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“Respuestas de acción directa, como la de este jueves en el Ferrocarril Sarmiento, son las únicas que llegan a conseguir cambios en el servicio ferroviario”: esta fórmula no procede de ningún “activista”, sino de un investigador de la UBA y el Conicet. Julián Rebón dirige –junto con Gustavo Quintana, en el Instituto Gino Germani– el estudio “Malestar y disconformidad entre usuarios de trenes”. Según la encuesta, más de la mitad de los usuarios del Roca y el Sarmiento estiman que “la autoorganización y el reclamo directo” son “efectivos”; en contrapartida, el 70 por ciento de los usuarios considera que “los entes reguladores resuelven poco o nada”. Puestos a calificar el servicio, la mayoría le pone un aplazo, y la principal responsable sería “la concesionaria”. La investigación, todavía en curso, se efectúa a partir de una encuesta a 460 usuarios (muestreados por edad y género) efectuada en las estaciones Once y Constitución, en horarios pico, el 11 de junio del año pasado, un mes después del “día de furia” producido en Constitución.
–Casi la mitad de los usuarios encuestados dijo que la acción directa tuvo cierta efectividad...
–El 47,2 por ciento estimaba que había sido “algo” o “muy” efectiva para resolver los problemas que afectan al servicio. Y no dejan de tener razón. Estas respuestas tienen una apariencia de irracionalidad pero, cuando uno analiza, como lo hicimos no- sotros, la recurrencia de estos hechos, encuentra una lógica. Los episodios de Haedo, en 2005, y de Constitución el año pasado instalaron el tema en la agenda pública y el Gobierno tomó algunas medidas: le retiró la concesión a la empresa del Roca, se anunció la electrificación en esa línea; incorporó nuevos vagones en el Sarmiento. Después de los incidentes del jueves se aduce que la pérdida de los vagones quemados en Castelar empeora la situación, pero el hecho es que esos vagones se incorporaron a partir de los hechos de Haedo.
–¿Esto se vincula con la repercusión mediática de estos sucesos?
–Nosotros hemos hecho el seguimiento del tema en los medios: por lo general la prensa no se dedica a los problemas de los ferrocarriles pero, después de hechos de violencia, durante un tiempo se incrementa la información, por ejemplo sobre acciones judiciales por las condiciones del servicio. Es que, al no haber mecanismos institucionales para que estas situaciones se visualicen, los usuarios tienen que llegar a modalidades muy extremas.
–¿Qué mecanismos institucionales no funcionan?
–Los usuarios perciben que no dan resultado los reclamos, ni ante la concesionaria ni ante la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT). Un 31 por ciento de los encuestados había llegado a hacer presentaciones formales, en vano. En la encuesta, el 70 por ciento considera que los entes reguladores resuelven “poco” o “nada”; sólo el 15 por ciento estima que los resuelven “mucho” o “bastante”. En cambio, cuando se les pregunta por la autoorganización y el reclamo de la gente, más del 50 por ciento sostiene que resuelven “mucho” o “bastante”, y un 42 que “poco” o “nada”. Al no haber mecanismos institucionales reconocidos, la tensión se acumula hasta que explota.
–¿Qué otro factor podría favorecer la “autoorganización”?
–Vivimos en un contexto social, iniciado en 2001, donde hay menos tolerancia ante situaciones de tensión y persiste una gran desconfianza con respecto a las instituciones. Funcionan más la desobediencia y la acción directa; la noción de que los procedimientos formales no sirven y hay que protestar del modo que sea, porque es la única manera de hacerse escuchar. Hay que decir que esto atraviesa a toda la sociedad.
–Esta lectura contrasta con la de que los incidentes hayan sido causados por determinados grupos políticos.
