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Desde Nueva York
El Comité de Nueva York para la Protección de Periodistas (CPJ) sostiene que los traficantes de drogas en México, las organizaciones criminales en las favelas brasileñas, los paramilitares en Colombia y las pandillas callejeras violentas en El Salvador y Guatemala están aterrorizando a la prensa, que ante la falta de garantías de los gobiernos y los sistemas judiciales elige autocensurarse. En la Argentina, en cambio, CPJ sólo registró un ataque a un periodista, durante una riña callejera en la provincia del Chaco, mientras dos fallos judiciales expandieron la protección a la prensa. Brasil y Colombia están entre los países más peligrosos del mundo para la prensa, dice el CPJ, organización creada por los más prestigiosos periodistas estadounidenses en 1981, para ayudar a los colegas perseguidos por las dictaduras de la seguridad nacional. Su actual presidente es Carl Bernstein, uno de los autores de la investigación sobre el caso Watergate.
Su director ejecutivo es el periodista Joel Simon, que en este reportaje analiza el “desastroso impacto” que la denominada guerra contra el terrorismo tuvo sobre la prensa. El principal indicador que maneja es la cantidad de periodistas muertos y encarcelados cada año, cuyo número creció de modo vertical en los últimos ocho años. El país más peligroso para ejercer el periodismo desde la creación de CPJ es Irak y “tal vez nunca hubo en el mundo una situación igual”. Ciento cincuenta periodistas y más de medio centenar de auxiliares perdieron la vida allí desde la invasión estadounidense. La principal fuente de inseguridad para los periodistas son las organizaciones insurgentes, que acusan a los periodistas de complicidad con los invasores, pero Simon tampoco desdeña el riesgo que implica para el periodismo la actuación de las fuerzas estadounidenses. “Dieciséis periodistas fueron muertos por su acción y si bien no puede decirse que hayan sido ataques intencionales, lo cierto es que esos casos no se han investigado. Esto muestra el nivel de violencia que enfrentan los periodistas, que no pueden acercarse a un retén militar sin correr peligro de muerte”, dice. En cuanto a los periodistas encarcelados, fueron 81 en 2000 y saltaron a 125 en 2001, una cantidad que se mantuvo estable en los años siguientes. China y Cuba son los países que encabezan ese ranking, sostiene. Aunque Estados Unidos sólo es responsable de un arresto por año en promedio, de periodistas que son confinados en Guantánamo, Bagran u otros sitios, su influencia en esta situación es indirecta. “Países como Eritrea o Cuba aprovecharon el clima internacional creado por la guerra contra el terrorismo. En términos morales, Estados Unidos perdió legitimidad para abogar por la libertad de expresión”, dice Simon, cuya crítica al rol de los medios de su país se concentra en los primeros años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Después, dice, recuperaron su rol independiente y publicaron investigaciones responsables sobre abusos de poder del gobierno de George W. Bush, tanto en casos de corrupción como de espionaje interno sobre sus propios ciudadanos. Simon aclara que no es experto en medios. Aquí hay organizaciones que supervisan la tarea de los medios y otras, como CPJ, que defienden la libertad de expresión, una distinción que para las costumbres argentinas suena artificiosa. Simon está casado con Ingrid Abramovitch, también periodista, especializada en temas de diseño y costumbres, con quien tiene dos hijas de 8 y 6 años, Ruby y Lola, cuya curiosidad hace temer que alguna de ellas siga los pasos de papá y mamá.
