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El ex jefe de la Fuerza Aérea Carlos Rodhe, dos brigadieres, dos comodoros y un civil serán indagados como sospechosos de haber armado una contratación irregular y trucha de equipos detectores de explosivos para aeropuertos incapaces de identificar explosivo alguno, por la que se pagaron cinco millones de pesos. Así lo dispuso el juez federal Ariel Lijo, quien les imputa el delito de administración fraudulenta, que prevé hasta seis años de prisión.
La maniobra tuvo varios aspectos que la convertirían en delito: se desvió una partida presupuestaria de la Fuerza Aérea que estaba destinada a la compra de equipos y no, como se utilizó, para financiar su diseño y fabricación; todos los involucrados sabían que los aparatos desarrollados fallaban en la detección de explosivos; y se modificó el importe de la contratación original para eludir los controles del Ministerio de Defensa. La causa se inició en octubre de 2005, con una denuncia del interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín. A poco de asumir, el funcionario se topó con pedidos insistentes de un comodoro retirado, Luis Puga, para que convalidara la incorporación de tres máquinas detectoras de explosivos que eran producto –le decían– de un proyecto científico elaborado para la ex Policía Aeronáutica en base a un contrato que se había firmado más de dos años antes. Cuando Saín le pedía los papeles con las especificaciones técnicas, se los negaba con el argumento de que el emprendimiento había sido secreto. Finalmente, la PSA pudo hacer un análisis preliminar de las máquinas y resultó que no cumplían con su función de detectar explosivos. Eran modelos basados en tecnología para detectar estupefacientes.
La contratación directa era en ese entonces un hecho consumado desde abril de 2003. La suscribían representantes del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea y Puga, el principal representante de la unión transitoria de tres empresas (Spinlock SRL, Consulfem SA y Caylap Consultores Asociados SRL). Una primera versión del contrato establecía que la Aeronáutica pagaría 5.100.000 pesos. Una cifra superior a los cinco millones requería la aprobación del Ministerio de Defensa. En noviembre de 2003 el acuerdo fue modificado y el monto, sustituido por uno menor, libre de controles: 4.984.995 pesos.
La investigación judicial estableció una gran cadena de complicidades. Por empezar, a Puga se le imputa “haber aprovechado su condición de comodoro retirado y el vínculo que mantuvo con el entonces comandante de Regiones Aéreas, brigadier Guillermo Donadille”, para conseguir la contratación para “el desarrollo, fabricación e instalación” de tres equipos llamados de “detección remota de explosivos por resonancia cuadrupolar eléctrica”. Ambos suscribieron el primer acuerdo.
Cuando surgieron los obstáculos para la aprobación, Puga le envió una nota al comodoro Avelino A. Menéndez –jefe del proyecto– con la propuesta para reducir la cifra. El nuevo contrato lleva la firma, también, del brigadier mayor Heriberto Rozzi, ex comandante de Regiones Aéreas. La orden de compra la firmó Juan M. Funes Tondino, como director Económico Financiero del Comando de Regiones Aéreas. Y por último, el 1º de diciembre de 2003, el entonces jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Carlos Rodhe, aprobó el contrato. Los casi cinco millones, según consta en el expediente, fueron depositados en una cuenta del Banco Credicoop, con el número 48352/7 a nombre de la UTE.
El texto del llamado a indagatoria, al que accedió PáginaI12, dice que Rodhe conocía “la irregular situación del proyecto” que “le había sido informada verbalmente en junio de 2003 por el capitán Eduardo A. Seguetti y el 30 de julio del mismo año, a través de una nota” del brigadier Horacio A. Orefice. Ambos le advertían que el contrato se “apartaba de lo convenido inicialmente por la fuerza y que tal extremo implicaba un perjuicio económico para el Estado Nacional”. Sin embargo, dice el juez, “no adoptó en su calidad de máxima autoridad de la Fuerza Aérea curso de acción alguno al respecto y aportó su aval”. Su firma era imprescindible. Si se sumaba la de Saín, hubieran comercializado los aparatos.
Rodhe fue expulsado y pasó a retiro luego del escándalo de las narcovalijas de Southern Winds, que coincidió con el inicio de la intervención de Saín en la PSA. El resto de los imputados están todos en situación de retiro también. Serán indagados entre el 18 y el 20 de noviembre. De acuerdo con la investigación, todos –por distintas vías– conocían las deficiencias de las máquinas. Durante la investigación fue clave el testimonio del experto en explosivos Gustavo Gabriel Boeri, que advirtió –luego de hacer pruebas con distintos explosivos– que los aparatos arrojaban falsos positivos y falsos negativos. Eran enormes y no tenían ninguna utilidad. No detectó cantidades importantes de RDX y ni cien detonadores pirotécnicos juntos.
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