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El martes 16 el jefe de Estado Mayor del Ejército acompañó a la ministra de Defensa a una inusual presentación en el Colegio Militar de la Nación: una película documental dirigida por el realizador chileno Patricio Henriquez, titulada Desobediencia. Nilda Garré tuvo una intervención particularmente activa, mientras Roberto Bendini se mantuvo taciturno y silencioso. Esa mañana la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado procesarlo por peculado en una causa iniciada hace cinco años. Nadie más lo sabía.
La investigación la realizó la SIGEN, la denuncia judicial la hizo la Oficina Anticorrupción, a cargo entonces de Daniel Morín, y el seguimiento de la causa la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, cuyo titular es Manuel Garrido, designado en el cargo por Néstor Kirchner. Bendini desvió hacia una cuenta particular fondos de la Brigada de Infantería Mecanizada XI de Río Gallegos, con los que se efectuaron gastos sin comprobantes por medio millón de pesos. El trámite fue lento, con una tentativa del juez federal de Río Gallegos por enviarla a la justicia militar, que naturalmente no prosperó, y con el dictado de una falta de mérito. Pero el martes 16 todos los plazos habían vencido y ninguna argucia pudo evitar el desenlace. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó procesarlo.
La proyección de Desobediencia y el debate posterior con los cuatrocientos cadetes de tercero y cuarto año y sus docentes del cuerpo de instructores en el auditorio central del Colegio Militar fueron organizados por el Ministerio a partir de un contacto con la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que copresiden Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal general Hugo Cañón. El propósito de promover una discusión sobre la obediencia y sus límites en términos éticos, jurídicos y profesionales, se cumplió con creces. Asistió el director Henriquez, cuyo documental refleja tres casos reales: los del teniente coronel chileno Efraín Jaña, quien en 1973 desobedeció las órdenes de torturar y fusilar a disidentes políticos con la dictadura del general Augusto Pinochet, el soldado estadounidense Camilo Mejía, quien prefirió ser juzgado en una corte marcial antes que seguir participando en la que calificó como “guerra del petróleo” en Irak, y el del soldado israelí Igal Vega, quien se negó a disparar contra civiles y niños palestinos.
El debate se extendió por casi dos horas e intervinieron más de quince cadetes. Pero antes de que los jóvenes hablaran pidió la palabra un teniente coronel que participó en la guerra de las Malvinas.
–A los militares no les corresponde determinar si una guerra es buena o mala –dijo.
Esta afirmación fue recibida con un sostenido aplauso, algo que no es habitual en encuentros castrenses. Bendini seguía con cara de nada. Sin alterarse, la ministra de Defensa respondió que coincidía con que la decisión de ir a la guerra corresponde a las autoridades políticas y no a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero en la película se han visto otras cosas, sobre las que es preciso reflexionar.
–¿Acaso usted torturó? –preguntó a su interlocutor.
–No, nunca -–saltó el aludido, cuya carrera castrense comenzó después de concluida la dictadura militar.
–¿Alguna vez abrió fuego sobre población civil?
–No –contestó.
Esas son las órdenes que recibieron los militares que vimos en la película y que se negaron a obedecer.
Otro teniente coronel pidió la palabra:
–Está claro que cuando se imparte una orden manifiestamente ilegal, un militar tiene el derecho y el deber de desobedecerla y a quien habría que sancionar es a quien dio esa orden –dijo.
La conversación se extendió entonces en un clima muy distinto al inicial. Luis Tibiletti, retirado en 1981 como oficial subalterno por disentir con el gobierno militar y actual director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa “Manuel Belgrano” recordó que durante su formación, hace cuarenta años, le habían proyectado con fines didácticos en el mismo Colegio Militar la película ítalo-argelina La batalla de Argel, donde se describen las torturas aplicadas a los nacionalistas argelinos por el Ejército colonial francés. No había por entonces representantes del gobierno civil presentes ni posibilidad de debate. Sólo se trataba de aprender una técnica que luego se aplicaría contra el pueblo argentino. Esta vez se discutió la reacción frente a órdenes manifiestamente ilegales, la importancia del contexto histórico para valorar los casos expuestos en la película, la centralidad del análisis legal y moral en las decisiones profesionales, la autonomía individual y su relación con la estructura militar y la diferencia en el acatamiento de órdenes dadas por autoridades democráticas y gobiernos de facto. Al concluir el encuentro, el director del Colegio Militar, general de brigada Gustavo Roberto D’Amico, dijo que debía admitir que habían llegado al acto con muchas reservas, disipadas con la proyección y el debate. No se trataba de discutir acerca del pasado sino sobre los dilemas que enfrentan los militares hoy, en situaciones de guerra que pueden encontrar en el futuro.
