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Los mismos que criticaron al “gordo bolú”, como Carlos Menem llamaba a su amigo Armando Gostanian, por las camisas a rayas y su afición por proveer merchandising de dudoso gusto, afirmaban que, a juzgar por su patrimonio, el ex presidente de la Casa de Moneda no tenía un pelo de zonzo. La Justicia determinó que no pudo justificar un multimillonario incremento de sus bienes en su paso por la función pública, durante la administración del riojano. El juez federal Norberto Oyarbide procesó a Gostanian por presunto enriquecimiento ilícito y embargó por dos millones de pesos los bienes del ex funcionario.
En 2001 Gostanian puso a disposición de su amigo Menem una quinta en Don Torcuato cuando el ex presidente debió cumplir prisión preventiva en la investigación por presunto contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador. A esa altura, sus propiedades ya habían sido retratadas por las revistas de actualidad.
La causa contra Gostanian se inició por una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, quien sostuvo que el “elevado patrimonio” que el ex funcionario exhibía al término de su gestión no guardaba relación con su situación anterior al paso por la función pública ni con los ingresos que obtuvo por tales servicios. Oyarbide, con la intervención del secretario Carlos Leiva, recordó que Gostanian fue designado asesor “ad honoren” de la Presidencia de la Nación el 13 de julio de 1989, y un mes después como titular de la Casa de Moneda, hasta que presentó su renuncia, el 9 de diciembre de 1989.
Los peritos contables de la Justicia, según expuso el juez en su resolución, revisaron las declaraciones juradas de ganancias de Gostanian y encontraron reiteradas omisiones de bienes y participaciones en sociedades, varias de ellas constituidas en Uruguay y Panamá. “No se cuenta con registros contables de dichas empresas”, lamentó el magistrado, quien consideró insuficiente la documentación sobre aparentes actas de reuniones de directorios de esas compañías, como justificativos presentados por el ex funcionario menemista.
El juez precisó que Gostanian omitió consignar bienes y participaciones en sociedades en sus declaraciones juradas de ganancias y que en marzo de 1992 compró un inmueble en el departamento de Maldonado, en Uruguay, por la suma de 750 mil dólares. El inmueble fue comprado con un crédito extendido por una entidad bancaria uruguaya, pero Oyarbide advirtió que el préstamo fue obtenido luego de la compra del inmueble. El magistrado apuntó que en función de eso “se deduce que (Gostanian) no contaba con ese dinero al momento de formalizar la operación”.
En su resolución, el magistrado mencionó también la existencia de varias empresas constituidas en Panamá, propietarias de varios inmuebles en la ciudad uruguaya de Punta del Este, cuyos paquetes accionarios completos fueron adquiridos por Gostanian entre 1993 y 1995. El juez calificó las actas de reuniones de asambleas aportadas por la defensa como documentación insuficiente para justificar el incremento patrimonial del procesado. Tampoco hay constancias sobre la percepción de sumas en concepto de alquiler de esos inmuebles.
“Gostanian –afirmó Oyarbide– ha incrementado su patrimonio ilícitamente y sin mediar justificación razonable, durante el período en el que ejerció la función pública.” El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva porque reconoció que Gostanian “ha fijado su domicilio, siempre estuvo a derecho y se ha presentado ante todos los requerimientos del juzgado”.
El magistrado señaló que con las pruebas reunidas se podía dictar el procesamiento aún cuando queda pendiente una respuesta a un pedido de informes a la Justicia de Suiza, donde Gostanian sería titular de una cuenta bancaria. En marzo de 2006 había trascendido que su nombre apareció en una causa radicada en la Justicia alemana por haber cobrado presuntas coimas de un millón de marcos a partir de la venta de numeradores para billetes.
Ayer el ex funcionario y empresario textil pasó a engrosar la lista de ex funcionarios menemistas procesados por enriquecimiento ilícito, junto con la polifuncionaria María Julia Alsogaray y el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.
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