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El sentido común diría que el juicio por el affaire de la valija debería hacerse en Argentina y tener al empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson como principal acusado. Habrá un juicio y empezará este martes, pero no será en aquí sino en Miami y el valijero se convertirá en su testigo estelar. En el banquillo, en cambio, estará su ex socio Franklin Durán, imputado por haber actuado en territorio norteamericano como supuesto agente ilegal de Venezuela en una confabulación para ocultar el origen y destino de los 800 mil dólares que su amigo intentó ingresar a la Argentina sin declarar. Las audiencias podrían durar cerca de un mes y cabe que allí la fiscalía ventile grabaciones y filmaciones donde se mencionaría que el dinero era para la campaña de Cristina Kirchner. El final del proceso debería dilucidar otro enigma: si el gobierno de Estados Unidos le prometió protección a Antonini o si permite su extradición.
El juicio que está por comenzar –a menos que haya algún imprevisto– difícilmente existiría si Antonini Wilson hubiera sido retenido en la Argentina hasta dilucidar de qué se trataba esa plata que traía en un vuelo oficial de Enarsa, al que subió con el hijo del ex vicepresidente de la petrolera venezolana Pdvsa y el permiso del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti. “El Gordo” nunca reclamó los dólares que le incautaron, se quedó el fin de semana en Buenos Aires, pasó por un acto en la Casa Rosada y se volvió a su morada en Key Biscayne como si nada. Pero evidentemente, el episodio fue de entrada una amenaza para él. Para evitar consecuencias legales ya sea en los tribunales porteños o incluso en Estados Unidos, donde tiene ciudadanía, en cuanto volvió a La Florida se las ingenió para dar vuelta la historia: comenzó a ayudar al FBI para demostrar que un grupo supuestamente ligado al gobierno de Hugo Chávez trataba de presionarlo para que ocultara la verdad acerca de los 800 mil dólares.
Se puso micrófonos y cámara oculta y grabó a sus amigos Durán y Carlos Kauffman, y a otros dos personajes de la trama, el abogado Moisés Maoinica y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. Los cuatro están detenidos desde diciembre del año pasado.
El gobierno estadounidense, a través del fiscal Thomas Mulvihill, los acusa de conspirar actuando como agentes ilegales del gobierno venezolano (una figura muy utilizada en La Florida para condenar cubanos). Pero el único que tendrá un juicio propiamente dicho será Durán ya que los otros tres se declararon culpables a cambio de una reducción de la pena y de colaborar con la pesquisa. A Durán le pueden dar una condena de hasta 15 años. Al resto le podría tocar una bastante menor.
Antonini deberá declarar como testigo, pero tan crucial como su relato será el de los arrepentidos, claves en la arremetida del fiscal contra Durán. Es factible que los tres “autoincriminados” reciban sentencia después de testificar. De hecho, Maionica y Wanseele Paciello tienen fecha para oír su pena el 12 de septiembre y Kauffman el 15. Esta situación motivó un reclamo de la defensa de Durán, aunque no fue el único. En los últimos días su abogado, Edward Shohat, cruzó varios escritos de alto voltaje con la fiscalía. Uno de ellos fue después que Mulvihill intentó introducir pruebas que involucrarían a Durán y a Kauffman en el pago de sobornos millonarios a funcionarios de Venezuela. Según el fiscal, sería evidencia para demostrar la relación de su acusado con el gobierno venezolano. Para el defensor, eso hace a este juicio y lo atribuye a una intención de salpicar a la administración de Chávez con un circo judicial. Todavía hay varios recursos y planteos sin resolver. Tampoco está conformado el jurado, que integrarán doce ciudadanos comunes, un trámite que puede llevar unos días. Incluso las partes pueden impugnar a algún miembro. Así, todo indica que el inicio de las audiencias será más bien burocrático y que “el baile” empezará unos días después. Primero la fiscalía presentará sus pruebas y luego lo hará la defensa. Entre otros testigos, seguro habrá agentes del FBI y la defensa podría pedir que se presenten funcionarios venezolanos.
El fiscal intentará demostrar que los acusados (y un quinto que está prófugo) presionaron a Antonini para silenciarlo y que lo hicieron en vinculación con funcionarios de Venezuela, incluso de la Dirección de Inteligencia (Disip). En algunos documentos y exposiciones ya se asoció el origen del dinero con Pdvsa y el destino con la campaña de Cristina Kirchner. En teoría, todo está grabado, pero no hay garantías de que se muestre todo en el juicio. El abogado de Durán exige que quede al descubierto. Seguirá intentando debilitar la credibilidad de Antonini y de Kauffman. Ya pidió que la fiscalía aclare los términos del acuerdo que se hizo con el valijero. De por sí, dice, que dilataran su extradición a la Argentina ya es un beneficio. Shohat sostiene que Kauffman habría sido presionado por el FBI para declararse culpable, con amenazas de complicarlo junto a su esposa en una causa por fraude migratorio.
Al igual que Argentina, aunque más tarde, Venezuela también pidió la extradición de Antonini y en Uruguay lo investigan por negocios turbios con casas prefabricadas. Por ahora, en vano: el show transcurre entre las palmeras de Miami.
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