Al hablar sobre Latinoamérica, Simon sostiene que un caso especial es México, país donde residió varios años como corresponsal y donde escribió un libro sobre ecología. “La cantidad de periodistas muertos en México es menor que en los países en guerra, pero claramente superior a la de cualquier otro país que no está en guerra, y sin dudas el más peligroso de la región, lo cual implica que desplazó a Colombia. La situación mexicana es espantosa y no sólo en la frontera”, dice. La autocensura es tan grande que los ciudadanos pueden ver un tiroteo en la calle, con varios muertos, y al día siguiente no encontrar ni una línea en los diarios. El responsable de América latina en CPJ es el periodista argentino Carlos Lauría, ex corresponsal aquí de la revista Noticias. Lauría es el autor de un ensayo sobre el efecto del crimen organizado sobre la libertad de expresión. Los países que con mayor intensidad lo padecen, además de México y Colombia, son Brasil, Venezuela y varios estados de Centroamérica. Simon y Lauría están preparando una visita a Nicaragua, donde se ha acentuado la persecución contra el ex director del diario sandinista Barricada Carlos Fernando Chamorro, hijo del fundador del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el somocismo. Les preocupa la negativa del gobierno de Daniel Ortega a reunirse con ellos, ya que desean conversar con todas las partes antes de preparar un informe. “Se nota la debilidad institucional en que actúa la prensa en muchos países latinoamericanos, como Nicaragua, Venezuela y Colombia, donde hay gobernantes electos por el voto popular pero falta respeto por las instituciones que limiten su poder y hay pocos mecanismos que protejan a la prensa de la arbitrariedad de los gobiernos, que desestiman su trabajo y tienen, como el colombiano Alvaro Uribe, pleitos personales con algunos periodistas, cuya vida ponen de ese modo en peligro”, agrega Simon. CPJ no sólo ayudó a los periodistas argentinos perseguidos durante la dictadura militar. También apoyó las denuncias de periodistas e instituciones de la Argentina contra el gobierno de Carlos Menem, presentó un amicus curiae ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y lanzó una campaña internacional por la despenalización de los delitos de calumnias e injurias cometidos contra funcionarios públicos.
En el capítulo que CJP dedicó a la Argentina en su informe anual Ataques a la prensa, la organización destacó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló la condena penal por difamación contra Eduardo Kimel. El informe sostiene que el Gobierno es receptivo a los cambios legislativos ordenados por la Corte Interamericana, que instó a la reforma de los artículos del Código Penal sobre calumnias e injurias y que algunos funcionarios “se reunieron con las organizaciones que representaron a Kimel para analizar modos de cumplir con el fallo”. En la causa del médico forense Patitó contra el diario La Nación, la Corte Suprema de Justicia argentina dijo que “no puede haber responsabilidad alguna en la crítica a los funcionarios públicos en ejercicio de su labor” y reafirmó el principio de la “real malicia”. El primer año del actual Gobierno “estuvo signado por los conflictos, incluyendo una huelga de cuatro meses del sector agropecuario sobre la política impositiva; preocupación económica y revelaciones acerca de donaciones secretas a la campaña presidencial provenientes del exterior. La administración Kirchner afirmó que la prensa distorsionó la realidad durante el prolongado conflicto con el agro y acusó a los medios de trabajar en conjunto para apoyar la huelga”. CPJ criticó en el informe la frase de la presidente CFK sobre el “mensaje cuasi mafioso” que atribuyó a un dibujo de Hermenegildo Sábat. También destacó la primera conferencia de prensa de su mandato. “Cristina Kirchner se mostró posteriormente más abierta ante la prensa, aceptando preguntas de los reporteros en algunos eventos públicos, concertando la realización de un número limitado de entrevistas y escribiendo notas de opinión para periódicos provinciales”. CPJ señala que, según “analistas”, el Gobierno “manipuló la distribución de la publicidad estatal creando un sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al Gobierno”. Como “un revés alarmante para la prensa” mencionó la libertad condicional de Gregorio Ríos, condenado como instigador del asesinato de José Luis Cabezas. En cambio “se registraron pocos ataques violentos en 2008”. El 14 de noviembre, el periodista chaqueño Fabricio Gilbota fue apuñalado por la espalda mientras cubría un enfrentamiento entre empleados municipales y vendedores ambulantes y se recuperó luego de una operación, sostiene el informe. Para Joel Simon también en la Argentina hay aspectos de vulnerabilidad institucional que afectan a la prensa, “pero no es comparable con la situación en los países que padecen el embate del crimen organizado y tampoco con la época del asesinato de Cabezas. La Argentina está aislada de estos fenómenos y cuenta con una institucionalidad más fuerte, que se expresa en varias decisiones de su Corte Suprema de Justicia, como no ocurre en Nicaragua, Venezuela o Colombia”, concluye.
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