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La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside la radical Silvana Giudici, recibió a representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales para escuchar sus argumentos en favor de despenalizar las figuras de calumnias e injurias cuando refieren a temas de relevante interés público. El organismo de derechos humanos presentó el mes pasado un proyecto de ley con el objetivo de que el Estado cumpla con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Kimel”, que lo intimó a modificar su legislación interna para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión.
“La Corte ordenó que se cumpla su sentencia en ‘un plazo razonable’ y el 2 de mayo se cumple un año del fallo”, destacó Andrea Pochak, directora adjunta del CELS. “No obstante la campaña electoral, percibimos que existe intención de acelerar el tratamiento legislativo para cumplir el mandato de la Corte”, agregó. Pochak participó de la audiencia junto con los abogados Santiago Felgueras y Damián Loreti, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
En las comisiones de Legislación Penal y Legislación General de Diputados hay tres proyectos de ley con estado parlamentario sobre los “delitos contra el honor”. Uno es de la propia Giudici, otro de la oficialista Diana Conti y el tercero, más reciente, de Marcela Rodríguez. El proyecto de la diputada de la Coalición Cívica, que contaría con el visto bueno de todos los bloques, no se limita a casos de interés público: propone eliminar del Código Penal las calumnias e injurias, delitos que de aprobarse su iniciativa se dirimirían sólo en el fuero civil.
El periodista Eduardo Kimel fue condenado por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola en la investigación de la Masacre de San Patricio, en 1976. El año pasado la Corte Interamericana le exigió al Estado dejar sin efecto la condena, indemnizarlo, reconocer su responsabilidad en un acto público y “adecuar en un plazo razonable su derecho interno” a la Convención Americana de Derechos Humanos. Once meses después, sólo se cumplió la reparación económica. “Tratar el tema es central. La derogación de las calumnias e injurias forma parte de una agenda ampliada que también incluye los proyectos de radiodifusión, sobre publicidad oficial y acceso a la información”, destacó Giudici.
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