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Cerca de las nueve de la mañana dos figuras solitarias se recortaban en la primera fila de la sala de audiencias, que estaba fría y vacía. Eran un ancho Emir Yoma y su abogado, el eternamente bronceado Mariano Cúneo Libarona. Después fueron apareciendo los demás acusados, curtidos por los años y –algunos de ellos– por su paso por la cárcel. Llegaron 17 pero, como ya estaba anunciado, faltaba el Jefe. Escudado en problemas de salud prefirió ahorrarse la exposición de este juicio oral y público de enorme envergadura, el primero que incluye a un ex presidente, y con un cargo tan grave como el contrabando agravado de armas. El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3), que lleva adelante el proceso, le perdonó a Carlos Menem este primer faltazo, pero ayer anunció que tendrá que presentarse en persona para escuchar la acusación fiscal en su contra, que podría ser leída dentro de un mes. Por si acaso, antes le enviará un médico oficial para “monitorear su salud”.
En nombre del ex presidente estuvo el abogado Omar Daer, un hombre desacartonado, de barba rasa, que empezó el día con un paquete de malas noticias para su cliente. Ya antes de entrar en el recinto, el TOPE 3 le notificó el rechazo a dos de sus principales planteos. Uno intentaba anular la indagatoria que le tomaron en 2001 por no estar “relevado del secreto de Estado”. Los jueces evaluaron que ese secreto cae una vez que el mandatario cesa en funciones. Otro recurso pretendía, como apuesta al paso del tiempo, la unificación de la causa sobre el contrabando de armas con el de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995, que sirvió para borrar rastros de esa venta ilegal y le valió al riojano un procesamiento por “estrago doloso agravado por muerte de personas”. Por lo pronto, los enjuiciamientos correrán por separado.
Apenas comenzó el juicio, que tardó trece años en llegar desde el inicio de la investigación judicial, un secretario anunció lo evidente: “No ha comparecido Carlos Saúl Menem”. Para calmar la ansiedad del público presente (escaso por cierto, prensa en su mayor composición) el presidente del tribunal, Luis Imás, dijo que la ausencia de Menem sólo está justificada hasta que llegue la lectura de los cargos en su contra. Más tarde, añadió que como medida complementaria le mandarán en los próximos cinco días un médico forense para que verifique su salud e informe si tiene algún límite de tolerancia para estar en una audiencia. Esto implica que no se descarta que Sus Señorías (o representantes) viajen a La Rioja para exponerle qué se le imputa. La Aduana, como querellante, pidió que se nombre un perito de parte para examinar, pero el TOPE se lo negó.
“Lo importante es la decisión de que el juicio empiece igual y que se ratifique que Menem, acá o en su provincia, tendrá que escuchar el requerimiento. Para mí como fiscal lo importante es que el proceso se haga y se llegue a los alegatos que permitirán que la sociedad vea lo que ha pasado”, comentó en el primer cuarto intermedio el fiscal Mariano Borinsky, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco). El defensor de Menem le dijo a PáginaI12 con aires de resignación: “Vamos a tener que programar que Carlos pueda viajar. La realidad es que está con un cuadro médico severo, con anemia y polimedicado”.
–Parece que eso no le impidió jugar al golf y salir a tomar café con los amigos –le señaló este diario.
–La actividad física es parte de su tratamiento –respondió seco.
Las picardías de Menem dieron lugar a toda clase de comentarios en la antesala y los intervalos. Al abogado denunciante Ricardo Monner Sans se lo escuchó compararlo, en una pequeña rueda con abogados de la Aduana, con el dictador Augusto Pinochet, “que subió al avión en Londres con un bastón y cuando llegó a Chile lo tiró y salió caminando”.
Bastante despreocupado por mostrarse en el juicio donde está acusado como partícipe de contrabando se lo vio al ex ministro de Defensa Oscar Camilión, que entró sonriente en los tribunales e hizo declaraciones a cuanto periodista lo abordó. Según su versión de los hechos, la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia “se trató más bien de una estafa, no sé si de un contrabando”, del que responsabilizó a traficantes, como Diego Palleros, también en el banquillo. “Menem no tiene nada que ver en esto, no sabíamos nada”, defendió. Otros implicados de esta historia, cuyos rostros son menos conocidos, hicieron un buen rato de sociales en el hall a primera hora de la mañana. Fue el caso de los hermanos Manuel y Jorge Cornejo Torino, director de Fabricaciones Militares el primero y ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero el segundo.
