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Las elecciones legislativas del 28 de junio ocurrirán en un complejo contexto regional en el que los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay, con diverso grado de afinidad con la actual administración argentina, pondrán en juego su continuidad. Al día de hoy las previsiones más razonables señalan un giro a la derecha en todos esos países, con lo cual el último año del mandato presidencial de CFK transcurriría en un clima de creciente polarización entre esas nuevas gestiones con los consolidados regímenes de Venezuela y Ecuador. Lo que de esto derive incidirá a su vez en la estabilidad de los procesos políticos de los eslabones más débiles de la cadena regional, Paraguay y Bolivia, donde Fernando Lugo reza para que no sigan apareciendo hijos, y Evo Morales será reelecto en diciembre. Alvaro Uribe trata de obtener la habilitación en Colombia para intentar lo mismo dentro de un año. Esto ayuda a entender también lo que se pone en juego dentro de cinco semanas en la Argentina.
La clave, como de costumbre, es Brasil, donde el año próximo culminará el segundo período presidencial de Lula, cuya proyección no ha cesado de crecer, incluso entre sectores que mantienen reclamos insatisfechos. Lula nominó como candidata a sucederlo a su jefa de gabinete, la economista Dilma Rouseff. Pero hasta ahora su carisma no se transmite con facilidad a esta ex guerrillera y presa política durante la dictadura, quien perdería la presidencia frente a José Serra, el candidato derrotado en la última renovación del Poder Ejecutivo, quien por acuerdo o elección interna volverá a representar al PSDB. La semana pasada Dilma fue internada de urgencia por el dolor que le causaba el tratamiento químico que recibe a raíz de un cáncer linfático y se publicó una foto de escaso atractivo electoral, en la que ataja con la mano la peluca con que cubre la calvicie, para que no se la lleve el viento. Varios partidos de la coalición gobernante han preparado un proyecto de reforma constitucional que habilitaría un tercer periodo al frente del Poder Ejecutivo para el actual presidente. Lula, con la voz grave y pausada que emplea en mensajes breves y precisos, dijo que no había tercer período y que Dilma estaba curada y afrontaría en perfectas condiciones la campaña a partir de agosto. Por ahora, claro. Lula es el principal factor de equilibrio entre los distintos gobiernos y/o modelos de la región, como se demostró en la creación de la Unasur. Para la Argentina tiene un valor agregado único: nunca ha habido en Brasil un gobernante tan comprensivo de las necesidades y las posibilidades de la integración entre ambos países, merecedora de algunos sacrificios sectoriales. Esos intereses, que lo cuestionan por ello como pro-argentino, son los que representa Zé Serra: la poderosa industria paulista, cuya capacidad de abrir su mercado a la competencia y a cambio penetrar en el estadounidense, le hace ver al vecino rioplatense como un molesto rezagado que hay que llevar a cuestas. Nadie entiende mejor que Lula que la armonía con una Argentina más fuerte es un activo que Brasil capitaliza en su proyección al escenario global. A más tardar a fines de agosto, Lula deberá decidir si se allana al clamor reeleccionista, insiste con Dilma o abre un proceso sucesorio en busca de otro candidato para las presidenciales que se celebrarán en 2010. Esto es cualquier cosa menos fácil. La candidatura presidencial exitosa de un movimiento popular, a la que los grandes intereses y los medios de comunicación sólo se resignan cuando no tienen más alternativa, no se fabrica ni siquiera en pocos años, menos aún en meses. El propio Lula recién ganó la presidencia en su cuarto intento.
El mismo día en que Néstor Kirchner compita en la Argentina con el duhaldismo de pro y el aglomerado radical, el Frente Amplio uruguayo elegirá su candidato para suceder a Tabaré Vázquez. Las elecciones en dos vueltas serán en octubre y noviembre. Tabaré también se ilusionó con la idea de la reelección, pero la firme conducción frentista que ejerce José Mujica le hizo entender que no era posible. El también ex tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro usó un parangón brutal entre los presidentes salientes y aquellos perros que sólo pueden mirar con aire distraído al horizonte mientras a sus espaldas otros se hacen la fiesta. Perros putos, dijo primero. Homosexuales, corrigió luego en aras de la corrección política. Vázquez apoyó entonces a su ministro de Economía, Danilo Astori. Una vez que fracasaron los intentos para unir a ambos precandidatos en una fórmula común, y luego de la aprobación de una plataforma programática de la cual el electo no podrá apartarse, ambos se presentaron a la Convención frentista, en la que miles de delegados consagraron a Mujica. Astori quedó relegado al tercer puesto, detrás del intendente de Canelones, Marcos Carámbula. No obstante, en el hiperparticipativo proceso frentista aún falta la ratificación en elecciones internas. Los observadores más confiables dicen que Astori no tiene forma de ganar la candidatura, pero agregan que es casi imposible que Mujica logre imponerse en segunda vuelta al casi seguro candidato del Partido Nacional o Blanco, el ex presidente Cuqui Lacalle, adalid del neoliberalismo oriental, que presidió un gobierno casi tan corrupto como el de Carlos Menem en la Argentina.
