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“Me metí en política para ir de frente con la verdad, no para hacer más de lo mismo. No tenemos el dinero. No hay manera”, repitió Mauricio Macri el viernes por la mañana. Un hallazgo: tres mentiras en una sola declaración.
El siempre útil diccionario de la Real Academia Española define la mentira como “la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”. Macri sabía que después de nueve paros docentes su vapuleado ministro de Educación, Mariano Narodowski, se había tenido que sentar, en ese mismo momento, para discutir un aumento salarial con los gremios. Sabía por lo tanto que algo de dinero había y, en consecuencia, no hacía más que faltar a la verdad para hacer más de lo mismo: intentar disciplinar a los sectores que ponen en jaque sus decisiones. Su poder.
El 17 de julio los diecisiete sindicatos docentes de la ciudad de Buenos Aires –sí, un despropósito de atomización– habían anunciado que el segundo semestre estaría sembrado de protestas si no se abría la negociación salarial. El macrismo tardó dos meses en tomar en serio el conflicto. La contundencia de las medidas de fuerza intentaba ser contrarrestada con la fragmentación del sistema. La mitad de la educación es privada y los privados no paran, repetían en el PRO atendiendo a su clientela.
La protesta en las escuelas puso en evidencia la errática gestión del equipo del ex presidente de Boca. “No hay plata”, fue el latiguillo repetido hasta el hartazgo por “Mauricio”. El jueves pasado, a contramano de lo que habían hecho una semana antes, los legisladores PRO se avinieron a habilitar el proyecto para permitirle al Ejecutivo reasignar partidas presupuestarias y encontrar así fondos para saldar el reclamo. La iniciativa opositora consiguió la mayoría y el oficialismo se abstuvo. Le dieron al jefe de Gobierno la herramienta pero él se encaprichó: no la voy a usar, dijo esta vez.
Si hay una ley que refleja las prioridades de un gobierno esa es la ley de Presupuesto. Macri no estaba dispuesto a ceder.
No usó esa herramienta pero tuvo que ceder. Puestos a buscar, sus funcionarios encontraron plata. Eso sí, no mucha, y apelaron a lo que vienen denostando: sumas en negro. Montos fijos que no se incorporan al salario básico y por lo tanto no benefician a los jubilados ni a la obra social. La nueva política apeló al método que distorsionó la política salarial de todo el sector público durante los ’90, convirtiendo al Estado en el primer evasor. Prometieron sí que en febrero abrirían la discusión para blanquear esos montos fijos.
Acorralado, el macrismo tuvo que negociar y hasta se comprometió a no descontar los días de huelga y a discutir la garantía salarial por doble cargo que hace que un docente bonaerense gane 1000 pesos más que uno porteño. Bajaron el copete y festejaron por haber quebrado el frente gremial. Catorce de los diecisiete gremios firmaron el acta acuerdo para no hacer más paros hasta fin de año. Tres ratificaron la huelga de 48 horas a partir del martes.
El nuevo escenario implica un desafío para el gremio de base de Ctera, UTE, para Ademys –enrolado también en la CTA– y para Compromiso Docente. La contundencia de la medida de fuerza será un termómetro de la representatividad de quienes no aceptaron la oferta arrancada al gabinete del empresario. Y también para los parches del oficialismo porteño.
Apenas asumió, Macri anunció la intervención de la obra social de los empleados municipales y la libre opción para los trabajadores públicos, entre ellos los docentes. Los gremios de la educación hacía años que reclamaban esa alternativa, algunos rechazaron la forma pero acordaron con el objetivo. Pasaron diez meses y la libre opción no se hizo realidad. Después concretaron la reasignación de becas estudiantiles para terminar con el clientelismo. Tuvieron que rever todo ante las protestas y la confesa mala implementación: “Hubo errores de aplicación entre el 50 o el 60 por ciento de los casos”, dijo a PáginaI12 la vicejefe de Gobierno, Gabriela Michetti. Por último, el tire y afloje con los sueldos. A este ritmo, la eficiencia PRO está en jaque. Eso sí, Macri podrá ahorrar el plus salarial prometido a sus funcionarios por cumplimiento de objetivos.
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