Página/12 :: El país

¿El Gobierno tomó nota, por fin, de que la situación externa golpearía al país en una dimensión mucho mayor a la calculada? Sí. ¿Eso significa que llegó a tiempo para evitar consecuencias mayores? Depende. ¿De qué? De si por “consecuencias mayores” se interpreta a los intereses de las grandes empresas o el salario de los trabajadores, genéricamente dicho.

La primera parte de las varias por las que debe irse es el carácter anticrisis del paquete de medidas lanzado la semana pasada. En esa definición, “anticrisis”, se constata un primer dato relevante: el oficialismo actúa a la defensiva, y no como producto de ideas a mediano y largo plazo que, quizás, podrían haberle permitido no esperar a que se cayera el mundo. En otras palabras, los K salieron del piloto sojero automático que imaginaron como descanso de largo tiempo; pero no por convicción, sino obligados por las circunstancias. Esa es una muestra más de debilidad que de fortaleza, atenuada sólo porque, por ahora, no existe una oposición capaz de superar su rango de mera comentarista. Gerardo Morales, que en lo nominal es el jefe del radicalismo sin que aproximadamente nadie sepa ni quién es ni qué significa hoy la UCR, retruca los anuncios oficiales con expresiones casi de café o de oyente de programa radiofónico berreta. Carrió ya está en una etapa avanzada de sus fantasías apocalípticas o del personaje que creó. Y el resto anda entre ese tipo de testimonialismo, que ni siquiera llega al nivel de proposiciones alternativas basadas en utopías cómodas, y el silencio propio de quienes no tienen algo mejor para decir u ofrecer. Pero nada de todo eso justifica limpiar de severos cuestionamientos a las movidas kirchneristas, porque supondría resignar pensamiento crítico en el altar de que enfrente, política y organizativamente expresado, no hay ninguna opción más provechosa.

Un segundo elemento de análisis introduce dudas sobre la efectividad de las medidas divulgadas, más allá de si las parió la necesidad o la certeza. El jubileo impositivo, cuya profundidad se coincide en advertir como prácticamente inédita, tiene un aroma muy parecido al del pago al Club de París y a la reapertura del canje de deuda. Esto es: confíen en nosotros, miren todo lo que estamos ofreciéndoles, vuelvan porque no les preguntaremos nada, los necesitamos. ¿Por qué serviría ahora si ya se demostró que antes no sirvió para nada? Y más aún: ¿por qué tendría que servir si este mismo Gobierno, sin ir más lejos con la reestatización jubilatoria, les dijo a los buitres financieros que se anima a meter mano en sus negocios más preciados? Es curiosa la actitud oficial. De repente se monta en empalmar su discurso progre con medidas que van en esa dirección. Pero cuando ve que no alcanzan para calmar a las fieras pega manotazos que lo enemistan con los unos y los otros. Ahora resulta que sus bases de apoyo desconfían y la derecha, con su cinismo inigualable, cuestiona que se haya lanzado un viva la pepa que castiga a quienes pagaron sus impuestos, que no interroga de dónde vienen los fondos que quieren blanquear y que inquiere por qué volvería la plata que hay afuera si a la de adentro la “confiscaron”. Cinismo al margen, es improbable refutar esta suspicacia. Si el discurso es progre hay que bancarse sus ulterioridades.

Un tercer aspecto, si es que los anteriores se prestan a la mirada ideológica de cada quien, es netamente objetivo: el plan gubernamental consiste, por un lado, en una demostración de buena voluntad hacia los factores de poder, que requiere de la anuencia de éstos para transparentar patrimonio, retornarlo al país y generar empleo a cambio de beneficios en las cargas sociales y, por otro, se comunica una inversión estatal de números impactantes, en obras públicas, que hasta certificarse lo contrario no pasa de ser una proclama grandilocuente (sin que tampoco esté claro cuáles serán las fuentes de financiación). Ambas son cosas que están por verse y que despiertan sospechas. Fundadas o no, es insuficiente para despertar confianza y no sólo entre los grupos concentrados de la economía a quienes apuntan. Todavía resuena la buena campaña de la AFIP para crear “una nueva cultura tributaria”, como se encargó de recordar su ex titular, Alberto Abad, y repentinamente cambian las reglas de juego para que la tal cultura se reasiente en lo que fue toda la vida: el que paga es un gil porque tarde o temprano llega una moratoria, blanqueo, jubileo o como quiera llamársele.

El cuarto ingrediente, en cambio, es comprobado: hasta hace pocos meses –siempre hablando de los trabajadores registrados de los grandes conglomerados empresarios, públicos o privados, porque los demás no existen en la agenda pública– la discusión pasaba por si el reconocimiento inflacionario en los ingresos debía estar en el orden del 30 o 40 por ciento. De golpe, eso se transforma en aceptar la rebaja de salarios a cambio de no producir despidos. ¿Puede creerse seriamente que se pasa así como así de un escenario a otro, sin que haya mediado la especulación patronal con los efectos de la crisis mientras el Gobierno insistía con que estaba blindado ante esas amenazas externas? ¿Y puede aceptarse que los gremios se allanen a esa extorsión de la noche a la mañana, cuando hasta hoy los únicos sectores verificada y mayormente afectados son el agropecuario y el automotriz (y en este último caso en tanto se hable de sus perspectivas, no de cómo le fue en el año porque produjeron 21 por ciento más de autos que de enero a octubre de 2007)? Que los petroleros congelen sueldos en canje por no despedir gente es un chiste de pésimo gusto. Por citar sólo a una de las compañías del área: Petrobrás, en los primeros nueve meses de este año, presentó balance con aumento del 138 por ciento en sus ganancias, comparado con igual período de 2007. Las compañías telefónicas y los bancos también revelan haber ganado más de lo previsto. Los supermercados, en octubre último, facturaron casi un 10 por ciento más que en septiembre; y 34 por ciento más que en el mismo mes del año pasado.

Afuera hay crisis y adentro pega. Pero pega, antes que nada, porque el gran empresariado ve una ocasión fantástica para incrementar sus ganancias por vía de las expectativas desfavorables (que le permiten haber saltado de acordar aumentos a negociar despidos) y del “auxilio” brindado por el Gobierno (que le blanquea la evasión impositiva, le otorga subsidios y le consiente no pagar o amortiguar sus aportes patronales). Hay la seguridad de un par de preguntas. ¿Este paquete es lo único que podía pergeñarse y al menos podría resolver la coyuntura? ¿O en realidad aprovecha la coyuntura para beneficiar a quienes más tienen, como si estuviera en manos de ellos un proyecto más justo de país?

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