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Una recuperada lleva su caso ante la Corte Suprema. Se trata de Rabbione, una cooperativa de transporte de cargas que fue reabierta por sus trabajadores tras haber sido abandonada por sus dueños, en diciembre de 2001. Este año, una jueza declaró inconstitucional la ley que la expropió. La magistrada ordenó el remate del edificio, con un fallo en el que puso al derecho de propiedad por encima del derecho al trabajo. La cooperativa recurrió al máximo tribunal de Justicia, pero busca además el apoyo económico del Estado, ya que por los largos tiempos judiciales difícilmente puedan impedir por la vía del tribunal el remate. El caso es un alerta para las recuperadas de la Capital Federal, que quedaron en una situación de debilidad legal porque que el gobierno porteño no pagó las expropiaciones sancionadas por la Legislatura.
Monasterio 269, en el barrio de Parque Patricios. El camión sube el empedrado, da un bocinazo y se estaciona con un bufido frente al galpón de Rabbione. Cruzando la entrada, en el interior del depósito, los hombres cargan un acoplado. Rabbione hace mudanzas, retiros y entregas a domicilio, envío de mercaderías, reparto de medicamentos. Fue una de las más conocidas empresas de transporte de cargas de esta ciudad, y luego de su cierre, la cooperativa consiguió hacerse nuevamente de una fuerte cartera de clientes.
Hoy trabajan allí 40 personas. Nueve son los antiguos trabajadores que la recuperaron. “Nos bajaron la cortina en el peor momento, después del 19 y 20 de diciembre. Ya veníamos mal, nos debían los sueldos, no sabíamos qué iba a pasar. Llegó diciembre, el 19 y 20, cayó De la Rúa y el 21 ellos dejaron de venir, no aparecieron más”, cuenta Jorge Frojan, presidente de la cooperativa. “Ellos” son los antiguos dueños y los inversionistas a quienes en medio de la crisis del 2001 los Rabbione vendieron la firma.
“Fuimos a ver a un abogado que nos recomendó entrar al galpón para que no se llevaran los elementos de trabajo. Así nos metimos; en la puerta pusimos un cartel de ‘Cerrado hasta marzo’”. La empresa había dejado un tendal de deudas. “Todos los días venían camioneros que querían cobrar. Nos rompieron todos los vidrios a piedrazos, con nosotros adentro.” A los tres meses de espera, el grupo decidió probar cómo les iba levantando la persiana. Hablaron con los viejos clientes y consiguieron que uno, en la ciudad de La Plata, se animara a darles los primeros encargos.
Siguió la historia común de las recuperadas, un largo período en el que los pocos que quedaban tuvieron que aprender a hacer de todo. Ante la falta de choferes, los changarines aprendieron a manejar camiones, otros salieron a vender el servicio, y a ocuparse de la cuestión legal.
En el 2004 el fantasma del remate se volvió corpóreo, luego de que la Justicia dictara la quiebra de Rabbione por las deudas tomadas por los antiguos dueños. “Los acreedores principales eran (lo siguen siendo) el Banco Nación y el Provincia. El gobierno nos dijo que nos daba tiempo para que pudiéramos salir adelante, pero hay también acreedores privados que pidieron la quiebra”, reseña Frojan.
La cooperativa salió a buscar ayuda. Fueron al Movimiento Evita, de donde los llevaron al Hotel Bauen; la gente del Bauen los acompañó a la Legislatura. Así empezaron a tramitar un proyecto de expropiación.
“La ley se sancionó un día antes del remate. Los tres meses anteriores los habíamos pasado internados en la Legislatura, hablamos uno por uno con todos los diputados. El verdadero trabajo fue convencerlos de que podíamos administrar la empresa. El Gobierno hizo un estudio de factibilidad que tuvo resultados favorables, mostró que en Rabbione podíamos sostenernos. Defendimos el proyecto en todas las comisiones y logramos la ley cuando teníamos la soga al cuello. La sesión se hizo el día antes de la fecha fijada para el remate. La ley se aprobó con 28 votos a favor, 18 en contra y una abstención. A favor, el Frente para la Victoria y los socialistas, en contra el PRO, que de todas maneras nos dio quórum, y la abstención de un radical. Tampoco era un mal tipo, era un gordo macanudo que hasta la semana anterior había sido ordenanza, lo habían puesto de suplente en la lista y terminó de diputado cuando murió el titular. A nosotros nos recontra conocía porque íbamos todos los días y él trabajaba en la entrada, pero no quiso votar. ‘No leí nada’, dijo. Igual nos sobraron los votos. A las siete de la mañana siguiente le llevamos la ley a la jueza, que paró el remate.”
