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Fabián Lefebvre trabajó doce años en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Al ingresar, en 1997, la cartera de Educación porteña le hizo un contrato como personal de la planta transitoria, que le renovó cada año de manera ininterrumpida hasta principios de éste, cuando, con el argumento de una reestructuración, lo dejaron sin empleo. Lefebvre llevó el caso a la Justicia y aportó pruebas de que se había desempeñado en el CEPA de manera estable y prolongada, a pesar de lo cual siempre fue considerado como un eventual. La jueza Patricia López Vergara ordenó ahora al gobierno porteño que lo reincorpore en su lugar de trabajo hasta que el cargo sea concursado. El macrismo se niega a cumplir la medida cautelar, en un caso considerado testigo para los contratados de educación.
En la Ciudad hay más de tres mil docentes contratados, según los datos de la Comisión de contratados de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera). Esto significa que alrededor del 7 por ciento de los docentes porteños están encuadrados como planta transitoria. Generalmente se trata de empleados de veinte programas del Ministerio de Educación, como los de terminalidad de adultos, retención en la escuela de alumnos, madres y padres, o de investigación y estadística. Algunos llevan dos décadas en esta precariedad laboral, a pesar de que en 2000 el gobierno se comprometió por ley a revisar la situación de los trabajadores considerados transitorios que “observen características de regularidad y antigüedad en la administración”.
Esteban Sueyro, de la Comisión de Contratados de UTE, señaló a Página/12 que los trabajadores transitorios están organizados dentro del gremio desde hace seis años. Tienen como reclamos principales ser incorporados al Estatuto Docente y que se titularicen sus cargos.
En el caso de Lefebvre, la jueza, al dictar la medida cautelar, ordenó que el trabajador permanezca en su puesto hasta que se realice un concurso público y abierto para cubrir el cargo. La magistrada citó un escrito del constitucionalista Germán Bidart Campos que remarca que “la relación en el empleo público goza de estabilidad”, según el artículo 14 bis de la Constitución. Bidart Campos apuntó en ese sentido que “la temporalidad es la excepción”, y criticó “cuando la administración sustrae ilegítimamente de ese régimen de estabilidad a un agente al que, sin causa legítima, o con desviación de poder, contrata transitoriamente”. La conclusión del constitucionalista fue que “el llamado Estado de Derecho no consiente que al margen de la legalidad y de la ética se burlen o se retaceen los derechos constitucionales”.
En la medida cautelar también hubo consideraciones hacia la situación particular de Lefebvre, quien en la Escuela de Capacitación asiste técnicamente a otros docentes en cuestiones de informática (su función, aunque no es la tradicional de dar clases, está reconocida como docencia, incluso en los recibos de sueldo donde su trabajo es liquidado en horas cátedra y se le paga el incentivo docente). “Durante los doce años de trabajo no registré ni un solo día de ausencia. Ni siquiera por enfermedad personal o de familiar a cargo. No usufructué ningún tipo de licencia. Y no tengo llegadas tardes”, planteó el trabajador al pedir el amparo. También señaló que cuando le comunicaron que no le renovarían el contrato dijo a sus superiores que justo había renovado el contrato de alquiler de su casa y no tenía otro empleo. “Contaba con mi trabajo y salarios durante todo este año al menos, es mi derecho adquirido tras años de trabajo. En razón de ello, he rechazado otras alternativas laborales, o bien actividades que podrían haber complementado mis ingresos, he contraído obligaciones de pago en forma de créditos, he dispuesto de mi sueldo en la seguridad de su continuidad. Ello ha afectado mis condiciones de vida y las de mi familia”. La jueza tomó esta situación en cuenta; para evitar daños irreparables, el amparo, que ordena medidas que deben regir hasta que se resuelva la cuestión de fondo del caso, dispuso el pago a Lefevbre de los salarios que no percibió en lo que va del año lectivo.
La cautelar fue notificada el 29 de abril, pero hasta ahora el trabajador no ha sido reincorporado en su puesto. Su abogada Silvana Graciano detalló que el 8 de mayo Lefebvre se presentó a trabajar y le negaron tareas; al lunes siguiente volvió a ir acompañado por un escribano que certificó la negativa a darle a trabajo. Así las cosas, la jueza deberá ahora intimar al gobierno de la Ciudad a que cumpla el amparo.
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