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Ninguna de las cuatro centrales ruralistas que durante cuatro meses asolaron la mitad del país puso públicamente en cuestión la política de derechos humanos del gobierno nacional. En cambio, sí lo hicieron masivamente los tefloneros urbanos y el “sentido común” de la mitad de la población opuesta a las reformas redistributivas. Ahora bien, ruralistas y tefloneros son dos alas del mismo movimiento.
En su discurso del 2 de agosto en la Sociedad Rural, Luciano Miguens señaló con claridad el próximo objetivo de la ofensiva derechista: “Podemos empezar ahora, hacerlo en 2009 o en 2011”. Ese “lo” se refería a la aspiración ruralista a decidir sobre el rumbo del país. Traducido a un lenguaje aún más nítido, quiere decir: “O nos dejan gobernar ahora o tendrán que hacerlo en poco tiempo”. En su avance hacia el poder es de esperar que la nueva derecha ataque la política de derechos humanos del Gobierno. Ya lo anunció Beatriz Sarlo en un reportaje en La Nación el sábado 9. Quien reclama para sí el derecho exclusivo a disponer sobre las rentas extraordinarias que les da la coyuntura del mercado mundial y resiste toda intervención ordenadora del Estado, rechaza también los derechos humanos a un trabajo digno, a educación, salud, vivienda, alimentación y vestido adecuados, que sólo pueden ser realizados y efectivizados por la regulación estatal. Que las políticas económicas y sociales basadas en los derechos humanos y el castigo y reparación por las violaciones bajo el terrorismo de Estado son inseparables lo demuestra el procesamiento de José A. Martínez de Hoz. Después de a los verdugos, les toca a quienes los mandaron.
La política de derechos humanos es la insignia distintiva de los gobiernos kirchneristas. En distintos campos del quehacer estatal han comenzado a repararse violaciones, a garantizarse los derechos de grupos vulnerables y a llevarse adelante políticas tendientes a una mayor equidad y justicia. Sin embargo, desde fines de 2005, los derechos humanos han relativizado su centralidad como base de las políticas públicas. Por más que estén manipulados por los medios, no son ilógicos los extendidos razonamientos populares que preguntan para qué sirven derechos humanos que no garantizan la vida y la seguridad de las personas, su derecho a la movilidad y a informaciones creíbles sobre la actividad del Gobierno. La unidad e interrelación de los derechos humanos vale para todos.
Después del conflicto por las retenciones móviles, el Gobierno busca recuperar la iniciativa con medidas redistributivas, abriendo el diálogo con múltiples actores políticos y sociales e intenta mejorar su imagen mediática. Luego del relevo del jefe de Gabinete, puede observarse además la tendencia a subrayar públicamente la profesionalidad de la acción de gobierno. Al hacerlo, empero, se corre el riesgo de caer en discursos tecnocráticos. El gobierno “apolítico” le cabe bien a Mauricio Macri, que debe consolidar intereses dominantes. Una política dirigida a redistribuir la riqueza, por el contrario, necesariamente afecta intereses establecidos. Para alcanzar sus objetivos debe convencer y movilizar a las clases populares. Sólo puede hacerlo “politizando” la acción de gobierno, nombrando con claridad a quién pretende afectar y explicando por qué. No puede prescindir de la guía de los derechos humanos.
El discurso perverso de los medios ha asimilado los derechos humanos al castigo de los terroristas de Estado. Pero los derechos humanos son mucho más que eso. Según el modo en que estén afectados, se distinguen habitualmente diferentes tipos de políticas públicas requeridas. Si se constatan violaciones de los derechos humanos de individuos y grupos por agentes estatales, el Estado debe castigar a los responsables y reparar el daño en la medida de lo posible. Ante riesgos potenciales para los derechos humanos, el Estado tiene que prevenir y garantizar su vigencia. Si finalmente se comprueba que numerosos derechos humanos no tienen vigencia o no están realizados, el Estado tiene la obligación de adoptar las políticas públicas adecuadas para realizarlos en un tiempo prudencial. La dimensión de realización de los derechos humanos sirve además para dar dirección y objetividad a políticas públicas que aspiren a efectivizar la justicia y la solidaridad.
Una política que aspire a establecer la justicia y la equidad debe orientarse hacia la realización de los derechos humanos. En la situación actual de Argentina, es claramente prioritario realizar los derechos humanos al trabajo digno, la vivienda, alimentación y vestido adecuados, a la salud, la educación, la información fidedigna y la seguridad personal. Recién cuando estos derechos estén encaminados y el pueblo los acompañe tendrá sentido convocar a un Acuerdo del Bicentenario que, si pretende tener trascendencia, no podrá ser otra cosa que un compromiso de la inmensa mayoría de la sociedad para constituir el país sobre la base de los derechos humanos.
* Doctor en Ciencia Política (Universidad de Giessen, Alemania), coordinador de Derechos Humanos del espacio Carta Abierta.
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