Como en todas las expropiaciones, la ley declaró “de utilidad pública” los bienes de la empresa, a lo cual debe seguir el pago de una indemnización. Antes de que el macrismo tuviera mayoría, en las leyes para las recuperadas el Estado se comprometía a pagar la expropiación. En este caso (lo mismo pasó con todas las de los años más recientes), el pago de la indemnización quedó a cargo de los trabajadores. De todas maneras, la situación terminó siendo la misma para todos, ya que el Ejecutivo porteño nunca pagó las expropiaciones, ni en la gestión de Aníbal Ibarra, ni en la de Jorge Telerman ni con Mauricio Macri.
En abril del año pasado, la jueza María Gabriela Vassallo dictó la inconstitucionalidad de la ley que había declarado de utilidad pública el edificio de Rabbione, para rematarlo y pagar a los acreedores. En el caso, la sindicatura había planteado que la ley violaba el derecho de propiedad de estos acreedores. Al dictar la inconstitucionalidad, la magistrada sostuvo que “la ‘utilidad pública’ es un concepto relativo”. Agregó: “Entiendo que en este caso no se verifica la existencia una utilidad pública significativa ni concebible, ni existe relación de racionalidad entre la expropiación y el bien común. En este caso más bien se encuentra vinculado a la continuidad de la fuente de trabajo de algunos de los ex trabajadores. Forzoso es concluir de ello que, más allá de la función social que importaría la conservación de la fuente de trabajo para nueve trabajadores no existe relación de uso público alguno” (se refiere a los nueve trabajadores que la recuperaron, que hoy son cuarenta).
Vassallo agrega luego que la ley de expropiación es inconstitucional porque no se ha pagado una indemnización previa. “El uso abusivo de la facultad expropiatoria por parte del Estado se previene con la exigencia del pago de esa indemnización previa y justa”, recordó. Sobre la base de esta declaración de inconstitucionalidad, la jueza ordenó hace quince días el remate del edificio.
PáginaI12 consultó a dos especialistas en derecho laboral sobre el caso. Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la CTA, señaló que la resolución judicial “se refiere a la confrontación de dos derechos de rango constitucional, el derecho propiedad y el derecho al trabajo, este último incorporado con la reforma del ’94 a la Constitución nacional a través de los tratados internacionales. Los organismos de control de los Tratados establecen que cuando colisionan dos derechos fundamentales debe resolverse a favor de los más vulnerables”.
Meguira apuntó, por otra parte, que la falta de pago de la expropiación “fue central para que la magistrada declarara la inconstitucionalidad y, en este caso, es evidente que la ley de expropiación (de Rabbione) desresponsabilizó al Estado de una de sus funciones esenciales, como la del pago de la indemnización previa, que podría operar como garantía para los acreedores. De todas maneras, al momento de valorizar lo concreto y real, lo que sucede es que los trabajadores se quedan sin la fuente de trabajo cuando ese fue el móvil expropiatorio, desnaturalizándose la protección al más vulnerable que se intentó con la expropiación. Estos procesos demuestran lo que las empresas autogestionadas vienen reclamando desde el 2001, que es una ley especial que reglamente la propiedad social y prevea específicamente la expropiación para sus casos”.
Pedro Kesselman, abogado laboralista y constituyente de la reforma que dio rango constitucional a los derechos sociales en el ’94, coincidió en la lectura: “En general, los jueces comerciales y civiles toman el derecho a la propiedad como si fuera sagrado y único, como si solamente existiera el derecho de los acreedores, y desprotegen a quienes en definitiva son las principales víctimas de la quiebra y el cierre, los trabajadores”.
En la sede de Rabbione, el presidente de la cooperativa agrega dos datos que sirven para completar el panorama de la situación: “El gobierno de la ciudad se presentó a pagar un canon de alquiler del local, para evitar el remate. La jueza no lo quiso aceptar. Nos dejó en un callejón sin salida. Nosotros tenemos un buen nivel de trabajo y podríamos pagar lo que se reclama, si tuviéramos acceso al crédito. Pero los bancos no dan financiamiento a las cooperativas de trabajo”.
¿Por qué el caso de Rabbione puede influir en la situación de las recuperadas de la ciudad? Contesta Fabio Resino, del hotel Bauen: “En la ciudad hay unas 25 recuperadas, la mayoría con juicios abiertos a raíz de las deudas que dejaron los antiguos dueños. Existe un grupo de recuperadas con leyes de expropiación que el Estado se comprometió a pagar, pero de lo que después nunca se hizo cargo. Un segundo grupo está igual que Rabbione. Unas y otras, finalmente, tienen el mismo problema, ya que mientras no se paguen las expropiaciones los juicios siguen adelante. El problema creado con este fallo es económico, pero no solamente. Más grave es el antecedente que puede sentar. Si aceptamos la inconstitucionalidad de la ley, va a ser un precedente para todas las demás.”
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