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La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció al ex presidente Néstor Kirchner por “asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, en un escrito de más de 100 páginas en el que compiló todas las denuncias que hizo contra él en los últimos cinco años. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, le respondió que “la denuncia es muy poco seria”. La causa recayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien ya sobreseyó a Kirchner por enriquecimiento ilícito. “No creo en la Justicia, pero sí en el imperio de la prueba”, sugirió Lilita sobre el destino de su denuncia.
Junto al escrito, Carrió aportó ocho cajas de prueba documental, que incluyen investigaciones previas del ARI, decretos, boletines oficiales, informes comerciales de las empresas y recortes de todos los diarios nacionales, dado que la denuncia se recuesta mayormente en artículos de prensa. En su presentación reseña el caso Skanska, los fondos de Santa Cruz, la valija de Antonini Wilson, las denuncias contra Ricardo Jaime (las irregularidades con Southern Winds y la licitación del Tren Bala, entre otras) y advierte “sospechas de corrupción” en la relación con Venezuela.
La líder de la CC pidió que se investigue, además de Kirchner, a Jaime y al ministro de Planificación, Julio De Vido; al ex funcionario Claudio Uberti y a los empresarios Rudy Ulloa Igor, Cristóbal López y Lázaro Báez. “Así como en la década del ’90 la corrupción se gestionó a través de los bancos y el sistema financiero, en la era de Néstor Kirchner se basa en los oscuros negocios que él y su entorno hacen de la obra pública”, escribió la dirigente.
Carrió sostiene que la totalidad de las obras viales que adjudicó el Gobierno están concentradas en siete empresas ligadas a Kirchner: Gotti, Petersen, Thiele y Cruz, Kank y Costilla, Contrera Hermanos, Equimac y Esuco. También asegura que las mismas empresas reciben los fondos del Plan Federal de Viviendas, en el que “se pagan altísimos sobreprecios”. Como ejemplo, señala la construcción de viviendas sociales en Santa Cruz, que se pagaron a “150 mil la vivienda”, mientras que un estudio de mercado del ARI indicaba que una casa “con todas las comodidades” se podía hacer a razón de 800 pesos por metro cuadrado. También cita sobreprecios en la obra vial: “La matemática es lapidaria. Un kilómetro de asfalto en la ruta K (la ruta 7) cuesta 2.929.089 pesos. La misma extensión, pero en la ruta 4, sale 1.692.745”, compara Carrió.
La denuncia se centra en la actividad de un grupo de empresarios que supuestamente se alternan en la contratación de obras públicas y usan facturas “truchas para esconder el presunto pago de coimas”. Carrió plantea que Kirchner, como gobernador, benefició a Báez con contrataciones por “3500 millones de pesos” cuando era además su “socio comercial” y presenta un acta del 10 de junio de 2005 de la empresa de Báez, Austral Construcciones, en la que crea un fideicomiso para construir diez viviendas en un terreno que pertenece al ex presidente, por 700 mil pesos.
También toma como fuente una investigación de la AFIP sobre Go-tti SA en la que “comprobó que 500 millones de pesos fueron facturados con boletas apócrifas a través de empresas fantasma, evadiendo 120 millones de pesos del IVA”. La dirigente advierte que la DGI detectó que el Casino Club, de Cristóbal López, también “utilizó facturas truchas”, algo que se investiga en la causa Skanska: entre otras, indica que la empresa de Enrique Ezquenazi “tiene facturas apócrifas por 2.412.450 pesos”. También recuerda una denuncia penal sobre la empresa Kank y Costilla en la que “se involucró a De Vido, pero la Justicia decidió sobreseerlo, apenas asumido Kirchner”. Carrió sostiene que, de esta forma, Kirchner “fomenta y oculta la utilización de facturas apócrifas mediante el tráfico de influencias, abuso de poder y todo tipo de presiones sobre los funcionarios de la AFIP”.
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