Los puntos salientes del documento de “discusión programática” del ARI presentado en el acto de ayer.
Instituciones
La reconstrucción de las instituciones de la República se ha erigido en nuestra máxima prioridad. Por eso proponemos convocar a una Convención Nacional Constituyente que trabaje sobre un conjunto de principios derivados de un sólido consenso social.
Los ejes principales de la reforma serán:
- La caducidad de todos los mandatos legislativos nacionales.
- El cese en el ejercicio de sus funciones de los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- La sujeción a ratificar en los cargos que ocupan de los actuales jueces en lo criminal y correccional federal, de acuerdo con el procedimiento que, para tal fin, fije la Convención Nacional Constituyente.
Hacia una democracia participativa
La crisis de legitimidad, que toma expresión en las abstenciones masivas o en la apatía ciudadana en la acción político-social, asume en nuestro país una forma particular. Las luchas de los últimos años hablan de una exigencia mayor de los actores sociales que quieren controlar y ser consultados sobre la decisión de las políticas. Por eso hay que diseñar una nueva relación entre sociedad civil y Estado.
- Mecanismos de control ciudadanos: serán incrementados cuantitativa y cualitativamente para fiscalizar los de los actos de gobierno, teniendo en especial consideración la participación de las asociaciones civiles.
- Publicidad de las decisiones de gobierno: sobre todos los pasos previos al dictado de cada política de gobierno.
- Juicio por jurados: se promoverá su instalación progresiva, como está previsto en la Constitución.
- Ley de acceso a la información: se buscará su sanción para que permita un efectivo control de los actos de gobierno y del gasto público.
- Poder local: deberá reforzarse allí donde la presencia ciudadana resulta más inmediata y efectiva. El plano local es decisivo en materia de participación, más cuando la deserción del Estado obliga a los municipios a asumir numerosas competencias y servicios públicos.
- Presupuesto participativo: una herramienta que debe institucionalizarse. Al permitirse el acceso a los datos e informaciones del presupuesto público y a los planes elaborados por la autoridad pública, se entrega a la sociedad el poder soberano de decidir directamente el gasto público y de prepararse para asumir mejor un proyecto de democracia sustantiva.
Un nuevo régimen económico y social para una República de iguales
Cambiar el régimen económico y social vigente por tantos años es necesario para salir de la grave crisis que atraviesa el país. Será la capacidad colectiva para construir un nuevo régimen de organización social lo que nos va a permitir esta salida. Hay que reconocer honestamente la complejidad de los problemas y desplegar todas las energías disponibles en varios campos al mismo tiempo.
¿Cómo mejorar el nivel de empleo formal?
- Implementando programas regionales de construcción de viviendas sociales y obras de infraestructura, generadores de mano de obra y difusoras de efectos positivos para la retención poblacional y el desarrollo.
- Promocionando el empleo privado directo dirigido a las Pymes, pero no negociando aisladamente con cada empresa sino en el contexto de asociaciones regionales y acuerdos tripartitos estrictamente supervisados.
- Impulsando programas en cuencas productivas para permitir que pequeños productores puedan desarrollar productos en escala.
- Promoviendo diferentes tipos de trabajos de inserción social, en forma coordinada con las políticas de sostenimiento de ingresos.
Por la dignidad del salario
- Se promoverán aumentos de salarios en el marco de negociaciones colectivas de trabajo, conforme a las nuevas normas de regulación laboral,que fomenten una mayor cooperación en la empresa y una mayor participación de los trabajadores en los resultados y en la gestión.
- Se tenderá a incorporar al salario los componentes no remunerativos.
Políticas para el desarrollo industrial
Junto con el desarrollo agropecuario, el compromiso con el desarrollo industrial es promover políticas macroeconómicas que favorezcan la valorización productiva junto con un cambio en la actual trayectoria de especialización, estimulando la creación de un ambiente competitivo y fomentando la inversión e integración productivas. Para lograrlo:
- Se propondrá una nueva legislación anti-monopólica y de defensa de la competencia.
- Se revisarán los criterios de tarifas de los servicios públicos.
- Se aplicará efectivamente el régimen de Compre Argentino, dando participación a las Pymes en la fiscalización del régimen.
