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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) discute convocar a un paro nacional de 24 horas para los primeros días de abril. La medida, que enfrenta internamente a los sectores kirchneristas y antikirchneristas, se definirá por votación en un congreso el próximo 31 de marzo. El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pablo Micheli, consideró que el paro es “un hecho” porque, dijo, “ya fue aprobado por el 80 por ciento de los congresales”. Pero el titular de la Central, Hugo Yasky, relativizó la posibilidad y habló en cambio de que podría hacerse una jornada de lucha en la que sólo harían huelga algunos sindicatos.
La última vez que la CTA convocó a un paro nacional como parte de un plan de lucha contra el modelo económico fue el 29 de mayo de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Si bien hace dos años hizo otro, se debió al asesinato de Carlos Fuentealba y estuvo centrado en el pedido de justicia. Los casi siete años que pasaron sin que haya convocado a una medida de fuerza de este peso dan una idea del valor simbólico que tendrá la decisión.
Los reclamos que se expresarán con la medida, señaló Micheli, son “la apertura de las paritarias para discutir salarios sin la imposición de un techo, la sanción de una ley que prohíba por seis meses los despidos, un aumento de emergencia a las jubilaciones y la marcha atrás en el aumento de las tarifas”. Al dar por seguro el llamado al paro, el titular de ATE argumentó que ésa es la postura que están sosteniendo las bases de la CTA. “Este fin de semana y el que viene van a realizarse, como antesala del congreso nacional del 31 de marzo, los 24 congresos provinciales. Allí, el mandato que van a llevar los congresales en el 80 por ciento de los casos va a ser el de convocar a un paro para la primera quincena de abril.”
Micheli consideró que los planteos para postergar o limitar las paritarias son un detonador del conflicto. “En la CTA no hay fisuras sobre este punto: todos los años la Unión Industrial, el Gobierno y la CGT se juntan y le ponen un techo a la discusión salarial. La Central siempre lo repudió, pero en esta oportunidad lo que dice la mayoría de los compañeros es que no alcanza con un comunicado y hay que ir al paro.” Enfrentado a Yasky, advirtió además que el eventual reconocimiento de la personería gremial de la CTA, una decisión que el Gobierno estaría estudiando para bajar los niveles de conflicto en un año electoral, sería una medida que “no suspendería el paro”.
Yasky, en cambio, consideró la huelga como “una posibilidad entre muchas otras” y habló de “una jornada nacional de lucha, que sería el inicio de un programa gradual y creciente de movilizaciones”. El titular de la CTA apuntó: “Tenemos trabajadores del Estado cuyo trabajo no corre riesgo y trabajadores del sector industrial que en estos momentos están parados y cobran salarios porque reciben un subsidio del Ministerio de Trabajo”. En ese sentido, se inclinó por una jornada de lucha con movilización y ceses de actividades, que sumen “a los distintos sectores según sus posibilidades”.
Con estas diferencias, el secretario general sostuvo que los distintos sectores de la CTA coinciden “en el análisis de que falta voluntad política por parte del Gobierno para avanzar en un nuevo modelo distributivo”. La universalización de un ingreso por hijo o algún otro instrumento que garantice un ingreso ciudadano, la prohibición de los despidos por seis meses y el aumento de los sueldos y jubilaciones para dinamizar el mercado interno son algunas de las medidas reclamadas a la Casa Rosada.
Yasky aseveró además que el desembarco de la crisis en Argentina “empieza a hacerse evidente en la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en los sectores contratados y tercerizados, con la reducción de horas de trabajo y también en el sector público, por la dureza con que los gobernadores han enfrentado la primera discusión salarial con los docentes”.
El congreso nacional de la CTA que discutirá si llama a un paro nacional o realiza una jornada de movilización está previsto para el 30 y 31 marzo, en el teatro porteño Margarita Xirgu, donde se reunirán unos 500 delegados.
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