El día anterior la misma experiencia se había realizado para doscientos cadetes de la Escuela Naval Militar de Río Santiago. Muchos de ellos opinaron sobre el documental e hicieron preguntas al director y lo mismo ocurrió con sus oficiales instructores. Pero a diferencia del Colegio Militar, el Director de la Escuela Naval intervino al principio e ilustró la problemática de la obediencia y los dilemas morales planteados por el film con ejemplos de experiencias personales. Nadie eludió las situaciones extremas y los conflictos de intereses y las propias autoridades de la Armada impulsaron la proyección en la Escuela de Guerra Naval, donde se forman los oficiales superiores. Al concluir la jornada en el Colegio Militar, Garré voló a Chile, para representar a la Argentina en las celebraciones del Día de la Independencia, el 18 de septiembre, y de las glorias militares, el 19. Allí estaba, el jueves 18, cuando desde Buenos Aires le informaron el procesamiento del jefe del Ejército por peculado. Una vez confirmada la información, Garré la comunicó por teléfono a la presidente CFK, quien ultimaba los preparativos para su viaje a Nueva York. La respuesta oficial fue fulminante. Dos horas después Bendini había presentado su solicitud de pase a retiro. Al día siguiente lo sucedió el segundo jefe, general Luis Alberto Pozzi. Fue la decisión menos traumática, dado que no obliga a practicar otros cambios de personal en una estructura sacudida por la investigación a seis generales, cuatro de ellos en actividad, y a otros cuarenta oficiales por asociación ilícita y defraudación. Es probable que Bendini también deba responder ante la justicia por esa causa, ya que la auditoría interna del ministerio y el fiscal Eduardo Taiano, quien lleva adelante la acusación, comprobaron idénticos procedimientos ilegales en las compras del Cuerpo de Ejército III, los comandos de Operaciones Terrestres y de Aviación, el batallón de Intendencia 601 y la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército. Lo único que tienen en común es su dependencia jerárquica de Bendini.
En la misma semana el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, ejerció su derecho de defensa en la causa iniciada por el espionaje interno prohibido por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. La investigación comenzó en la base aeronaval de Trelew, donde trabajaba el cabo Carlos Alegre, quien denunció al CELS lo que allí ocurría. La documentación secuestrada en diversos allanamientos demuestra que no actuó una patrulla perdida sino la Armada, en cumplimiento del Plan Básico de Inteligencia que Godoy firmó en 2005 y que se aplicó en todas las unidades para suministrar al propio Godoy las informaciones que consideraba necesarias en su tarea institucional. El Plan firmado por Godoy menciona un decreto derogado en 1979 y ordena la producción de inteligencia sobre las denominadas “amenazas asimétricas”, que incluyen narcotráfico, tecnologías intangibles, éxodo de científicos, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y “cualquier otra cosa que como tal se manifieste”.
Godoy apuntó hacia abajo, a subordinados cuyas tareas ilegales él no habría ordenado, y hacia arriba: el Plan Básico de Inteligencia Naval no sería una pieza aislada o independiente ni un programa elaborado en forma autónoma, sino parte del Plan de Inteligencia Estratégica Militar que elabora el ministerio de Defensa, según la Apreciación de Inteligencia Estratégica Nacional y el Plan de Inteligencia Nacional producidos por la secretaría de Inteligencia de la presidencia. Todo ello de acuerdo con la Directiva Estratégica Militar 1/99 (refrendada por el ministerio de Defensa y la presidencia de la Nación) en los últimos meses del gobierno de Menem, y que Kirchner recién anuló en 2006. Aquella DEMIL 1/99 asignó a la Armada identificar amenazas relativas a fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, tráfico ilícito de drogas, tráfico de material sensible (nuclear, químico y bacteriológico), riesgos de desastres naturales provocados, transferencia de tecnología sensitiva, piratería más allá de las 12 millas náuticas, terrorismo internacional. La misma directiva le fijó como intereses en el Noroeste y el Noreste el narcotráfico y el terrorismo y el intercambio de información al respecto con Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia y Uruguay. Aun si se diera por bueno este descargo, dejaría sin explicar el espionaje realizado sobre docentes, estudiantes, sindicalistas, piqueteros, organizaciones de derechos humanos y asociaciones culturales de las colectividades mapuche y sirio-libanesa y la orden de fotografiar a quienes fueron a ver la película de Mariana Arruti sobre la fuga de la cárcel de Rawson y los fusilamientos de Trelew. Tampoco cubriría la investigación ilegal sobre la dirigencia política de Puerto Madryn de la que Godoy se sirvió en las negociaciones que él en persona condujo para canjear terrenos de la Armada por la construcción de viviendas para su personal. Sus subordinados chocaron incluso con personal de otras dependencias del Estado, como la Dirección de Migraciones, que se negó a suministrarles información sobre un ciudadano palestino casado con una argentina y con radicación definitiva en el país. El astuto agente 89 naval fotografió en Tucumán “leyendas de corte netamente islámico”. Era una asociación que da cursos de idioma y cultura árabes. Después de Godoy declaró el segundo jefe, Benito Rótolo y ahora debe pronunciarse el juez Hugo Sastre, el mismo que reconstruyó los detalles de la masacre de Trelew de 1972 y obtuvo la detención del fantasmal capitán Sosa.
El relevo del jefe del Ejército y la indagatoria al jefe de la Armada por espionaje muestran un funcionamiento institucional sin interferencias políticas, que desconcierta a quienes terminan creyendo sus propias acusaciones sobre la falta de independencia de la justicia. Lo mismo ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el respaldo unánime de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario al juez Roberto Gallardo, un modelo de independencia, quien había sido recusado en 700 causas por el gobierno del hombre de negocios dudosos Maurizio Macri, y cuyo juicio político también intentó promover su antecesor, Aníbal Ibarra.
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