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Decir que en Argentina la gran noticia fue que se postergó un paro puede escucharse como un lugar común de la derecha. Pero en este caso, la derecha no lo dice, porque lo insólito es que más que de un paro se trata de un lockout empresario, que en definitiva eso son los productores rurales que han realizado el “paro” más duro y caótico que cualquiera de los que haya realizado el sector obrero en varios años por su salario.
El levantamiento de la medida de fuerza cuando la Mesa de Enlace ya estaba a punto de anunciarla abre la posibilidad de un nuevo escenario, aunque también podría ser sólo una pompa de jabón previa a la tormenta. Pueden ser las dos cosas. Si alguien se guiara por la animosidad de las partes podría inclinarse por la segunda opción. Pero hay datos objetivos de una realidad tanto nacional como internacional que ha cambiado drásticamente desde el conflicto del año pasado y que empuja a los protagonistas a la necesidad de un nuevo encuadramiento de la dura disputa por la renta agropecuaria.
Los argumentos de la Mesa de Enlace para levantar las medidas de fuerza han sido mucho más leves que durante el conflicto madre, cuando el Gobierno incluyó numerosas modificaciones a la 125 que hubieran favorecido a los pequeños y medianos productores y no aceptaron ninguna.
Y se produce cuando cualquier ama de casa entiende que el Gobierno no puede aflojar sus fuentes de recaudación en medio de una crisis financiera global. La propuesta del santafesino Hermes Binner de suspender las retenciones por 180 días, además de injusta, llevaría de cabeza a un agujero fiscal en el peor momento. La crisis mundial no deja muchas posibilidades de negociación sobre ese punto. Pero abre otras, más allá de las retenciones.
Hubo trascendidos y explicaciones públicas. Se dijo que postergaban la medida de fuerza porque frente a la catástrofe de Tartagal, el reclamo de los productores rurales de aumentar sus márgenes de rentabilidad parecería mezquino. También que esperaban un gesto del Gobierno. Y también que podía ser una forma de pasarle la pelota al Gobierno para hacerlo responsable de una nueva confrontación. Cualquiera de esas afirmaciones reduce la decisión a un juego puramente tacticista.
Lo cierto es que frente a la intransigencia que desplegaron durante el conflicto por la 125, el gesto no dejó de sorprender. Y efectivamente pusieron la pelota del lado del oficialismo. Si todo se reduce a demostrar frente a la opinión pública quién será el responsable del conflicto, el famoso gesto sólo sirve para el versito: “Qué cara, qué gesto...” Si no cambió nada en los protagonistas a pesar de que cambió todo el contexto nacional e internacional, los pronósticos son necesariamente nefastos. Otra vez sopa.
En las películas de acción, los adversarios huyen de un bosque en llamas y se encuentran ante un puente sobre un precipicio. Se estudian con rabia. ¿Qué hacen? ¿Se rompen la crisma mutuamente mientras las llamas les queman los pelitos de la nuca? ¿O cruzan el puente y siguen la pelea del otro lado, a salvo de las llamas?
Ni el Gobierno ni la Mesa de Enlace están en condiciones de arriesgar una confrontación al borde del precipicio de la crisis. Las consecuencias serían desastrosas. Aunque el Gobierno no está en posición de aflojar con las retenciones, como pidió Binner, resulta evidente que está interesado en algún tipo de negociación. Durante los últimos días trascendieron sondeos entre ministros y dirigentes rurales que no fructificaron y que se mantuvieron en el más cerrado hermetismo. Algunas de las versiones mostraban a Julio De Vido moviendo los hilos y otra más conocida fue el cruce del titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, con el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
En medio del clima recalentado que caracteriza este conflicto, desde hace unas semanas comenzaron a surgir señales muy difusas, dibujadas en una neblina todavía espesa, pero señales al fin, para encontrar puntos de distensión. Durante la visita de la presidenta a España, los ministros de la comitiva y los representantes de la UIA y la CGT mantuvieron largas conversaciones para la organización de un Consejo Económico y Social como el que existe allá.
En el Consejo también tendría representación la Mesa de Enlace, lo cual el oficialismo se preocupó por puntualizar prolijamente a manera de discreta convocatoria.
La primera reacción de la Mesa de Enlace fue desdeñosa: si no sirve para sacar las retenciones, no sirve para nada, repitiendo su particular concepto de diálogo. Bajo ese precepto comenzaron los preparativos para una medida de fuerza que debían anunciar el mismo día que decidieron postergarla. Pudo ser el primer indicio de que percibieron los riesgos. O puede ser que estén jugando con fuego.
Pero lo cierto es que la preocupación por un nuevo conflicto ya excede al oficialismo y a los propios dirigentes rurales. El sector industrial, donde el efecto de la crisis se siente primero, observa con inquietud los aprestos de guerra. Las consecuencias del lockout a mediados del año pasado fueron ominosas: saltó la inflación, bajó el consumo y produjo una crisis política. Fue en el momento en que el Gobierno estaba más fuerte y cuando la economía funcionaba mejor. Si esos mismos efectos se repitieran ahora, el resultado es más que obvio. Resulta paradójico, porque a los productores rurales ni siquiera les convendría en este momento una crisis política que haga ingobernable la crisis económica. Hasta la apuesta de desgastar al Gobierno les puede resultar en contra porque el hilo que se estira se puede romper. El conflicto se anunciaba como telón de fondo para un año electoral, pero en estas circunstancias a los mismos productores les conviene mantenerlo lo más alejado posible de las situaciones de partidos y Gobierno.
Además del sector industrial, los gobernadores que se mantuvieron cercanos a los productores rurales comienzan a percibir también con mucha preocupación los contornos amenazantes de la crisis. El cordobés Juan Carlos Schiaretti y el mismo Binner han hecho sentir estas preocupaciones a los integrantes de la Mesa de Enlace: ya no se trata de ver quién tiene la culpa del conflicto, porque es muy probable que no haya un día después para hacer el balance. Los consejos de andar con pies de plomo han llovido sobre los dirigentes ruralistas.
El boceto, todavía impreciso, del Consejo Económico y Social, tiene la virtud de abrir un espacio para encuadrar un conflicto que seguramente seguirá, independientemente de las formas que tome. El sector agropecuario estuvo subordinado en el esquema del poder económico hasta el 2003; ahora exige un espacio protagónico en las decisiones estratégicas y rechaza el que le asigna el modelo del Gobierno porque no acepta que el mercado interno regule sus exportaciones. El Consejo sería nada más que un lugar, y ni siquiera sería ejecutivo, pero la UIA ve allí otra forma de contener los conflictos y justifica también algunos de los reclamos del sector rural. Por eso aspira a jugar como atenuador del choque entre Gobierno y ruralistas. Para estos últimos, en ese juego podrían contar en algunos temas con los industriales como un aliado que hasta ahora ha mantenido la distancia.
La oposición planteó en su momento la conformación de un Consejo como el que plantea ahora el oficialismo y el intendente socialista Miguel Lifschitz acaba de constituir un Consejo Económico y Social en la ciudad de Rosario. No tendría por qué convertirse en una controversia oposición-oficialismo.
El jueves quedó pendiente la convocatoria del Gobierno a los ruralistas. En un diálogo las dos partes tienen que estar dispuestas a ceder algo. Si la única agenda se centra en las retenciones todo habrá sido nada más que una actuación tragicómica, una tomada de pelo a los demás argentinos. Si realmente están dispuestos al diálogo, la demostración será la apertura de otros puntos en la negociación y de nuevos espacios.
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