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El 2 de marzo es el día señalado para el comienzo del ciclo lectivo en la mayor parte del país. La fecha reactiva los reclamos de los gremios docentes para que se actualicen los salarios y así garantizar el inicio de las clases. “Vamos a ser prudentes”, dijo la secretaria general de la Ctera, Stella Maldonado, sin precisar a cuánto asciende el monto esperado. Menos enigmático, el titular de la CTA, Hugo Yasky –la central en la que se encuadra Ctera– consideró que las “negociaciones salariales tienen que plantearse desde un piso del 25 por ciento de aumento”. Los sindicatos esperan ser convocados la semana próxima, pero en los despachos oficiales recién despunta el tire y afloje para ponerle números a una oferta que evite las medidas de fuerza en un año cruzado por las elecciones de octubre.
Varias provincias plantearon su “preocupación” por una posible baja de la recaudación impositiva que dificultaría la posibilidad de afrontar incrementos salariales. Esa preocupación se tradujo en que esta semana se incorporó el ministro del Interior, Florencio Randa-zzo, a las conversaciones con Educación, Trabajo y Economía para definir qué hacer ante la inminente cita con los gremios. El año pasado, los docentes recibieron un 24 por ciento de aumento promedio. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires dio un 37 por ciento. Esa recomposición otorgada en dos etapas después de un recrudecimiento de las medidas de fuerza dejó en off side a varias provincias. En un año electoral los gobernadores no quieren lidiar con esa clase de “sorpresas”.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiamiento Educativo, la Nación dispone de un fondo de compensación salarial para asistir a las provincias con dificultades para financiar el piso salarial. El año pasado, ese piso ascendió a 1290 pesos para el salario inicial del maestro que recién se inicia. A ese monto se le suman 110 pesos del incentivo salarial asignado por cargo docente también fondeado por la Nación. Corrientes, Formosa, Misiones, La Rioja, Tucumán, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan y Entre Ríos recibieron recursos extra de la Nación. Como no se reglamentó la Ley de Financiamiento, la decisión sobre las jurisdicciones que necesitan un apoyo extra queda al arbitrio de las autoridades nacionales. Los gobernadores pugnan por ampliar esa ayuda.
A fines del año pasado, el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, había destacado que “no hay ningún índice inflacionario superior al aumento que recibieron los docentes. Se dio el 24 por ciento en el piso salarial a principios de año y después se discutió en cada jurisdicción. Hubo mejoras del 35 al 40 por ciento”. Para este año había reclamado “prudencia” y “no atar los pedidos a la inflación” teniendo en cuenta el impacto de la crisis internacional.
A priori la visión de los gremios es otra. Maldonado evaluó que los salarios docentes “sufrieron un congelamiento durante doce años” y, por lo tanto, falta mucho para alcanzar el nivel deseado. Hasta ahora, las partes esperan sentarse cara a cara para medir fuerzas. Esta semana se suspendió el primer plenario del año del Consejo Federal de ministros de Educación del país y todavía no tiene fecha la nueva cita. “Las provincias no pueden afrontar un pedido del 25 por ciento de aumento y menos pensando en que hay que trasladarlo al básico. Es imposible cuando la expectativa inflacionaria no llega al 10 por ciento”, evaluó un funcionario.
Las cifras oficiales muestran que el sector docente fue uno de los más beneficiados desde la asunción del kirchnerismo. Sólo los petroleros superaron la recomposición salarial de la educación. El impacto en el bolsillo es mayor cuando los incrementos se aplican sobre los sueldos básicos. Es ese monto el que se utiliza como base para aplicar los plus por antigüedad –que llegan al 120 por ciento a los 20 años– y para realizar los aportes sociales. A pesar de los aumentos, el promedio de los básicos está en los 650 pesos, el resto, hasta llegar a 1290, son sumas fijas remunerativas y no bonificables. La provincia más rezagada es Río Negro donde el básico no llega a los 500 pesos y fue una de las jurisdicciones más conflictivas el año pasado.
Los cálculos presupuestarios indican que se está cumpliendo con la Ley de Financiamiento Educativo que prevé llegar al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2010, sin embargo, los planteos gremiales ponen en tela de juicio la respuesta que da esa norma. “En la provincia de Buenos Aires se destina casi el 40 por ciento del presupuesto a la educación y los problemas no se solucionan...” repiten los funcionarios. El tiempo de descuento ya empezó: el 23 de febrero empiezan las clases en Río Negro y a la semana siguiente en el resto del país. Las negociaciones provinciales están en suspenso a la espera del piso que se fije en la paritaria nacional.
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