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La Justicia electoral deberá responder en las próximas semanas a una cantidad importante de interrogantes y dudas que plantean las elecciones del 28 de junio. Entre otras cosas, si Néstor Kirchner puede o no ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, cuál es la situación de Francisco De Narváez, si tienen chances de prosperar los recursos judiciales presentados contra el adelantamiento de las elecciones, cómo se va a abordar esta vez la cuestión del robo de boletas en los cuartos oscuros, de qué manera se resolverá el problema de la falta de autoridades de mesa y si el adelantamiento no es un obstáculo para que el padrón electoral esté listo a tiempo. Página/12 dialogó con jueces y funcionarios electorales sobre cada uno de los interrogantes y éstas fueron las respuestas.
Una fuente del Ministerio del Interior confirmó a este diario que el ex presidente fijó domicilio en Olivos en la última semana de noviembre de 2008, con lo que figurará en el padrón electoral del distrito bonaerense por cuanto registra todas las novedades producidas antes del 30 de diciembre pasado. La Cámara Nacional Electoral ya ha dicho en sus fallos que se requiere estar en el padrón de un distrito para ser candidato por ese distrito. Esa Cámara, justamente, impidió en su momento la presentación de Luis Barrionuevo como candidato en Catamarca por no estar en el padrón de esa provincia. Respecto del tiempo de residencia requerido, dos años, los jueces seguramente aceptarán en el criterio de que Néstor Kirchner vive desde hace años en la Quinta de Olivos y, cuando asuma, registrará incluso dos años sin tener un cargo federal, ya que dejó de ser presidente el 10 de diciembre de 2007. Sobre esas bases parece más que difícil que la Justicia acepte alguna impugnación a su eventual candidatura.
Cuando De Narváez –que nació en Colombia y se naturalizó argentino– se postuló para la gobernación bonaerense, la Suprema Corte de esa provincia emitió un fallo basado en los postulados del Pacto de San José de Costa Rica. De acuerdo con el Pacto, ningún país puede emitir normas que recorten derechos a personas que hayan adquirido la nacionalidad de las distintas formas. Es decir que no puede haber, en este caso, argentinos-bonaerenses de primera y argentinos-bonaerenses, nacionalizados, de segunda. Sin embargo, para el cargo de Presidente, la propia Constitución nacional dice que se requiere haber “nacido en territorio argentino”. Al ser tan taxativo lo indicado por la Carta Magna, es muy difícil que los jueces convaliden una candidatura presidencial de De Narváez.
Es casi imposible. La diputada cordobesa Norma Morandini (Memoria y Democracia), por ejemplo, se presentó a la Justicia argumentando que los nuevos diputados estarán elegidos el 28 de junio pero recién asumirán el 10 de diciembre, por lo cual los actuales legisladores estarán condicionados en su actividad en las Cámaras, por cuanto ya están de salida. El razonamiento sería que los diputados actuales estarían impedidos de votar leyes importantes porque en las elecciones ya cambió la relación de fuerzas. Existe el antecedente de que la Cámara Nacional Electoral impidió una elección en Misiones cuando el entonces gobernador pretendía que se eligieran diputados en marzo, para asumir recién en diciembre. Sin embargo, los jueces consideran que votar en junio no es un adelantamiento tan irrazonable y, además, la convocatoria trae detrás una ley votada por ambas Cámaras. Lo mismo vale para las presentaciones de jóvenes de 18 años que no pueden votar en junio por no haber cumplido esa edad pero sí, en cambio, hubieran estado en condiciones de votar si las elecciones se hacían en octubre. Los padrones se cierran 180 días antes de las elecciones, es decir que en el padrón de la elección del 28 de junio estarán los que cumplieron 18 antes del 30 de diciembre y quedarán excluidos todos los que llegaron a esa edad después de esa fecha. Sin embargo, otra vez va a primar el criterio de que el adelantamiento es una ley y tiene la fuerza de haber sido votada por el Congreso. Todo eso hace que sea más que improbable que prosperen los planteos contra el adelantamiento.
El tema no fue fácil de abordar por la Cámara Nacional Electoral ya que la Coalición Cívica hizo una presentación judicial denunciando el robo de sus boletas, pero en el expediente no aportó ningún elemento o prueba. En ninguna acta de mesa figuraba, por ejemplo, la denuncia respectiva. La Cámara hizo un estudio comparando mesas en las que hubo una denuncia mediática de robo de boletas con otras mesas de colegios cercanos. No se verificaron diferencias en los resultados. Sin embargo, el cuerpo consultó a las 24 juntas electorales, una por cada distrito, y todas coincidieron en que sí hubo problemas con las boletas. La posición de los jueces, hoy por hoy, es que la cuestión de fondo es que hay muchos partidos que no tienen estructura y por lo tanto les faltan fiscales, lo que deriva en que no existe tanto control sobre lo que pasa en el cuarto oscuro ni capacidad rápida de reposición de boletas. La Cámara cree que se debe avanzar en la implementación de la boleta única e incluso propuso que se utilice el sistema que actualmente se instrumentó para que voten los presos: en una boleta todos los partidos con sus cabezas de lista y cada preso marcó con una cruz la alternativa que elegía. Como el sistema de boleta única no se puso en marcha y no se podrá poner en marcha para esta elección, se buscan alternativas para evitar el faltante de boletas de cualquier partido.