–También la mayoría de los usuarios lo entiende así: el 58 por ciento sostuvo que los incidentes de Constitución habían sido “espontáneos, fruto de la bronca de los usuarios”; es cierto que el 24 por ciento creía que “sí, fueron planificados” y que el 14 por ciento pensaba que “no en un principio pero después se sumaron grupos”. En los últimos dos años se registraron más de 12 de estos hechos, incluyendo quemas de vagones, ataques a boleterías y, lamentablemente, a empleados. Expresan un malestar que se desata ante algún hecho como lo fue, en Haedo, que se incendiara un vagón. No son personas previamente organizadas: son usuarios, no comparten más que el hecho de viajar en el tren y, cuando el tren no funciona, comparten la convicción de que el servicio es pésimo.
–¿Cómo califican los usuarios el servicio de trenes?
–El 53 por ciento de los encuestados les pone menos de cuatro en una escala de 0 a 10; el 40 por ciento, entre cuatro y seis; menos del siete por ciento los califica con siete o más. En promedio, la nota es 3,3.
–¿A quién culpan los encuestados por las deficiencias del servicio?
–Para el 64 por ciento, el principal responsable es la empresa concesionaria; para el 28 por ciento, es el gobierno nacional. Sin embargo, desde el jueves pasado el Gobierno viene actuando más bien como vocero de la empresa concesionaria. Niega la responsabilidad de la empresa, y la suya propia, con un discurso macartista que agita el fantasma de grupos de izquierda o de centroizquierda, sujetos externos que nunca pueden llegar a precisarse. Cuando sucedió lo de Haedo, el Gobierno instaló la idea de que lo había promovido el grupo Quebracho. En la investigación judicial, eso nunca se verificó. Decían que había bidones de nafta, que se había arrojado una bomba molotov: el juez ordenó rastrillar las vías y lo único que encontraron fue una petaca de whisky. Pero la investigación lleva tiempo y, durante los dos o tres días que importan, queda instalado en la prensa el discurso del “grupito de activistas”.
–¿Y esta semana en Castelar?
–Todo indica que fue muy parecido. Los disturbios empezaron antes de las siete de la mañana. No hay ningún registro de que a esa hora actuaran grupos organizados. A las nueve llegaron militantes de la zona a volantear. También aparecieron grupos marginales y hubo robos, que, hay que anotarlo, sólo sucedieron en Haedo en 2005 y esta semana en Castelar. En la gran mayoría de las protestas no hubo saqueos. Pero lo que me llama mucho la atención es que el Gobierno sostiene posiciones muy distintas según se trate del ex Roca o del ex Sarmiento.
–¿Por qué sería cambiante la posición del Gobierno?
–Cuando se produjeron incidentes en Constitución, el Gobierno no compró el paquete armado por la concesionaria, que también reducía todo a una conspiración de activistas: el Gobierno reconoció la responsabilidad de la empresa y le retiró la concesión. Muy distinta fue su posición cuando sucedió lo de Haedo y, esta semana, lo de Castelar. El Gobierno se porta así con la empresa TBA, que ha mostrado graves problemas de prestación, con muchas demandas judiciales. Esta empresa tiene un cuasimonopolio del transporte del oeste, donde también maneja las principales líneas de colectivos. No sé a qué podrá deberse esta posición del Gobierno...
–¿Qué vías de solución proponen los usuarios?
–El 37 por ciento de los encuestados propone “multar a la empresa”; el 22, “rescindir los contratos”. Es decir que en su mayoría plantean aplicar los mecanismos reglamentarios existentes. Y una minoría que no deja de ser importante, próxima al 20 por ciento, plantea “estatizar el servicio”. Quiero destacar también que la gran mayoría de los usuarios toma el tren para ir a trabajar: el 86,4. Esto podría parecer una obviedad, pero hay que observar que los problemas en los trenes producen alteraciones importantes en la economía de la población: pierden el presentismo, pierden horas remuneradas. No es simplemente viajar incómodo. Y algo que aumenta el malestar es el anuncio del tren bala: a los usuarios los indigna porque ellos probablemente no viajen nunca en el tren bala, pero están condenados a viajar toda la vida en estos trenes.
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