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El Gobierno tomó nota del pedido que le hizo el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, para que convoque al Consejo del Salario con la aspiración de elevar el mínimo a 1200 pesos y de subir también el piso salarial para el impuesto a las Ganancias. Pero por ahora sólo tomó nota, ya que en lo inmediato no tiene previsto hacer ni una cosa ni la otra, aunque sabe que más temprano o más tarde tendrá que darles respuesta a ambos reclamos.
Por ahora todo el esfuerzo del Gobierno está centrado en darle un corte final al conflicto con los empresarios agropecuarios y seguramente algunos de los temas planteados por la CGT pasen a formar parte del demorado Acuerdo del Bicentenario. Lo cierto es que durante este mes no habrá novedades sobre esas dos cuestiones y recién avanzado agosto podrían convocar al Consejo del Salario.
Esto no quiere decir, señalan en el Gobierno, que haya un intento deliberado de quitarle liquidez a la gente como un modo de enfriar la economía. Tampoco –aseguran– es que le estén escamoteando herramientas a Moyano, cuando justamente la Casa Rosada se movió mucho para que siga al frente la CGT. “Es cuestión de tiempos, de acomodar las cosas de un modo más perdurable”, le dijo un ministro a Páginai12.
Según esa fuente, antes de reunir al Consejo del Salario hay que analizar fríamente hasta cuánto se puede estirar el aumento del salario mínimo, para que sea viable y los empresarios se comprometan a absorberlo sin trasladar esa mayor erogación a los precios. El dato en sí habla de la preocupación de la Casa Rosada en mantener en caja la inflación.
Respecto a las demandas de subir el mínimo no imponible para que gran parte de los asalariados queden excluidos de pagar Ganancias, en el Gobierno admiten que están buscando una fórmula perdurable que no obligue a estar modificando la tablita que inventó José Luis Machinea –cuando era ministro de Economía– cada vez que hay un aumento salarial. Actualmente hay unos 700 mil trabajadores que pagan el impuesto, además de 35 mil jubilados y pensionados y 400 mil autónomos. Pero un alto porcentaje de ellos fluctúa ante cada aumento. Cuando un gremio acuerda en paritarias su nuevo salario, muchos de sus afiliados entran dentro del mínimo imponible y empiezan a pagar Ganancias, por lo que se les licua buena parte del aumento. Y deben esperar a que el Gobierno suba el piso para quedar excluidos de ese tributo. Ya sucedió varias veces durante el gobierno de Néstor Kirchner. Pero esto aún no ocurrió en lo que va del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Esa nueva fórmula que busca el Gobierno tendería a ser redistributiva, aunque las fuentes consultadas no adelantaron en qué mecanismos piensan. Cuando Kirchner era presidente, se evaluó dejar el impuesto a las Ganancias para los salarios realmente altos, y lo que hubiese dejado de tributar la mayoría de los trabajadores obtenerlo imponiéndole el pago de ese impuesto a varias actividades exentas. Una de ellas es la renta financiera, que quizás podría absorber holgadamente esa merma. La última vez que se subió el mínimo no imponible a Ganancias, el Estado dejó de percibir más de 1500 millones de pesos.
Cualquiera sea el camino que se elija, la idea es ponerle punto final a esa tablita que implantó en el 2000 la Alianza, ya que es regresiva porque incorporó al pago del impuesto a gran cantidad de trabajadores que estaban exentos y les redujo el gravamen a quienes tenían ingresos netos superiores a los 91 mil pesos anuales. Actualmente, ese impuesto alcanza a los trabajadores solteros que ganan más de 43.500 pesos anuales –es decir, 3346 por mes, aguinaldo incluido– y los trabajadores casados que tengan al menos dos hijos con un salario neto superior a los 59.500 anuales –4577 mensuales–.
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