La Concertación de Partidos por la Democracia gobierna en Chile desde hace dos décadas, con los sucesivos presidentes democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, y socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Este año Bachelet termina su mandato de cuatro sin posibilidad de reelección, con los índices de beneplácito más altos que se recuerden. Luego de su presidencia imperial Lagos sólo estaba dispuesto a postularse para un nuevo mandato si los partidos concertados lo designaban por aclamación, sin elecciones internas. Rechazada esta pretensión del candidato natural, surgió el nombre del ex ministro de Lagos, José Miguel Insulza, quien se abstuvo de competir porque el resultado no era seguro y prefirió conservar su cargo como secretario general de la OEA, con casi 20.000 dólares mensuales de sueldo, viáticos y casa en Washington, como cuentan con insidia sus decepcionados compañeros socialistas. El 5 de abril, Frei Ruiz Tagle venció en las primarias de la Concertación al jefe del Partido Radical, José Antonio Gómez. Frei ofrece una innovación etérea (dice que pondrá el acento en la política social, cosa que ya prometieron todos los candidatos y que sólo Bachelet cumplió) y otra tangible: abandonó su rígido peinado a la gomina por uno más flojo, con algún mechón al aire. Quienes intentan argumentar que no es el mismo que hace ocho años cuando dejó la presidencia, dicen que cambió cuando supo que su padre, el ex presidente de la década de 1960 Eduardo Frei Montalva, había sido asesinado por los envenenadores de la DINA, que se infiltraron en el hospital donde estaba internado. Los propios dirigentes de la Concertación reconocen que el favorito es el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, una cruza de Carlos Bulgheroni con el Pato Galmarini. Consultor del Banco Mundial, iniciador del negocio de las tarjetas de crédito en su país, presidente del Citicorp en Chile, inversor financiero de alto riesgo, procesado por fraudes bancarios y grabado cuando convenía con un periodista destruir la carrera de otra candidata, hermano del ministro de Pinochet que destruyó el régimen estatal de jubilaciones pero opositor en el plebiscito de 1988, este emergente de la derecha liberal post pinochetista fue uno de los beneficiarios de las privatizaciones de la dictadura. Entre otras empresas, conduce LAN Chile y tiene participación en LAN Argentina, donde sus hombres de paja son los hijos de José Alfredo Martínez de Hoz y de Mariano Grondona. La Concertación no gana para sustos: un diputado socialista de apenas 36 años desconoció las internas e insiste en postularse como independiente, para lo cual debe llevar ante un escribano las firmas de 36.000 personas inscritas en el registro electoral pero que no militen en ningún partido. Sus apellidos complican la cosa: Marco Enríquez Ominami es hijo del asesinado líder del MIR Miguel Enríquez y fue adoptado por quien ocupó el ministerio de Economía con Aylwin. Casado con una popular animadora de televisión, filósofo, cineasta, especialista en medios y publicidad, cultiva un look flogger, hace campaña por Internet, es insolente y audaz. El senador Carlos Ominami escandalizó al partido socialista cuando se pronunció en apoyo de su hijo, que crece en las encuestas a razón de un punto por semana. Este lunes le atribuían una intención de voto del 15 por ciento. Si Piñera es el hombre de la derecha que se mueve hacia el centro democrático al estilo de Gianfranco Fini en Italia, la modernidad progresista de Enríquez-Ominami le alcanza para propiciar la despenalización del consumo de marihuana, el aborto y el matrimonio entre personas de cualquier sexo, pero sus propuestas económicas son neoliberales y contempla privatizar las empresas públicas que Pinochet perdonó. Cualquiera de los tres que se imponga, implicará un retroceso respecto del gobierno de Bachelet.
