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“No es una declaración de guerra contra el Gobierno, en todo caso es una guerra contra la corrupción.” Con esta definición, la Coalición Cívica, la UCR y el PRO decidieron unir fuerzas y avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto que los tres estudiaban por separado: el pedido de juicio político al ministro de Planificación, Julio De Vido. Las acusaciones van desde el mal desempeño hasta la participaron de funcionarios de su cartera en los casos de Southern Winds y Skanska y la falta de controles en Aerolíneas Argentinas. Pero el eje del reclamo pasa por el escándalo que desató el valijero venezolano Guido Antonini Wilson.
Los diputados que responden a Elisa Carrió y Mauricio Macri encabezaron la embestida contra De Vido, a la que luego se plegó el radicalismo con sus propios argumentos. El lilito Adrián Pérez, el macrista Federico Pinedo y Oscar Aguad, por la UCR, encabezaron la rueda de prensa en la que anunciaron el pedido de juicio político.
En los fundamentos del proyecto hay una lista de “irregularidades”. Pero la mayor parte de su argumentación está dedicada a la participación de funcionarios del Ministerio de Planificación en el vuelo que trajo desde Caracas a Antonini Wilson y la valija con 800 mil dólares. “Es un hecho de corrupción que está debidamente acreditado en la Justicia argentina y en el juicio que se lleva a cabo en los Estados Unidos”, insistió Pérez.
La argumentación repasa la participación en ese hecho del ex titular del Occovi, Claudio Uberti, a quien Wilson señaló ante la Justicia estadounidense como propietario de la valija repleta de dólares, y del presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza, que contrató el jet privado en el que también viajaron funcionarios de la petrolera venezolana Pdvsa. Señala el pedido que realizó el ex canciller Rafael Bielsa, al entonces presidente Néstor Kirchner, para que lo releve de las relaciones comerciales con Venezuela. “Las relaciones económicas con el régimen del señor Chávez estaban en manos de De Vido, en una suerte de diplomacia paralela”, aseguran.
El pedido incorporó varios de los puntos que el radicalismo había desarrollado en su proyecto: el “fracaso” en las políticas sobre energía, transporte e infraestructura y el “incumplimiento normativo” en el nombramiento de funcionarios para los entes de control como Energas, y Occovi, donde los designados terminaron eyectados de esos organismos por los “escándalos de corrupción” de Skanska y la valija de Antonini Wilson. La lista se completa con la acusación de “desvío de fondos públicos” para Atucha II y la contratación de un “costoso” buque con gas comprimido; el deterioro de las redes ferroviarias y la insistencia en la construcción del tren bala, y la falta de controles que terminaron con el vaciamiento de Aerolíneas.
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