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Los agentes penitenciarios acusados de haber obstaculizado la investigación sobre el desaparecido Jorge Julio López fueron beneficiados con la falta de mérito. El fiscal federal Sergio Franco había involucrado a una veintena de miembros del Servicio Penitenciario Federal en la frustración de pruebas esenciales para dar con el testigo durante un allanamiento realizado el 23 de marzo del año pasado a la cárcel de Marcos Paz. A pesar de que Franco hizo su denuncia hace un año, el juez federal Arnaldo Corazza necesitaría más tiempo para completar la realización de medidas de prueba que sostengan el procesamiento de los penitenciarios, entre quienes se encuentran los dos últimos jefes del penal donde está alojado, junto a otros represores, Miguel Etchecolatz.
Los investigadores del equipo que encabeza el juzgado de Corazza habían ponderado indicios que establecían un vínculo entre represores presos en esa cárcel y sospechosos de haber secuestrado a López. Pero cuando llegaron a Marcos Paz todo indicaba que sus ocupantes, presos y agentes, sabían que tendrían visitas. Nada parecía estar en su lugar. El fiscal Franco comprobó que había líneas telefónicas nunca informadas por el SPF que utilizaban los represores allí alojados y detectó que los libros de guardia que debían reflejar las visitas estaban “plagados de falsedades y omisiones”. Escribió el fiscal: “Han perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de Jorge Julio López y de los responsables de su desaparición. Ello es así porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes”. Y acusó a catorce miembros del SPF de haber cometido “falsedad ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de autoridad”. Tras indagarlos, Cora-zza decidió dejarlos en la situación intermedia que significa la falta de mérito. “Si el juez no tiene las pruebas para procesarlos se las vamos a dar”, dijo a este diario uno de los investigadores del fiscal Franco. La fuente explicó que aún están pendientes varias “diligencias” solicitadas y que no es criterio de la fiscalía apelar las faltas de mérito.
Desde que López fue visto por última vez, el 18 de septiembre de 2006, sus compañeros sobrevivientes de la dictadura señalaron Marcos Paz como un objetivo a investigar. Sin embargo, fueron necesarios dos allanamientos para que la fiscalía verificara la complicidad del SPF con los represores que debe custodiar. El escándalo apenas rozó al ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, a pesar de los insistentes pedidos de imputación de la querella, pero la mayor consecuencia fue el relevo del entonces jefe del SPF prefecto Hugo Soza, quien fue reemplazado por el civil Alejandro Marambio.
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