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El paso de la CGT y la CTA por la Cámara de Diputados no fue un trago fácil de digerir para el oficialismo. Las dos centrales sindicales criticaron duramente la fórmula con que el proyecto del Gobierno busca implementar la movilidad jubilatoria y coincidieron en tres propuestas: que los ajustes no dependan de recaudación impositiva, que el índice para la movilidad esté atado a los aumentos salariales de los trabajadores en actividad y que se realice una recomposición de los haberes jubilatorios antes de que el futuro sistema se ponga en funcionamiento. El presidente de la comisión legislativa de Previsión Social, Juan Carlos Díaz Roig, propuso que un grupo de diputados de todos los bloques comience a corregir el proyecto original –como planteó el propio ministro de Trabajo, Carlos Tomada– y admitió que la fórmula podría sufrir “retoques” y hasta establecer una cláusula gatillo que abra la posibilidad de que el Parlamento pueda modificar en el futuro los índices que la componen.
Las dos centrales repitieron en sus exposiciones ante los diputados de la Comisión de Previsión y Seguridad Social las mismas críticas que los legisladores habían escuchado –por la mañana y durante cuatro horas– de las organizaciones de jubilados reunidas en el auditorio del anexo de la Cámara baja. Los representantes gremiales manifestaron su beneplácito con la “intención” del Gobierno de mejorar las condiciones de los jubilados y pensionados. Volvieron a cuestionar, como contrapartida, la política previsional de los ’90 y al tándem Menem-Cavallo, además de pasarle de facturas a la administración aliancista por las rebajas a jubilaciones y salarios. Pero dejaron en claro que no acompañarán el proyecto del Gobierno si no se realizan “modificaciones” a la fórmula para aplicar la movilidad.
“La CGT tenía una expectativa que no contempla el proyecto de ley”, abrió el fuego el sindicalista Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). “La fórmula es compleja. Como dice Hugo Moyano (el camionero faltó con aviso), cuando veo algo y no lo entiendo pido que me lo expliquen. Si a la tercera vez que me lo explican sigo sin entender es porque me quieren embromar. Y acá hay cosas que están confusas”, completó Leandro Fabres (Trabajadores de la Anses). La delegación cegetista la completaron Marcos Castro (Marina Mercante) y Norberto Di Próspero (Personal Legislativo).
A pesar de las viejas disputas gremiales y diferencias políticas, los representantes de la CTA coincidieron en los reclamos con sus pares cegetistas y no lo ocultaron. “La jubilación debe estar unida al salario, como dicen los compañeros de la CGT, y no a una fórmula mixta que le pone techo para darle sustentabilidad al sistema”, soltó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. El dirigente docente también afirmó que la jubilación mínima tendría que representar el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. A su turno, Pablo Micheli (ATE) cargó contra los “reciclados” que quieren poner la inflación como techo a los reajustes de las jubilaciones y reclamó que los fondos de la Anses no se utilicen para pagar deuda externa y sí “la deuda interna” que tienen con los jubilados. El adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko (Neumáticos), dejó paso a la intervención de un abogado previsional de la central que realizó un punteo de cada artículo del proyecto para cuestionar varios de sus aspectos. La enumeración incluyó que las “cajas especiales, no derogadas” de docentes y científicos no pueden quedar al margen de los ajustes jubilatorios; que la Prestación Básica Universal (PBU) no esté atada al presupuesto y que antes de la implementación del nuevo sistema se actualicen los haberes a través del índice fijado por la Corte en el caso Badaro.
La andanada de críticas obligó a Díaz Roig a tratar de buscar “consensos para lograr la mejor fórmula posible”. El presidente de la Comisión de Previsión propuso a los diferentes bloques políticos que designen a uno de sus especialistas en el tema para empezar a corregir en el texto del proyecto oficial, según la sugerencia del ministro Tomada. También empezó a explorar la posibilidad de introducir algunos cambios en la fórmula con la que se calcularán los dos ajustes anuales que propone el Gobierno a partir de 2009. Entre ellos, la posibilidad de introducir una cláusula gatillo para que el Ejecutivo o el Parlamento puedan hacer modificaciones en el futuro mediato.
“Los resultados de la fórmula los vamos a conocer en marzo –fecha prevista para el primero de los dos ajustes anuales–. Recién ahí sabremos qué tan efectiva es o si hay necesidad de corregirla. Es una posibilidad que podríamos incorporar al proyecto”, reconoció el diputado formoseño a PáginaI12.
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