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Las tierras de Casa Amarilla siguen en medio de una disputa en sordina. Hace tres años que fueron adjudicadas para construir viviendas sociales, pero las obras no comienzan y el gobierno de Mauricio Macri acumula fallos en contra y se le acaban las explicaciones. Para los vecinos, es un secreto a voces que el jefe de Gobierno quiere entregarle esos terrenos a Boca. El responsable de construir los edificios es el Instituto de la Vivienda de la ciudad (IVC). Su titular, Roberto Apelbaum, aseguró en la Legislatura que ni siquiera existía un pedido de Boca para cederles las tierras. Sin embargo, le había llegado un pedido por escrito seis días antes. En la respuesta del IVC al club xeneize –a la que accedió Páginai12–, le dicen que “la transferencia podría ser atendida”.
Transcurría una larga sesión en la que Apelbaum había ido a dar informes a la Comisión de Vivienda de la Legislatura. El presidente de esa comisión, Facundo Di Filippo, le preguntó si “el gobierno había cedido algunos terrenos de Casa Amarilla al Club Boca Juniors”.
–El IVC no ha cedido tierras al Club Boca Juniors. Si hubiera una petición, obviamente la consideraríamos. Pero no ha habido ningún tipo de cesión de ninguna naturaleza –respondió Apelbaum.
–¿Tampoco hay un pedido del club para que les cedan tierras? –repreguntó Di Filippo.
–Que me haya llegado, todavía no.
Esa extraña respuesta (con su sugestivo “todavía no”) fue el 5 de mayo pasado. El 29 de abril Apelbaum había recibido una extensa carta del club en la que le pedían los terrenos. La firmaban el entonces vicepresidente de Boca Pedro Pompilio y el secretario general, Carlos Ben, quien en los últimos tiempos funcionó como un intermediario entre Macri y el ex presidente Eduardo Duhalde, con quien el jefe de Gobierno quería arreglar un encuentro alejado de la prensa.
En la carta a Apelbaum, le solicitaban “la transferencia del dominio de cuatro manzanas de la zona de Casa Amarilla linderas con las instalaciones del club para la realización de actividades deportivas, sociales y culturales”. Entre los argumentos, recordaron un acuerdo con el intendente menemista Jorge Domínguez para utilizar esos terrenos.
En la respuesta, el gerente general del IVC, Jorge Sutton, les informó que los terrenos fueron preadjudicados a cuatro mil familias en 2005 para la construcción de 1231 viviendas sociales, como parte del programa Viví en tu Casa. También, que existían amparos concedidos por la Justicia que ordenaban construir esas casas, pese a la demora del IVC. El gerente del IVC cerraba su carta diciendo que “sin perjuicio de lo expuesto, les informamos que la transferencia por ustedes solicitada podría ser atendida en forma parcial y a título oneroso, previa intervención legislativa que autorice la modificación del destino del inmueble”.
Consultado por Páginai12, Di Filippo advirtió que “Macri no debería permitir dentro de su gestión que los funcionarios oculten información a la Legislatura. La versión taquigráfica es un documento público y esto podría derivar en una acción judicial”. “De todas formas, queda claro que Macri pretende las tierras de Casa Amarilla para Boca. Y no es extraño que (el director Eduardo) Petrini, una persona que se dedicaba a la compra y venta de jugadores en Boca, tenga una función tan preponderante en el IVC”, sostuvo el legislador de la Coalición Cívica. Este diario intentó comunicarse con Apelbaum, pero no respondió a los llamados.
Los terrenos de Casa Amarilla fueron tierra fértil para la polémica. Las familias a las que se les había adjudicado las casas formaron la Asociación Civil Casa Amarilla y querellaron a la gestión PRO por frenar la construcción de las viviendas, pese a que el año pasado se aprobó un presupuesto de 71,5 millones de pesos para esos proyectos. El juez en lo contencioso Roberto Andrés Gallardo les concedió un amparo en el que embargó al IVC por 14 millones de pesos y le aplicó una multa a Apelbaum de 2 mil pesos por cada día que siguiera demorando las obras.
“Hay una opinión muy crítica sobre hacer las viviendas ahí”, admitió el procurador porteño Pablo Tonelli, quien consiguió que apartaran a Gallardo de la causa y que el amparo fuera revocado en segunda instancia. Sin embargo, la causa recayó en otro juez porteño, Fernando Lima, quien volvió a conceder una medida cautelar a los vecinos y emplazó al IVC para que explique el motivo de la demora de tres años en construir los edificios. Sin embargo, las explicaciones (y las viviendas) siguen sin aparecer.
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