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“El 15 de diciembre vamos a lanzar el plan de obra pública más ambicioso del que se tenga memoria, por más de 71 mil millones de pesos.” Con esta esperada promesa, Cristina Fernández de Kirchner arrancó aplausos en los varios centenares de empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción que esperaban ansiosos clausurar su convención anual con el anuncio de alguna réplica local del New Deal norteamericano. La Presidenta sugirió que el plato fuerte de ese programa serán las obras “localizadas”, a ejecutar por las intendencias, de corta duración y demandadoras de mano de obra. El grueso de la inversión se pondrá en marcha en 2009, pero podría extenderse varios años. Aun así, el impacto es grande. El número supera con creces el de los reiterados megaplanes federales que anunciaba a reiteración el ex ministro de Infraestructura de la Alianza Nicolás Gallo, quien lo escuchaba atento, confundido entre la numerosa concurrencia al evento.
El secretario de Obras Públicas, José López, dio por la mañana datos presupuestarios tan alentadores como los que reiteró por la tarde su jefe, Julio De Vido. El presupuesto para el año 2009 destina a infraestructura y vivienda un 20 por ciento más de lo que le correspondió en 2008 y un 70 por ciento más que en 2007. Este creciente aporte de los recursos públicos seguiría reforzándose, en virtud del declarado espíritu keynesiano oficial. Fuentes gubernamentales señalaban ayer a este diario que, por partidas presupuestarias, contabilizan 41 mil millones de pesos en inversión. Otros 11.800 millones surgirían de diferentes fideicomisos (incluidos fondos que aporte la Anses, originados en la renacionalización de los aportes previsionales), 9000 millones se computan por obras con financiamiento internacional; alrededor de 10.000 millones se suman por inversiones de infraestructura de iniciativa privada. Así llegan a los anunciados 71 mil millones de pesos.
“Estamos dispuestos a seguir sosteniendo y aumentando más aún la inversión y la intervención del Estado en este sector”, sentenció la Presidenta, después de coincidir “con Enrique” (el coloquial modo al que se refirió dos veces a Wagner, presidente de la CAC) en que una fórmula similar a la utilizada por Franklin D. Roosevelt sería una buena solución para un momento excepcional como la crisis actual. Para estimular la deprimida economía de los años ’30, el mandatario norteamericano promovió la obra pública al punto de que casi duplicó su participación en el PBI. El empresario argentino reclamó lo mismo.
Cristina Kirchner no dio precisiones del programa de obras, sólo detalló que implicaba tres tipos distintos de emprendimientos: los de carácter “estructural” (como una represa hidroeléctrica, un gasoducto), los programáticos (licitadas por las gobernaciones) y las “localizadas”, de ejecución no mayor a un año, competencia de los municipios. El resultado de esas iniciativas, se entusiasmó la Presidenta, será incrementar la cantidad de obreros de la construcción de los 362 mil actuales (el 41 por ciento en obras estatales) a 770 mil.
Tampoco detalló la fuente de esos fondos. Pero los empresarios del sector aluden con risita nerviosa a los fondos previsionales, recordando que las AFJP nunca cumplieron estrictamente con la obligación de invertir hasta el 5 por ciento de su cartera en proyectos productivos. La idea es que la Anses sí lo hará.
Los valores del megaplán en ciernes minimizan el plan de infraestructura que el delarruista Gallo anunció frente a la misma tribuna más de una vez, y siempre sonaba exagerado. El otrora ministro del área hablaba de un programa de 5000 millones de pesos, por entonces equivalentes a dólares, según bien recuerda ahora. Y el diseño general respondía al mismo plan que se anunciará en diciembre, salvo porque entonces no se ponía énfasis en las obras chicas y rápidas del interior. Pero antes, como ahora, los números pueden ser engañosos, sumando emprendimientos de distinto origen y concreción temporal.
El negocio de los constructores viene bien apuntalado desde 2003, gracias al vigor de la obra estatal, pero también por el auge de la privada. La crisis empezó a golpearlo, pero aún sin gran virulencia. Este año, la construcción crecerá un 6 por ciento en relación con el año anterior. No está mal, pero resulta modesto si se consideran los números previos de la serie: 25 por ciento, 15 y 9. Un dato más preocupante es la caída del empleo, que en septiembre llegó al 5 por ciento respecto del mismo mes de 2007.
La redeterminación de precios –recurso para ajustar el valor de los contratos de obra pública automáticamente, cuando los costos se disparan por encima del 10 por ciento– es un excelente estímulo pero no suficiente como para la codicia de los constructores. Aldo Roggio, vicepresidente de la Cámara, ayer pasó la factura, reclamando desmantelar “mecanismos burocráticos” que demoran esos ajustes.
El ministro Julio De Vido también utilizó el micrófono para hacer recriminaciones pero, en este caso a quienes definió como sus “amigos del sector energético”. “Se volvieron a equivocar”, sentenció, destacando que en el pico de demanda eléctrica que se vivió en la tórrida jornada de ayer, “no fue necesario importar ni un megavatio de Brasil”. Sus otros amigos, los de la construcción, lo animaron con un aplauso, casi amagando una ovación. Razones para tanta alegría no les falta.
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