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“Vamos a terminar el año ejecutando el 95 por ciento, contra la subejecución histórica que tuvo su gestión, del 70 por ciento”, le espetó Néstor Grindetti al ex jefe de la ciudad y actual legislador Aníbal Ibarra. Como adelantó PáginaI12, según los datos oficiales, al tercer trimestre del año, Macri gastó en educación apenas el 20 por ciento del presupuesto destinado a construcciones y sólo el 8 por ciento en maquinarias y equipo. En salud, usó sólo el 13 y el 4 respectivamente. El entredicho tuvo lugar durante la reunión en la que ayer los legisladores de la ciudad interrogaron al ministro de Hacienda de Mauricio Macri sobre los proyectos económicos a votar próximamente. La atención de los opositores, devenidos en interpeladores del funcionario macrista, se centró en la suba de impuestos que resultaría de la propuesta modificación a la Ley Tarifaria y al Código Fiscal, iniciativa que parece encaminarse al fracaso. Ni el lopezmurphismo, que integra el bloque del PRO, se avendría a aprobar el incremento en Sellos, Ingresos Brutos y ABL.
Grindetti delineó el marco en el que el Gobierno de la Ciudad postula una suba en algunos gravámenes, que los opositores califican sin eufemismos como un impuestazo inoportuno. En primer lugar, la crisis financiera internacional, con correlato en el mercado local, impide conseguir crédito y obliga a cubrir con recursos propios todos los gastos. En segundo lugar, no es posible contar con el respaldo del gobierno nacional para esa cobertura. El ministro acusó a “la política única” instrumentada por la Casa Rosada de “obligar al interior a extender los impuestos locales”.
La modificación impositiva en ciernes involucra a casi todas las fuentes ciudadanas de fondos con el afán de reforzar los ingresos en casi 1000 millones de pesos. De acuerdo con la propuesta macrista, Sellos será extendido con diferentes alícuotas a las compras de autos usados, a las primas de seguro y a los consumos con tarjetas de crédito, uno de los ítem más controvertidos. También subirá la alícuota y la base de Ingresos Brutos: se duplica para construcción y se extiende a la industria manufacturera, amén de bancos, hipermercados, otros comercios y hasta jubilados, en este caso, por la supresión de exenciones. ABL también daría un salto del 20 por ciento, aunque acotado a los grandes productores de residuos, como los restaurantes.
El paquete podría ir modificándose con la discusión en la Legislatura y de ahí surgiría su alcance definitivo, clave para evaluar luego el presupuesto del 2009: es difícil saber cuánto y cómo se va a gastar si no se tiene claro de qué masa de recursos se va a disponer. El pulido del proyecto oficialista deja bastante tela para cortar, pero, según prometió el encargado de Hacienda de la ciudad, en ningún caso afectaría sectores medios. Por el contrario, el golpe sería propinado sólo a grandes contribuyentes. La promesa, sin embargo, no parece haber resultado convincente para aventar temores sobre su efecto recesivo.
“En oposición a todas sus promesas, el macrismo presenta un impuestazo que grava el consumo y que va a profundizar la recesión y el desempleo”, enrostraba la socialista Verónica Gómez. “Nos oponemos a la suba: es lo contrario a lo que hay que hacer en este momento, porque desalienta el consumo y la producción”, advertía Diego Kravetz, del Frente para la Victoria.
Ni siquiera quienes apuntalaron otras iniciativas fiscales del PRO esta vez están dispuestos a acompañar con su voto. La Coalición Cívica, que avaló la última suba de ABL, no respalda esta pretendida captura de fondos, tal como dejaron en claro a través de un comunicado conjunto Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay y Enrique Olivera. Sergio Abrevaya, vice de Presupuesto y Hacienda, embiste con la advertencia de que “terminará afectando la propia recaudación”, al desalentar la actividad. Argumento similar al que esgrime el lopezmurphista Marcelo Meis, adscripto al bloque oficialista: “Es inoportuno y generará un efecto boomerang, porque bajará el consumo y desalentará la inversión”. Una crítica especialmente relevante, ya que denota una fisura en el propio bloque oficial.
“Es todo lo contrario a lo que hay que hacer”, destacaba Martín Hourest, de Igualdad Social, que prefirió abocarse a pasar facturas por la magra ejecución del presupuesto. Según los datos oficiales, al tercer trimestre del año Macri gastó en educación apenas el 20 por ciento del presupuesto destinado a construcciones y sólo el 8 por ciento en maquinarias y equipo. En salud, usó sólo el 13 y el 4 respectivamente.
Esos datos se dan de bruces con la promesa que formuló ayer el ministro de terminar el año cumpliendo con el 95 por ciento de lo pautado en materia de gastos, cuestión sobre la que declinó explayarse. Prefirió destacar las angustias que le causa el gobierno central con su política restrictiva, que incluiría la renuencia a discutir una ley de coparticipación que permita a la ciudad subir su alícuota del 1,4 por ciento.
Grindetti culpa de sus límites al aborto que sufrió el proyecto para financiar el Fondo de Infraestructura Social (Foiso) con un bono, intento que dio lugar a una secuencia desafortunada. La Legislatura aprobó la emisión de un título por 500 millones de dólares, pero la Nación demoró mucho la autorización requerida para formalizar el trámite. Después, el mercado hizo el resto.
La crisis internacional bloqueó el financiamiento externo e hizo mirar hacia las AFJP como fuente eventual, hasta que la estatización del sistema previsional las extinguió como alternativa. Ahora, el equipo de Macri mira con ganas la caja de la Anses como eventual recurso salvador. Sólo así, dicen, podrían costear nuevas obras en hospitales y escuelas, en particular si la Legislatura no habilita la suba de impuestos.
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