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Alberto Cantero se sentó una hora y media más tarde en la presidencia del plenario de las comisiones parlamentarias de Agricultura y Presupuesto. El diputado abrió el debate enunciando los lineamientos generales del proyecto oficialista, que todavía se “continuaba redactando”. El texto nunca llegó al plenario porque seguía abierto a la negociación “con partidos políticos” y “entidades agropecuarias”. Con los números propios ajustados y pocos aliados, el kirchnerismo trabajaba contrarreloj en “ampliar la banda de beneficiarios”, que se favorecerían con los cambios que tendría el proyecto final y que le aportaría aliados a la hora de votarlo. Tras una reunión en la Casa Rosada, el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, definió la estrategia: el proyecto por las retenciones móviles y los complementarios (arrendamientos rurales y garantías) tendrá dictamen hoy y convocarán a una sesión especial para mañana en la que se tratarían todos los temas.
Cantero condujo el debate bajo el fuego opositor que reclamaba conocer el proyecto oficial. En el tercer piso del anexo de la Cámara baja, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el santafesino Walter Agosto, se ocupaba de la letra chica del dictamen oficialista sobre las retenciones móviles mientras las negociaciones seguían en los despachos del Palacio Legislativo. Hasta la oficina de Rossi llegó a primera hora de la tarde uno de los abogados de la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, para evaluar los cambios que había introducido el oficialismo al proyecto del Gobierno. La conclusión fue lapidaria: “Con esto no alcanza”, les dijo el hombre de Eduardo Buzzi a los asesores de Rossi.
En el oficialismo se quejaban de que la Federación Agraria siempre le levantaba la vara, cada vez que hacían concesiones y que nunca se sentaban a negociar. “Primero pedían un piso de 800 toneladas para la segmentación de retenciones, luego pasaron a mil, y ahora que nosotros ofrecemos 750 toneladas, ellos reclaman 3000”, argumentaban desde la conducción del bloque kirchnerista. Allí se entusiasmaban con una encuesta, que retacearon, en la que la mayoría de los relevados reclama un acuerdo “en el que las dos partes en disputa cedan en sus posturas”. “No somos los únicos cuestionados”, sentenciaron.
En tanto, Agosto corregía las modificaciones que se acordaban ente entre el Congreso y la Rosada. La conducción del bloque K y el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, fatigaban sus celulares con el intercambio de información.
Por la mañana, Rossi se reunió con el diputado por Proyecto Sur, Claudio Lozano. El economista de la CTA, con aceitados contactos con la FAA, planteó sus condicionamientos para acompañar el proyecto. Lozano insistió en que el Gobierno debe aclarar “la evasión fiscal” de 1450 millones de dólares que las cerealeras acumularon pagando menos retenciones de las vigentes al momento de su exportación, además de hacer propios varios reclamos que levantan los federados. Sobre la noche, y sin acuerdo, Lozano presentó su propio dictamen.
El martes, Rossi también se sentó con Eduardo Macaluse. “Vamos a acompañar las modificaciones si las entidades que representan a los pequeños y medianos productores acuerdan las medidas, si no votaremos nuestro propio proyecto”, le dijo el jefe del bloque SI, que reúne a nueve diputados que abandonaron las filas del ARI. “Hasta ahora no presentamos nuestro proyecto para favorecer la negociación, pero si el oficialismo no muestra su dictamen termina haciéndole el juego a los halcones de uno y otro lado”, sintetizó Macaluse después que el plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta hoy.
Sin cortar los puentes de negociación, el kirchnerismo decidió avanzar confiado en su propia fuerza. Aunque reconoce que no es la mejor forma de llegar al recinto. Patricia Fadel, la secretaria del bloque K, volvió a mostrarse segura de contar con las manos suficientes. La cuenta, según otros oficialistas, llega a 132, incluidos los 4 legisladores de Encuentro Social que encabeza el socialista K Ariel Basteiro y cinco radicales K.
Rossi dio la orden a su regreso de Casa de Gobierno, hasta donde fue para participar del anuncio del acuerdo lechero. Hoy presentarían su dictamen sobre las retenciones móviles y las leyes de arrendamiento y de warrants, un certificado de garantía que el chacarero utiliza como elemento de crédito que extiende el acopiador al que le vendió los granos. Todos esto llegará al recinto el viernes, en una sesión especial que convocará el oficialismo y que lo eximiría de reunir dos tercios de los diputados presentes para tratarlo. La oposición dejaría solo sobre las espaldas del oficialismo la responsabilidad de reunir el quórum (129 diputados). Si el kirchnerismo lo logra, recién ahí bajarían al recinto.
“En estos diez días en el Congreso hemos conseguido más que en los cien días de lucha”, les decía el presidente de la Federación Agraria entrerriana, Alfredo De Angeli, a un grupo de productores de Córdoba y Buenos Aires que lo consultaba si había que “volver a las rutas”, en la entrada del anexo de la Cámara de Diputados. “Si vos querés, hacelo”, siguió De Angeli contestándole a un ruralista de San Pedro y luego soltó su opinión en medio de los flashes fotográficos: “La lucha es larga. Acá hay un montón por hacer y volver a los cortes lo favorece al Gobierno que nos va a acusar de los aumentos de precios y de desabastecer”. Luego pasó lista a los reclamos que hay que levantar ante los legisladores y volvió sobre la teoría de la guerra prolongada. “Después vienen las elecciones legislativas y, en tres años y medio más, las presidenciales”, dijo. Y sentenció: “Tenemos que comprometer a todos los candidatos con el campo”.
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