos de inteligencia militar”. Para eso retomó la estructura del Sistema de Inteligencia Naval (SIN), que fue reconstruida por el CELS en su denuncia. Dentro del SIN, las oficinas de inteligencia respondían simultáneamente a Godoy y a Rótolo. En la jerga interna, esto se conoce como “doble gorra”. “Atribuir la ejecución de esas actividades ilícitas a la iniciativa individual del personal subalterno no resulta compatible con la lógica del funcionamiento de una estructura militar”, razonó el fiscal. Por lo tanto, Godoy “no puede quedar al margen de la responsabilidad penal por la práctica de inteligencia ilícita puesta en evidencia en la causa”.
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