Ningún análisis desinteresado sugiere cambios drásticos en las elecciones argentinas del último domingo de junio. Es probable que el gobierno pierda algunas bancas en la suma total y acaso también el quórum propio. Pero parece encaminarse hacia una cómoda victoria en el principal distrito, que concentra el 40 por ciento del padrón nacional, y la oposición quedará muy lejos de los 2/3 necesarios para superar el veto presidencial a cualquier táctica obstruccionista. El prudente manejo de la economía, que a partir de la crisis global hizo revalorizar la gestión de Bachelet en Chile, tiene un efecto menos nítido aquí, por el fuerte contenido derogatorio de la competencia política, basada en la aversión contra la presidente, a quien todos se afanan por aplicarle el golpe más bajo. Menos ostensible que la unidad mediática, la de la oposición política es apenas una conjetura que deberá verificarse después del 29 de junio. Una vez que agregó a Felipe Solá a su colección de trofeos, el hombre del Nextel lo relegó a una posición secundaria, para que recorra el interior de la provincia pero sin respaldo publicitario, que se limita a la gente como uno. El masoquista Solá, que se fue del oficialismo porque Kirchner no lo mimaba, está aprendiendo ahora lo que es el maltrato. En cualquier caso el gobierno no transitará del mismo modo sus próximos años según quienes gobiernen en Brasilia, Montevideo y Santiago. Si las peores hipótesis se confirmaran, el presidente venezolano Hugo Chávez, y detrás de sus huellas Rafael Correa en Ecuador, obtendrían un argumento de peso en su voluntad de expandir el modelo que el venezolano conduce desde hace una década: la capacidad de consolidar un régimen, basados en una gestión plebiscitaria, revalidada en las urnas, y sin excesivo cuidado por las formas republicanas, mientras Lula, Tabaré, Bachelet y tal vez los Kirchner se alejarían del poder sin dejar transformaciones irreversibles. Que Daniel Scioli aparezca como la sucesión posible lo dice casi todo. Aquel modelo del norte de Sudamérica debe ser tentador para estos gobernantes, aunque no parece de fácil aplicación en sociedades como las del cono sur. De Narváez y Macri sintonizan la misma frecuencia de Piñera o Uribe, de país atendido por sus dueños, o de hábiles gerentes políticos de los intereses creados, como Lacalle o el peruano Alan García.
Durante su última visita, el teniente coronel Chávez postuló en público un presunto eje Caracas-Buenos Aires mientras no desiste de buscar la adhesión argentina al ALBA, sigla de su Acuerdo Bolivariano para las Américas. Para Chávez esto implica un recorte al poder de Brasil y la importancia del Mercosur. Esto no forma parte de las prioridades de CFK, quien también marcó distancia en la valoración del nuevo gobierno estadounidense. El exuberante Chávez pasa de decirle a Barack Obama que quiere ser su amigo a compararlo con George Bush y afirmar que nada ha cambiado, cosa que ni los hermanos Castro sostienen en Cuba. En forma simétrica, atacar a Chávez se ha convertido para la oposición argentina en otro modo de enfrentar a los Kirchner, como se ve en las insólitas declaraciones de la Unión Industrial y las asociaciones de banqueros y de empresarios sobre la estatización de empresas de Techint en Venezuela. La UIA, la ADEBA y la AEA, que integran el renacido lobby devaluacionista, llegan a llamar “empresa argentina” a la multinacional italiana de Milán y a exigir la intervención de la presidente, como si estuviera en juego el interés nacional. En realidad están presionando para que el Estado bobo, que recuperó el manejo de los fondos provisionales y de algunas empresas, no termine de despertar. A partir de la semana próxima los cancilleres comenzarán a llegar a Honduras para la Asamblea General de la OEA. La Argentina, Chile y Brasil, prepararon un documento de homenaje al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el medio siglo que cumple la Comisión Interamericana. Chávez presentó una nota al pie virulenta contra la Comisión, a la que califica como un organismo no imparcial, instrumento de la agresión imperialista contra la revolución bolivariana, que en abril de 2002 habría reconocido al gobierno surgido del fugaz golpe de Estado que depuso a Chávez. Eso no es cierto y la principal desmentida proviene del mismo Chávez, que al mes del golpe recibió a la Comisión en Caracas y les agradeció a sus miembros las gestiones realizadas por sus derechos conculcados. La Comisión había pedido informes por la situación de Chávez, ante una denuncia presentada por la ONG colombiana Minga, que defiende los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Para ello se dirigió al canciller de los golpistas, como lo hizo antes con las dictaduras de Pinochet y Videla en defensa de los perseguidos, lo cual no puede homologarse con el reconocimiento del gobierno, que es una decisión política que no compete a la CIDH. Venezuela amenaza ahora con abandonar la OEA o denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no sería apoyado por los principales países de la región, donde la Comisión cumplió un rol esencial en el apoyo a los pueblos durante las respectivas dictaduras. Tal vez Chávez sobreestime la importancia relativa de su país. La Asamblea General que sesionará en Honduras desde el 1 de junio será una nueva oportunidad para que la Argentina despliegue la estrategia flexible que CFK mostró en la cumbre presidencial de Trinidad-Tobago, donde criticó la exclusión de Cuba de la organización continental y reclamó su reingreso, pero al mismo tiempo planteó que debía analizarse el record del gobierno de ese país caribeño en materia de derechos humanos, cosa que también había admitido su nuevo presidente, aunque con toda probabilidad sus ópticas al respecto difieran. Del otro lado, el establishment cubano de Miami está en pie de guerra y el senador Mel Martínez advirtió sin sutileza que la readmisión de ese gobierno pondría en peligro el presupuesto de la OEA, cuyo principal sufragante es Washington. Pero en ese caso, la soledad estaría reservada al gobierno de los Estados Unidos, cosa que Hillary Rodham Clinton deberá ponderar antes de encontrarse con sus colegas americanos.
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