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El Senado aprobará en la sesión de hoy la conformación de una Comisión Bicameral Especial Investigadora que pondrá bajo la lupa a las exportadoras cerealeras por la supuesta evasión de 1700 millones de dólares en menos de un año. El acuerdo sellado ayer entre el jefe de senadores kirchneristas, Miguel Angel Pichetto, y el de los radicales, Gerardo Morales, para unificar sus respectivos proyectos de investigar a los exportadores incluyó la incorporación en la comisión de los legisladores de la Cámara baja. La comisión bicameral quedaría integrada entonces por seis senadores y seis diputados –respetando la proporcionalidad de la conformación de ambas cámaras– y tendrá un plazo de 180 días para solicitar documentación, requerir y recibir testimonios, exigir la exhibición de prueba testimonial y practicar inspecciones en lugares públicos y privados. El informe final será elevado a la Justicia.
Opositores y oficialistas habían preparado por separado sus propios proyectos para investigar la multimillonaria evasión fiscal que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales. Tales “maniobras fraudulentas” les habrían permitido pagar alícuotas menores a las vigentes al momento de la exportación, evitando parar entre 1450 y 1700 millones de dólares. La sospecha alcanza a las principales exportadoras: Bunge Argentina, Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Ríos de la Plata encabezan –según las denuncias– el ranking evasor.
Los radicales Morales, Ernesto Sanz, Juan Carlos Marino y Alfredo Martínez se adelantaron con su propuesta de crear una comisión investigadora. Mientras Pichetto, José Pampuro, María Perceval y Marcelo Fuentes hicieron lo propio con el aval del Gobierno y las denuncias que hicieron propias la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y la Aduana.
Con los proyectos ya presentados, comenzaron los contactos entres ambos bloques y se discutió la propuesta oficialista de unificar ambos proyectos. Como muestra de “voluntad política” para avanzar con el proyecto, Pichetto le puso fecha a la sesión.
El acuerdo se selló ayer por la tarde, durante la reunión de labor parlamentaria. Kirchneristas y radicales coincidieron en unificar las iniciativas –que redactarán hoy– y en la ampliación “institucional” de la comisión investigadora, transformándola en bicameral. La sugerencia la volvió a plantear Pichetto, tras un almuerzo que compartió ayer con Pampuro, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, y el jefe de la bancada K en la Cámara baja, Agustín Rossi.
Los senadores no querían resignar protagonismo, pero los diputados solicitaron su incorporación a la investigación: recordaron que desde la Cámara baja surgió el proyecto de la llamada ley Martínez Raymonda –que proponía mayores controles al registro de exportadores, luego modificados y “devaluados” en el Senado, con una activa participación del senador oficialista Roberto Urquía, exportador y dueño de AGD–. Incluso, tras esas modificaciones, los diputados volvieron a la carga con otra iniciativa presentada por el kirchnerista bonaerense Luis Cigogna.
Durante esta mañana, antes de la sesión prevista para las 15, los senadores kirchneristas y radicales volverán a juntarse para redactar el proyecto común que llevarían al recinto. No habría mayores diferencias en las características de la comisión investigadora y su conformación, que respetaría la representación política en ambas cámaras. El debate estará centrado en sus facultades, especialmente en su capacidad para actuar dentro de determinados ámbitos públicos y privados. Aunque nada hace prever que no lograrán un acuerdo. Luego, la Cámara de Diputados también tendrá que ratificar su conformación y designar a sus representantes. A partir de allí, comenzará la investigación que inquieta a las compañías exportadores.
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