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Con una interpelación pendiendo como una espada sobre su cabeza, el procurador porteño Pablo Tonelli decidió redoblar la apuesta y presentó una ampliación de las más de 400 recusaciones al juez Roberto Andrés Gallardo. Allí señaló que las declaraciones del magistrado en la conferencia de prensa que dio en la Legislatura dan por probada su “enemistad manifiesta”. En tanto, el gobierno porteño siguió recibiendo repudios, esta vez de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y hasta del Colegio de Magistrados porteño.
A raíz de la muerte de un bebé en un centro de refugiados en Parque Roca por falta de atención médica, Gallardo citó a Macri y a sus funcionarios a una audiencia para que dieran explicaciones. Cuando faltaron, el juez allanó siete dependencias del gobierno porteño para recabar información. Ese mismo día, Tonelli le inició una querella por daños y perjuicios y lo recusó en todas las causas de su juzgado, un hecho del que nadie recuerda precedentes en el sistema judicial. La medida generó el repudio unánime de los legisladores de la oposición, que acompañaron a Gallardo en una conferencia de prensa que dio en la Legislatura.
Tonelli resolvió plantear esa conferencia como una causal más de las más de 400 recusaciones. El procurador señaló que el juez tiene “un odio y una enemistad manifiesta” hacia el gobierno porteño. La Cámara en lo Contencioso le corrió vista a Gallardo, quien contestó que “no se puede tener enemistad ni odiar a una entidad jurídica”. El juez también recordó que el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra lo recusó en su momento por “enemistad manifiesta” y que la Cámara ya lo había rechazado.
Pese a la nueva arremetida judicial, en el entorno de Tonelli los pronósticos sobre el fallo de la Cámara no son nada optimistas. Estiman que en la decisión de los camaristas va a pesar más “la corporación judicial”. No les resultaba un buen augurio que ayer haya emitido un comunicado crítico al fallo el Colegio de Magistrados, que agrupa a buena parte de los jueces de la ciudad.
El gobierno de Mauricio Macri también recibió una “carta pública en defensa de la independencia del Poder Judicial” firmada por un centenar de organizaciones, en la que plantearon su rechazo porque “jaquea la división republicana de poderes y socava el estado de derecho”. “El comportamiento del Poder Ejecutivo local se presenta como un asalto a los derechos más fundamentales de cientos de miles de habitantes”, cuestionaron en la carta que firmaron, entre otros, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, LADH, MEDH. ACIJ, CTA Capital, comedores barriales y vecinos de la Villa 31 bis.
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