Hay varias estrategias que tanto la Cámara como la Dirección Nacional Electoral van a poner en marcha. En primer lugar, habrá un instructivo de la Cámara a los presidentes de mesa para que no se pongan, de entrada, grandes pilones de boletas de cada partido en el cuarto oscuro. Es decir, el presidente de mesa tiene que ir regulando la cantidad de boletas. En segundo lugar, no se permitirá entrar al cuarto oscuro a personas con una cartera o bolsa. Tendrán que dejarlas afuera. Incluso se baraja la idea de que a la bolsa o cartera se le ponga un precinto y recién después el ciudadano se la entrega a las autoridades de mesa que la tendrán hasta que salga del cuarto oscuro. La tercera estrategia es que un 20 por ciento del total de boletas estarán en manos de la persona a cargo de la seguridad en ese colegio, por lo general un militar. Cuando falten boletas de tal o cual partido, el militar le entregará ejemplares de la boleta al presidente de mesa. Esto se engancha con la quinta y última medida: el militar deberá llamar al comando del partido de la provincia e informarle que faltan boletas en tal escuela. O sea que el 20 por ciento de sufragios servirá para la hora que, supuestamente, puede tardar el comando del partido en proveer boletas otra vez.
Los jueces afirman que existe un mecanismo perverso mediante el cual bastantes partidos se quedan con dinero que deberían destinar a las boletas. Cada fuerza política recibe fondos para imprimir una boleta por cada ciudadano del padrón electoral. Por ejemplo, si un partido tiene personería en todos los distritos, recibirá dinero para imprimir casi 28 millones de boletas, que es el equivalente al total del padrón. El Ministerio del Interior entrega 13,5 pesos por cada mil boletas, lo que significa que el partido con personería en todos los distritos recibirá 378.000 pesos para la impresión. A eso se agregan fondos para las boletas de senadores, que esta vez se eligen en algunas provincias grandes como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Esto suma más de 120.000 pesos, es decir que el total está por encima del medio millón de pesos. Hay fuerzas políticas que ni por asomo imprimen las cantidades de boletas para las que les dieron el dinero y se quedan con esos fondos para hacer campaña. Se cita, por ejemplo, el caso del Movimiento Independiente de Jubilados, que lidera Castells, que entregaba muy pocas boletas a las juntas electorales. Tanto los jueces como el Ministerio del Interior intentarán esta vez controlar más estrictamente qué se hace con el dinero de impresión de boletas.
El primero y principal es que las mesas tardaron en constituirse porque faltaron las autoridades de mesa. Esta vez, el plan es que las juntas electorales de cada distrito realicen una convocatoria a las autoridades ya en la primera semana de mayo, de manera que haya tiempo para reemplazar a quienes argumenten que no pueden ser autoridad de mesa. Junto con eso, hay provincias en las que se están haciendo convenios con universidades, para que estudiantes avanzados sean autoridades de mesa, siempre que no estén afiliados a un partido. También se celebrarán acuerdos con colegios profesionales y agrupaciones de distinto tipo para que sus miembros sean autoridades de mesa. Es posible que haya un spot televisivo de Organizaciones No Gubernamentales, como Poder Ciudadano o Conciencia, convocando a los citados a no faltar o, como mínimo, a notificar de antemano su imposibilidad. Desde mañana existirá un registro de voluntarios en el que, además, ya hay personas inscriptas. Debe recordarse que las autoridades de mesa cobrarán 100 pesos por su labor ese día, pero a eso se agregan otros 30 para quienes participen previamente de una capacitación. Si las autoridades de mesa están en su puesto a la hora indicada, no debería haber problemas de colas ni dificultades para votar.
Efectivamente. La Cámara Nacional Electoral estimó que el tiempo de votación pasó de un minuto y medio a seis minutos, en promedio. Esto se debe a las llamadas listas colectoras. Por ejemplo, es posible que Néstor Kirchner o Francisco De Narváez o Margarita Stolbizer o cualquier candidato tenga más de una lista que lo apoya en determinado municipio. Se conforman entonces las llamadas colectoras, lo que hace que en muchos distritos el ciudadano entre al cuarto oscuro y se encuentre con 70 boletas distintas. Esto no se podrá remediar en esta elección. Los jueces insisten en que el Congreso debe afrontar una reforma de los partidos y de esta mecánica.
Parece obvio, por ejemplo, que Francisco de Narváez está haciendo publicidad electoral, tanto en la vía pública como en la televisión. La Cámara Nacional Electoral sancionó en su momento a José Manuel de la Sota por un spot televisivo, pero justamente en ese fallo sentó posición: se considera publicidad electoral si pide el voto. O sea que se puede mostrar la figura, contar sus bondades, pero si no dice vote a fulano, no será objetada. La publicidad electoral no tiene restricciones si se hace dentro de los 45 días anteriores a la elección: en ese período obviamente es que se puede pedir el voto.
En el padrón tienen que estar incorporadas todas las novedades –cambios de domicilio, personas que cumplen 18 años, fallecimiento– anteriores al 30 de diciembre, 180 días antes de la elección. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un atraso de registro de 1.700.000 novedades. El viernes el Ejecutivo proveyó a la Justicia de 2.300.000 pesos para pagar horas extras a quienes registran las novedades. La impresión es que se llega a tiempo y que el padrón será publicado 30 días antes de la elección, como marca el Código Electoral.
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