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Hace rato que la política argentina gira alrededor de dos herramientas de acumulación de fuerzas: la base territorial de los dos grandes partidos tradicionales y la emergencia de líderes de opinión que alcanzan cierta cota de popularidad. Después de la catástrofe de 2001, el sistema de partidos no implosionó –como ocurrió en otros países de la región– ni se mantuvo inalterado. El justicialismo y el radicalismo permanecen como las dos grandes fuerzas con peso nacional, pero tienen que negociar con figuras crecidas fuera de sus filas –o dentro de ellas pero con amplia autonomía– para asegurar su supervivencia y estructurar su oferta electoral.
En la última elección nacional, el radicalismo recurrió a la alianza con Lavagna, para sostener, aunque sea en medida muy acotada, su presencia electoral. Podría decirse, en cambio, que el peronismo presentó una “candidata propia”. Sin embargo, los Kirchner forjaron su capital político principal estableciendo distancias con el aparato partidario y hasta congelando su funcionamiento en procura de construir un movimiento que lo superara en el tiempo. Desde 2001 en adelante las competencias electorales argentinas se organizan en torno de coaliciones de apoyo a determinadas candidaturas centrales, más que a partidos políticos. Son, en muchos casos, “coaliciones sin partidos”, en cuanto, a excepción del peronismo y el radicalismo, el resto de las agrupaciones tiene una existencia volátil y muy tributaria de los pasos tácticos de sus líderes frente a distintas coyunturas políticas.
El desenlace del conflicto agrario insinúa algunas novedades en esta configuración. El radicalismo, que buscaba un candidato a cuyo alrededor reagrupar su extendida estructura territorial, parece haberlo encontrado, curiosamente, en un dirigente muy recientemente expulsado de sus filas. En efecto, el vicepresidente Cobos se ha situado en ese lugar a partir de que las encuestas revelan el amplio apoyo popular cosechado por votar en contra del gobierno del que forma parte en la sesión del Senado que trató el proyecto oficial sobre las retenciones móviles a las exportaciones agrarias. La ingeniería radical no será sencilla: a la empresa de construir la oposición durante los tres años que quedan del actual mandato desde las propias filas del gobierno no sería fácil encontrarle antecedentes internacionales. Más aún, esa línea de acción sería inconcebible en cualquier país cuyo sistema de partidos no hubiera atravesado el estremecimiento que sacudió al nuestro. Pero todo indica que ni los deberes institucionales de la vicepresidencia de la república, ni el formalismo de los tribunales de disciplina partidarios podrán constituirse en argumentos de peso para que el radicalismo no haga girar su estrategia electoral próxima alrededor del mendocino. Siempre, claro está, que siga manteniéndose alto en las encuestas.
El justicialismo también sale del encontronazo agrario con un paisaje transformado. Recién reorganizado bajo la conducción de Néstor Kirchner, el partido vive un alto grado de debate interno después del traspié gubernamental de julio. Para muchos caudillos peronistas, la próxima elección define la suerte del partido hacia 2011 y esa suerte no se considera necesariamente asociada a la de Cristina y Néstor Kirchner. Las fronteras entre los que habían quedado fuera y dentro del PJ se han diluido considerablemente y todo indica que no tendrán relevancia central en el próximo período.
Con estas novedades se insinúa un reagrupamiento político en torno de los dos grandes polos de la política argentina de los últimos sesenta años. “Panperonismo” y “panradicalismo” podría llamarse actualmente a esos centros de atracción. Es decir que estarían conformados no solamente por quienes ostentan actualmente una u otra pertenencia orgánica, sino por quienes estén dispuestos a reconocer su lealtad a esas identidades políticas por encima de las vicisitudes a las que la compleja historia reciente del país los haya llevado. Esta tendencia, embrionaria y no necesariamente destinada al éxito, abriría interrogantes sobre qué figuras ocuparán en el futuro próximo el centro del tablero político. Después de la elección del año pasado, ese lugar aparecía claramente ocupado por Cristina y Néstor Kirchner desde el gobierno y por Elisa Carrió y Mauricio Macri desde la oposición; ninguno de ellos ha desaparecido de la escena, pero la comparten con otros actores individuales y colectivos.
No faltará quien considere una novedad muy interesante algo que podría titularse “el regreso de los partidos”. Sería una vuelta al orden después de un interregno caótico, el retorno de las instituciones después del entusiasmo “populista”. Todo ese argumento funcionaría bien si no fuera porque el bipartidismo que hoy se quiere aggiornar fue una de las claves de la crisis argentina de principios de esta década. Constituía un sistema partidario sin claves políticas diferenciadoras, en el que dos partidos luchaban en pos de alcanzar el gobierno para aplicar políticas similares, políticas que ambos decían combatir cuando estaban en la oposición. La inexistencia de principios diferenciadores vacía el contenido de la lucha política, la reduce al puro marketing electoral.
Esa diferencia política ha sido puesta en escena por los gobiernos kirchneristas. La existencia de una idea de Argentina asociada a la reindustrialización competitiva y a la redistribución social y otra que quiere “aprovechar la oportunidad” de los precios de los alimentos para agrandar la torta y después pensar en repartirla (textual del senador Urquía en la célebre sesión del Senado) ha quedado dibujada en la política argentina. Por más que no todos los que apoyen al Gobierno estén de un lado ni todos los que lo enfrentan estén del otro, esa línea divisoria está planteada. Y sería un curso muy positivo que la política y los partidos pudieran diferenciarse claramente en relación con ella.
¿Será la estrategia del kirchnerismo hacia la elección de 2009 la de la supervivencia política sobre la base de sumar los votos distritales históricos del peronismo como manera de capear el temporal de estos meses? Lo más probable, en ese caso, es que los votos que sume de esa manera no sean propios sino de quienes, desde la elección en adelante, encabecen el operativo de deskirchnerización del peronismo. La propuesta de construcción de un eje de diferenciación política entre centroizquierda y centroderecha –concebido como superación y no como renuncia a las identidades políticas históricas– quedaría reducida a una anécdota menor crecida en el desconcierto de la crisis.
No es lógicamente esperable que el Gobierno renuncie al caudal decisivo del peronismo en elecciones gravitantes como las legislativas del año próximo. Más por necesidad colectiva que por convicción, es también probable que los caudillos provinciales, en su gran mayoría, terminen alineándose con el oficialismo ante la amenaza de un retroceso conjunto del justicialismo. Lo que, en cambio, sí está en juego es la capacidad y la voluntad del kirchnerismo de reformular los términos nacionales en los que se plantee la elección. Esta reformulación haría necesario el lanzamiento de un plan estratégico que trascendiera los liderazgos circunstanciales y pudiera movilizar expectativas sociales que se han reducido en el último período; una convocatoria a un proyecto de desarrollo productivo, inclusivo y con una fuerte definición de integración regional como modo de inserción en el mundo.
Por ahora lo que aparece como línea de acción gubernamental es una combinación de medidas aisladas de recuperación salarial y solución de conflictos económicos con el armado de una ingeniería electoral por distrito que tienda a ordenar su propia tropa para las elecciones. La confianza está depositada en que las aguas de la crisis bajen y las medidas “hablen por sí mismas”. Parece más bien la inercia de una estrategia exitosa en otros tiempos que un curso innovador a la altura de las complejidades actuales. No alcanza para conjurar lo que se insinúa como una normalización conservadora de la política argentina.
* Politólogo.
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