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Buenos Aires quiere estar entre las capitales más modernas del mundo y para ello no se fija en gastos. El gobierno de Mauricio Macri acaba de hacer un llamado a licitación para el alquiler de 529 vehículos para uso oficial, desde autos grandes y suntuosos para funcionarios, hasta furgonetas para distintas reparticiones, con un presupuesto total de 78 millones de pesos, para cuatro años. El gasto representa 147.500 pesos por vehículo, sin contar el combustible y el chofer. Eso sí, la contratación incluye los gastos de mantenimiento, repuestos y el seguro. El monto es notoriamente superior al que demandaría la compra de las unidades cero kilómetro, pero en el gobierno porteño dicen que así y todo se ahorraría dinero, por el alto costo que significa mantener el sector encargado del mantenimiento del material rodante, que se lleva por año 31 millones del presupuesto de la Ciudad. No aclaran qué harán con los autos existentes y con el personal que trabaja allí. Argumentan además que el sistema, al que denominan rentig, se aplica con éxito en importantes ciudades como Nueva York y Madrid. En la oposición desconfían de que se trate de una licitación a medida de una empresa automotriz o alguno de sus concesionarios. “¿Qué empresa está hoy en condiciones de poner a disposición del Estado 529 vehículos?”, se preguntan.
La licitación para la “locación de una flota de vehículos sin chofer” fue lanzada el 4 de agosto último a través de una resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones, que depende del Ministerio de Hacienda. En el anexo de esa resolución están detallados la cantidad de vehículos por tipo, según su uso, y el valor estimado de los mismos, como los doce autos tipo sedan cuatro puertas, gris plata o plomo, con doble airbag –seguramente para los ministros–, valuados entre 95 y 110 mil pesos cada uno, y las 21 combis con 15 asientos, cotizadas entre 125 y 150 mil pesos cada una (ver cuadro). La apertura de sobres está prevista para el 22 de este mes.
¿Por qué, si a un consumidor individual que necesita un auto le conviene más ahorrar para comprarlo que alquilarlo, el Estado optaría por la operación inversa? Fuentes del Gobierno argumentan que la diferencia está en los costos de mantenimiento, que son demasiado elevados en la administración pública.
“En la actualidad, el parque automotor de la ciudad tiene en total 1150 vehículos. El estado porteño gasta 31 millones de pesos por año para mantener esas unidades, más la amortización de todo bien de consumo, estimada en un 20 por ciento anual”, explica una fuente del Gobierno de la Ciudad. Esto representaría unos 27 mil pesos de mantenimiento por vehículo, por año.
Este gasto, dicen, incluye el mantenimiento de los dos talleres, ubicados en Emilio Castro y General Paz y en la calle Lavardén, donde trabajan 330 mecánicos. Voceros del gobierno reconocen que tienen “serios problemas” para administrar la flota, y mencionan como ejemplo que algunos vehículos comprados en 2002 han terminado desguazados. Por eso estiman que a través del sistema de renting “se ahorrarían más de 10 millones por año y la ciudad evitaría renovar de manera permanente la flota”.
Desde la oposición, la diputada Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria) se pregunta: “Si cambian el sistema de compra por el de alquiler, y el mantenimiento queda a cargo de la empresa contratada, ¿qué va a pasar con la gente que trabaja en los talleres? ¿Y con los vehículos de la actual flota?”.
Es que de los 1150 vehículos con que cuenta la ciudad, muchos fueron comprados en 2006 y en 2007.
El pliego no indica el destino de los autos a contratar, pero su finalidad puede deducirse. A los doce vehículos más suntuosos que corresponderían a los ministros se agregan otros cuarenta sedán cuatro puertas, en los mismos colores, también con doble airbag, pero con valores entre 70 y 80 mil pesos. Estos coches estarían destinados a funcionarios de segunda y tercera línea (secretarios y subsecretarios) y son los que tienen prioridad de entrega, según el cronograma previsto: a los 60 días de firmado el contrato.
Para los otros 477 vehículos el plazo es mayor: el 40 por ciento de ellos (es decir, 190) deben entregarse dentro de los 120 días; para el resto (287 unidades) el plazo de se extiende a los 180 días. Es decir que si el contrato se firma en septiembre, la empresa adjudicataria tiene plazo hasta marzo para completar la entrega de vehículos. Dentro de esta franja entran otros veinte autos sedan de menor valor (entre 45 y 55 mil pesos) 232 utilitarios tipo furgón, con cuatro asientos; 114 furgones para cargar hasta dos toneladas; 25 camionetas de doble cabina; dos camionetas 4 por 4 para cargar hasta una tonelada; otras 63 camionetas grandes para cargar más de 1,2 toneladas y 21 combis para traslado de pasajeros, vehículos valuados hasta los 150 mil pesos.
Ese plazo explica la pregunta sobre qué empresas están en condiciones de responder a esta demanda. Es que no existen compañías con disponibilidad de autos para poner a disposición del Estado, en alquiler. A no ser que se piense en las automotrices, que estarían interesadas en la operación pero no por cuenta propia sino a través de algunas de sus concesionarias más importantes.
Un cálculo realizado a partir de la valuación oficial promedio permite deducir que si se compraran los 529 vehículos detallados en la nómina se gastarían 42 millones de pesos, con la ventaja de que las unidades formarían parte del patrimonio del Estado. Los impulsores del renting, sin embargo, consideran que los vehículos “no son bienes de capital sino de consumo, que se deprecian con el uso y que en cinco o seis años no sirven más”.
La verdadera incógnita es el costo del mantenimiento, que suele ser mínimo para las unidades durante el primer año, pero que crece a medida que los vehículos se desgastan. Un usuario particular gastaría un promedio de tres mil pesos anuales, lo que llevaría el gasto a unos ocho millones de pesos, en cuatro años, para los 529 vehículos. El gasto de seguro podría calcularse entre ocho y nueve millones. Si se suman los gastos, el costo de compra y mantenimiento de vehículos nuevos no supera los 60 millones.
Para la diputada Cerruti, la licitación “obedece a la ideología oficial de licitar todo lo que los empleados estatales no pueden resolver, en lugar de corregir el problema”. “Si algo no funciona bien, que puede ocurrir, hay que capacitar a la gente, controlar y hacerlo funcionar correctamente”, argumentó. La legisladora kirchnerista cuestionó además la cantidad de autos presuntamente destinados a funcionarios. “Los autos sedán de color gris son 72, con lo cual no sólo estarían destinados a ministros sino también a subsecretarios y directores”, estimó.
Cerruti se pregunta cómo se va a afrontar esta licitación si para este año el Ejecutivo tiene asignados en el presupuesto 12 millones de pesos para la compra de vehículos. Y quiere saber, además, si no se trata de una “licitación dirigida” hacia alguna empresa con capacidad para poner a disposición del Estado esta importante cantidad de vehículos. Con ese fin, presentará esta semana un pedido de informes en la Legislatura.
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