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En búsqueda de documentación probatoria de irregularidades en compras y contrataciones por cerca de 80 millones de pesos, la Policía Federal realizó 86 allanamientos en unidades militares y en domicilios de supuestos proveedores del Ejército. El 7 de agosto pasado, la ministra de Defensa, Nilda Garré, presentó una denuncia penal por asociación ilícita, cohecho y malversación de fondos y ordenó el pase a disponibilidad de cuarenta y cuatro altos oficiales involucrados en esas maniobras. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso ayer los operativos y el secreto de sumario. Seis generales –cuatro en actividad– integran la lista de sospechosos que fueron desplazados. Varios de ellos compartían el círculo de confianza de Roberto Bendini, el jefe del Ejército que pidió el retiro hace quince días al ser procesado por peculado en otra causa iniciada en el 2003 en Santa Cruz.
Los operativos supervisados por el fiscal Eduardo Taiano comenzaron a las 10 en el Batallón de Intendencia 601, de El Palomar, y en la guarnición militar de Campo de Mayo, donde se requisaron ocho dependencias. También en oficinas de la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército, ubicadas en la localidad de Ciudadela y en San Telmo. Más allá de la documentación contable recabada en las tres unidades militares, unos doscientos policías realizaron allanamientos en varias de las direcciones de los supuestos proveedores en José C. Paz, en San Miguel, en La Plata y en Tucumán, Salta y Formosa. En contrataciones y compras irregulares se calcula que se habrían desviado unos 80 millones de pesos.
El minucioso seguimiento coordinado por el auditor de la cartera de Defensa Jorge Argüello encontró vínculos comerciales y familiares entre algunos oferentes y los militares que participaban en las adjudicaciones. Como informó PáginaI12, en la denuncia se detalla, por ejemplo, que el capitán Víctor Hugo Tolosa tiene el mismo domicilio y teléfono que el oferente Mariano Tolosa. También lo comparten con la empleada de la Contaduría del Ejército María Fernanda Iglesias, que proveyó bienes al Ejército por 123.000 pesos en 2007. El sargento Alberto Armendáriz tiene el mismo domicilio que el proveedor Fernando Rosso. El suboficial Miguel Valenti tiene el mismo domicilio que la proveedora Sandra Avalos; el suboficial Juan Carlos González el mismo domicilio que la proveedora Mercedes Mura; la proveedora Fany Luna declara la casilla electrónica del suboficial de contabilidad y finanzas Daniel Zarratea; el teniente coronel José Fermín García estuvo casado con la proveedora María Luisa Macedo y es padre de tres proveedores García Macedo. El mayor Jorge Baffigi comparte el domicilio con tres oferentes y el mayor Mario Torre con otros dos. El suboficial Domingo Tudor tiene el mismo domicilio y teléfono que la proveedora Mabel Tudor. Esa información sirvió de base para algunos de los operativos que dispuso ayer la Justicia.
El fiscal Taiano consideró que hay “serios indicios” de actos simulados de competencias entre oferentes “para adjudicar contrataciones determinadas de antemano”. Allegados a la investigación señalaron que Taiano detectó compras ficticias, falsificaciones de firmas y contratos con proveedores que se dedicaban a rubros distintos a los requeridos, entre otras irregularidades. A principios de septiembre, al explicar los alcances de las maniobras detectadas, Argüello junto a Garré precisó ante unos noventa altos oficiales que se realizaron 30 auditorías en 2006 y 70 en 2007. “De los 1317 expedientes que fueron analizados por este caso, 583 habían sido manipulados con modificaciones de folio, falsificaciones de firmas u otro tipo de acciones delictivas”. “Estas no son maniobras administrativas. Hubo un núcleo que organizó la red y se podría estar ante un caso de asociación ilícita, uno de los delitos graves castigados por el Código Penal”, reforzó entonces la ministra.
Como consecuencia de la primera presentación ante la Justicia pasaron a disponibilidad los generales Eduardo Salvador Gibelli y Mario Fernando Troncoso y los coroneles Néstor Hugo Korbs, José Luis Giro Martín, Andrés Andreotti, Oscar Rubén Frascaroli y Alberto José Bonetti, entre otros altos oficiales. También fueron denunciados los generales retirados Raúl Horacio Gallardo y Héctor Mario Giralda, que estaban recontratados. El 17 de septiembre, Garré amplió la denuncia y otros dos generales vieron tronchadas sus carreras: el comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Gustavo Gabriel Schurlein, y el jefe del Comando de Aviación del Ejército, Gustavo Serain. Schurlein había sido el único uniformado que el día en que Garré y Argüello, munidos de un didáctico power point explicaron los manejos non sanctos, intentó una justificación amparándose en los engorrosos mecanismos burocráticos que obstaculizaban las compras. El argumento fue refutado por los funcionarios.
En total cuarenta y cuatro militares, la mayoría en actividad, fueron desplazados. Noventa civiles, categorizados como proveedores, también están bajo la lupa judicial. De la investigación surgirán las responsabilidades penales: ayer empezaron a acumularse las pruebas que motivarán las primeras citaciones a declaración indagatoria de los involucrados de autorizar las compras y contrataciones sospechadas.
La oficina de prensa del Ejército informó ayer que se aportó “como corresponde” todo lo requerido por la Justicia. “Cada vez hay menos generales, pero todo está bien”, deslizó con ironía un funcionario en el Edificio Libertador. Bendini, después de cinco años y cuatro meses en el cargo, se vio obligado a pedir el retiro: la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la falta de mérito que le había dictado la justicia en primera instancia y lo procesó por peculado. El general que había sido designado por Néstor Kirchner y ratificado por Cristina Fernández está siendo investigado por el manejo irregular de 500 mil pesos mientras ocupó una jefatura en Santa Cruz. La Presidenta lo reemplazó ascendiendo a su segundo Luis Alberto Pozzi, quien debutó con una denuncia de un proveedor por contrabando.
Anteayer pidió el pase a retiro el director de Logística, el general Juan Carlos Schulz. Ayer PáginaI12 informó que el jefe del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, Sergio Fernández, incurrió en falso testimonio para favorecer al represor Julio Rafael Barreiro. La acusación surge del fallo del tribunal oral de Corrientes que condenó a cuatro represores. En el Edificio Libertador están expectantes por la actitud que tomará el fiscal: si se lo acusa y lo procesan analizarán qué hacer.
Faltan apenas tres meses para fin de año, el momento en que se redefinen las cúpulas militares en función de los ascensos, pero esta vez las causas judiciales por corrupción –o por espionaje– en el caso de la Armada (ver aparte) están provocando relevos anticipados. En el Estado Mayor Conjunto y en la Fuerza Aérea, por ahora, está todo bien.
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