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Jorge Antonio Olivera llevaba casi un año prófugo. Acostumbrado a la impunidad, deambulaba tranquilo ayer por las calles de Vicente López. Una brigada especial de la Policía Federal le alteró la calma. El represor acusado de secuestros y torturas intentó resistirse. Mayor retirado del Ejército, había cobrado notoriedad en agosto del 2000 cuando fue detenido en Italia a pedido de la Justicia francesa. Contrató entonces a Augusto Sinagra, abogado de la Logia P2, que presentó pruebas fraudulentas y consiguió liberarlo tras cuarenta y dos días de cárcel. El episodio, sin embargo, marcó su derrotero público: el ex carapintada, defensor de los también integrantes de la logia comandada por Licio Gelli, Guillermo Suárez Mason y Emilio Eduardo Massera, empezó a ser buscado por la Justicia argentina. El hijo del general Jorge Olivera Rovere –también preso– quedó tras las rejas. La Justicia de San Juan había dictado el pedido de captura en la causa que lo investiga por el secuestro y tortura de la actual jueza Margarita Camus, hija de un ex gobernador.
En 2003, el Congreso anuló las leyes de punto final y obediencia debida. A partir de esa decisión, avalada por la Corte Suprema en 2005, se activaron los juicios por delitos de lesa humanidad. Olivera, que había participado en el levantamiento carapintada del ’87, se había reciclado como abogado de represores, pero tuvo que desaparecer de escena ante las investigaciones sobre su propio rol en la dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como querellante en las causas que se le instruyen en San Juan, donde actuó entre el ’75 y el ’77. El titular de esa secretaría, Eduardo Luis Duhalde, destacó el trabajo de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas de la Federal, que dio con el paradero de Olivera, y consideró que “la captura permitirá el progreso de la causa que investiga el Juzgado Federal de San Juan y se enmarca en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno nacional viene impulsando”.
Olivera era teniente del Regimiento 22 de Infantería de Montaña con asiento en San Juan. El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó en diciembre de 2007 su captura y la de otros represores por las torturas que sufrió la jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador sanjuanino Eloy Camus. El comandante retirado Ernesto Jensen, un gendarme que tuvo a su cargo las operaciones en Catamarca, La Rioja y San Juan, declaró que Olivera “llevaba la batuta” en el Grupo de Tareas del Regimiento. Sus propios camaradas lo señalaron como el más sádico, el que gozaba con torturas y violaciones.
Marie Anne Erize era una hermosa modelo que llegó a ser chica de tapa de la revista Gente. Dejó la frivolidad cuando empezó a militar junto al cura Carlos Mugica en la Villa 31. A fines del ’75, su compañero fue arrestado en Mendoza, Marie Anne se refugió en San Juan y allí trabajó en la cosecha de aceitunas. El 15 de octubre del ’76 fue secuestrada. El teniente Jorge Olivera, oficial de Inteligencia, bajó de un Ford Falcon para llevarla al Regimiento 22. Lo acompañaban otro teniente, de apellido Bic, y Eduardo Daniel Cardozo, hijo del general Cesáreo Cardozo, asesinado en un atentado montonero mientras estaba al frente de la Policía Federal. Cardozo llegó a relatar ante periodistas la perversión de Olivera.
Los padres de Marie Anne eran franceses y empezaron a reclamar justicia en su país. Olivera gozaba de impunidad amparado en la mutilación de los procesos en la Argentina. Había pasado a retiro como mayor en 1993 a sabiendas de que para seguir ascendiendo necesitaría el visto bueno del Senado y sus antecedentes le jugarían una mala pasada. Se convirtió en activo militante contra los Juicios por la Verdad, defensor de Suárez Mason –que había sido jefe de su padre en el Primer Cuerpo de Ejército– y en el 2000 se atrevió a patrocinar en el Tribunal de Estrasburgo una causa contra la ex premier británica Margaret Thatcher por el hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas. Nunca imaginó el costo de esa audacia. “¡Olivera!”, le gritó una empleada de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Fiumicino, Roma. El grito lo sorprendió y un grupo lo rodeó: “Está arrestado”, le informaron. Por orden del juez francés Roger Le Loire, el cruzado ultranacionalista fue trasladado a la cárcel de Regina Coeli (Reina de los Cielos). Los familiares de Erize aprovecharon el paseo por Europa del represor para apresarlo. En ese momento, los voceros del Ejército dejaban trascender que “todo se debía a una conspiración inglesa” por el reclamo del mayor retirado que había devenido en apoderado del Modin de Aldo Rico. “El Pinochet argentino” llegaron a exagerar en tiempos en que el dictador chileno había sido apresado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón.
El hijo del general Olivera Rovere, que en la Argentina era asistido, al igual que su padre, por el ex juez de la dictadura Norberto Angel Gilleta, tuvo que activar viejos contactos y conocidas artimañas. Un tribunal italiano lo dejó en libertad con el argumento de que el delito invocado por Francia había prescripto. La supuesta prueba presentada por los letrados italianos encabezados por Sinagra fue una partida de defunción de Marie Anne Erize. Un fax con las fechas adulteradas había sido validado gracias, se sospecha, a las vinculaciones mafiosas del gran maestre Licio Gelli. Investigaciones posteriores probaron que con la ayuda de sus socios y apoderados Jorge Appiani, Jorge Pagnanelli, Gladys Ferrace y Roberto Nogiera, había fraguado el documento que le había garantizado en ese momento el regreso a Buenos Aires, el único lugar donde estaría tranquilo.
La tranquilidad le duró poco a Olivera y empezó a usar documentos falsos. Ayer le encontraron identificaciones fraudulentas y teléfonos a nombre de ignotos personajes. En 1987, la Cámara Federal de Mendoza lo procesó por el secuestro de Marie Anne Erize y la ley de obediencia debida le permitió evitar la condena. Veinte años después, a los 58 años, Olivera ya no tiene coartadas. Un prófugo menos en la larga lista de más de cuarenta policías, civiles y militares que eluden la Justicia acusados de delitos de lesa humanidad.
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