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El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, insistió ayer en criticar a Estados Unidos por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson, a la vez que el embajador de ese país en Buenos Aires trató otra vez de enfriar el conflicto con declaraciones conciliadoras. Así fue la saga del duro comunicado del jueves de la Cancillería, señalando que las relaciones con Washington estaban “afectadas” por la actuación del fiscal Tom Mulvihill y el FBI avalando los dichos del testigo protegido Guido Antonini Wilson, que involucran a funcionarios argentinos en el caso de la valija que quiso ingresar a la Argentina en agosto de 2007.
El único funcionario de primera línea de la Casa Rosada que volvió a hablar del tema ayer fue Fernández. El ministro de Justicia señaló que es “preocupante” que “en vez de conducir las relaciones el Departamento de Estado, las quiere conducir el FBI”.
“Los fiscales y el FBI dependen de la Secretaría de Justicia y en ese marco quisiera que esa misma secretaría tomara cartas en el asunto y separaran la paja del trigo”, afirmó el ministro. El gobierno argentino sostiene que los fiscales y el FBI dependen de la Casa Blanca y le hacen un grave daño a la Argentina al validar como ciertas las declaraciones de Antonini Wilson, quien afirmó que los casi 800 mil dólares que quiso entrar al país estaban destinados a financiar la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner y que quien le pidió que llevara esa valija fue el ex funcionario argentino Claudio Uberti.
“Este personaje dice que tiene un montón de cosas para decir y nosotros queremos que las diga”, señaló Fernández. Cuando un periodista le señaló que Antonini Wilson había dicho que si hablaba “van a ir todos presos”, el ministro respondió: “Eso es lo que quiero, que hable. En Argentina esas cosas se llaman correr con la vaina y no me gusta, que venga y que hable, que no se calle nada y cuente todo lo que tiene que contar”.
Además, Fernández insistió en pedir que Estados Unidos, “si realmente tiene la vocación de respeto y libertad por la Justicia”, acceda a extraditar a Antonini Wilson para que afronte la causa judicial que tiene abierta en la Argentina por querer ingresar ilegalmente los 800 mil dólares.
“No podemos perder de vista que Argentina fue la que impidió que esa valija entrara al país, la que judicializó el tema, la que decomisó el dinero que aún está en esa situación. Esa valija no entró a la Argentina porque el Estado argentino se lo impidió y está decomisada por el Estado argentino y está siendo juzgado por Argentina. Hay cuatro pedidos de extradiciones que no funcionaron”, aseguró.
En cambio, el embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, insistió ayer con las declaraciones conciliadoras, en esta ocasión aprovechando el éxito de un operativo conjunto de la DEA estadounidense, la Policía Federal y Gendarmería que desarticuló una banda de narcotraficantes. Ya la embajada estadounidense había dicho el jueves que Estados Unidos y Argentina seguían teniendo “un vínculo profundo”, a la vez que señalaba que los fiscales y el FBI actúan en forma independiente de la Casa Blanca. “Quiero enfatizar y enunciar en la forma más clara posible que este caso no tiene que ver con las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina, y no está dirigido contra las autoridades argentinas”, dijo Wayne.
Y ayer, en la misma línea conciliadora, en un comunicado difundido a propósito del operativo antidroga, Wayne señaló: “Ofrecemos nuestras sinceras felicitaciones a nuestras contrapartes argentinas en esta operación. Esta es una de muchas instancias en las que fuerzas argentinas y estadounidenses de ejecución de la ley trabajan efectivamente en forma conjunta a fin de proteger a ciudadanos de ambos países de las actividades de las drogas ilegales, ya sea con cocaína, precursores químicos, heroína u otras sustancias. Esta excelente cooperación tiene continuidad en el tiempo y es importante por el bien de nuestras sociedades”.
Por fuera del Gobierno, hubo varios dirigentes que salieron a criticar la posición de Estados Unidos en el caso Antonini Wilson, entre ellos el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el titular de la Federación de Tierra y Viviendas, Luis D’Elía (ver aparte). Y desde el Congreso el vicepresidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, José María Díaz Bancalari, también jugó fuerte. “Está claro que ésta es una operación de poca monta orquestada por un FBI para desestabilizar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el diputado.
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