En su discurso inicial, el juez Imás hizo hincapié en varios temas que, pareciera, lo inquietan, igual que a sus colegas, Horacio Artabe y Luis Gustavo Losada: que el juicio será largo (se calcula una duración cercana a los ocho meses), cada audiencia también (ocho horas por lo menos) y –sobre todo– que habrá médicos por todas partes ya que se acaban de inaugurar tres salas de primeros auxilios en el edificio. Aclaró incluso que fue convocado especialmente un médico forense para estar siempre en el juicio.
El mensaje, en buena medida, iba dirigido a Menem. Pero luego hizo una generalización, en un expediente de tantos años, acerca de las “frecuentes enfermedades cardiovasculares y paros cardiorrespiratorios”. Más de uno de los presentes recordó que en el largo derrotero judicial fallecieron, entre otros, el ex canciller Guido Di Tella y el ex ministro Erman González. “Se han sumado tiempos y edades en los convocados a juicio”, se despachó Su Señoría. A Palleros, que fue obligado a asistir aunque alegó problemas de salud, le preguntó en medio de la audiencia y con micrófono cómo se sentía. “Estoy bien”, susurró el intermediario en el contrabando, de melena blanca y anteojos completamente negros, sentado dos filas atrás del ex asesor presidencial Emir Yoma.
Las primeras ocho a nueve jornadas serán tan tediosas como la de ayer, dedicadas, íntegras, a la lectura de cargos. Hay 20 requerimientos de elevación a juicio y en la fiscalía calculan que habrá cerca de un mes sólo de lectura en voz alta, para desgracia de los secretarios que cumplen esa función. Es “obligación” advirtió el juez Imás que cada acusado, no sólo Menem, esté presente cuando se describe qué se le imputa. Cada uno tuvo su papel preciso en el contrabando de 6500 toneladas de armas (buena parte de ellas del Ejército) que, en tres decretos firmados por Menem, tenían como destinos falsos Panamá y Venezuela, pero en realidad fueron a Croacia en siete embarques marítimos entre 1991 y 1995 y en tres envíos aéreos ese último año a Ecuador. En los Balcanes regía un embargo dispuesto por Naciones Unidas. Ecuador estaba en guerra con Perú y Argentina era garante de paz.
La sala del juicio es una especie de cajón rectangular en el subsuelo de los tribunales federales, con pequeñas ventanitas a lo alto de la pared que da a la calle y muchos carteles de prohibido fumar y comer. Entre imputados y acusados ocupaban hasta la mitad de las butacas. Como miran todo el tiempo hacia el tribunal y los televisores del circuito cerrado aún no funcionan, era difícil verles las caras desde el fondo, el lugar reservado para periodistas y cámaras de TV.
El día de ayer quedó ocupado por la lectura de parte de las acusaciones contra seis de los personajes implicados. El presidente del tribunal pidió uno a uno que se pusieran de pie. Inauguraron la ronda, por la mañana, la ex verificadora de la Aduana Teresa Cueto, una de las dos únicas mujeres que llegaron al banquillo, y los tres únicos que quedan detenidos en el expediente: el ex interventor de Fabricaciones Miliares (FM) y arrepentido Luis Sarlenga, el director de Coordinación empresaria Edelberto González de la Vega y el director de Producción (jefe de todas las fábricas) Angel Vicario.
Lo que se leyó, para empezar a refrescar la memoria, fue el trayecto de una porción de todo el envío ilegal de armas: la de 25 mil cargas de pólvora que salieron de la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba, pasando por Campana, rumbo al puerto de Buenos Aires para ser cargadas al buque Croata Line con destino a Croacia. A eso se sumaron 6250 bultos y proyectiles que partieron de Río Tercero y Río Cuarto. Las actas de FM decían que la pólvora había sido incinerada, pero la investigación que originalmente tuvo el juez de Bell Ville Edgardo Filippi mostró que había sido transportada en 107 camiones y 112 contenedores. A Cueto se la acusa de no haber verificado qué había dentro de los contendores. La intervención de Sarlenga, Vicario y González de la Vega fue clave para consumar los envíos y las exportaciones. Por la tarde, se escucharon las acusaciones contra otro ex gerente de FM, Carlos Núñez, y Manuel Cornejo Torino. Estos hechos ilustran la connivencia entre FM y la Aduana en la maniobra. Más adelante irán apareciendo las máximas responsabilidades militares, como la del ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik y las políticas, como la de Yoma y Menem, que llegaron acusados como autores directos del contrabando y podrían volver a ir presos (previo desafuero en el caso del ex presidente), como en 2001.
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