- Se facilitará la aplicación de medidas antidumping y de salvaguarda.
Política monetaria, cambiaria y financiera
La regulación de la economía dirigida por el capital financiero, en un contexto de amplia apertura económica, ha favorecido la especulación por sobre la producción. Argentina ha pagado un precio muy alto por adoptar un sistema basado en la provisión de divisas y de seguro de cambio gratuito por parte del Estado. El desafío es reconstruir un sistema monetario, cambiario y financiero que desaliente la especulación financiera y permita recuperar lo máximo posible las funciones de la moneda nacional. Recuperar la confianza en la moneda no es sólo un problema de reservas, sino de un sistema de pagos recíprocos que establezca relaciones consistentes entre deudores y acreedores mediante la coordinación de la reforma fiscal, la renegociación de la deuda pública y la política cambiaria.
Para ello se tomarán las siguientes medidas:
- Regular la oferta monetaria en base a un indicador de la evolución de los precios con metas decrecientes. Mientras dure la emergencia, este modo de regulación será aplicado con la flexibilidad que exige la urgencia de asegurar la reactivación.
- En el régimen cambiario, el objetivo es separar lo máximo posible la regulación de la oferta monetaria de la estabilización de un tipo de cambio efectivo que sea competitivo para el país pero consistente con la necesidad de promover un sistema productivo integrado y el bienestar de la población. Para ello, y estableciendo valores de referencia, se garantizará: solvencia fiscal consistente con la reprogramación de la deuda pública; consideración de las distintas monedas que participan el comercio exterior; aumento y diversificación de las exportaciones; uso flexible de retenciones y reembolsos; control del movimiento de capitales y liquidación perentoria y completa de las divisas de exportaciones.
- En materia financiera, se tenderá a reducir el cortoplacismo y la dolarización de las transacciones, recomponer la oferta de crédito y reducir la segmentación en el mercado para que llegue a las empresas de menor tamaño y a las regiones más relegadas. Asimismo, se trabajará para terminar aquellos temas aún pendientes derivados de la incautación de depósitos y de la pesificación asimétrica. Reconociendo las limitaciones jurídicas, se buscará revisar las medidas indiscriminadas que favorecieron la licuación de pasivos de deudores solventes y liberar todas las restricciones remanentes al uso de fondos por parte de los depositantes.
El petróleo bajo el control del Estado
Nuestra propuesta es recrear una empresa petrolera estatal para que sea la ejecutora de la política petrolera del país, además de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y de los marcos regulatorios eléctrico y gasífero. Crear un ente regulador de todo el sistema energético, que haga efectivo el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos. En materia petrolera, este ente debe exigir la constitución de reservas estratégicas, limitar las exportaciones a su comprobado mantenimiento y controlar la subfacturación. Es necesario exigir inversiones enexploración, establecer precios de referencia en el mercado interno, controlar los impactos ambientales de la actividad y exigir el cumplimiento de las normas del compre argentino. Aumentar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos.
Los servicios públicos para las necesidades de la población
El proceso de privatizaciones de las empresas del Estado ha sido irracional, frecuentemente al margen de normas y procedimientos jurídicos y contrario a los intereses de la ciudadanía. Para que los servicios públicos cumplan con su razón de ser, nuestra propuesta es:
- Revisar integralmente todos los contratos de concesión o transferencia de las empresas y todas las renegociaciones, caso por caso. Las ilegalidades comprobadas serán sancionadas y revertidas.
- Revisar los compromisos de inversión, el cumplimiento de los coeficientes de aportes de capital propio, de la legislación de compre argentino, los criterios de aplicación de la “neutralidad tributaria”, la legalidad de los ajustes de tarifas y el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución nacional.
- Asegurar la implementación de programas de desarrollo de proveedores locales en las negociaciones.
- Desarrollar un muy activo seguimiento de las fusiones, adquisiciones y prácticas anticompetitivas.
- Garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y modificar los criterios de tarifación.
- Intervenir y revisar el funcionamiento de los entes reguladores u órganos de control, se los dotará de autarquía e independencia plenas.
- Integrar a los respectivos marcos regulatorios una visión dinámica de la incorporación del desarrollo científico-tecnológico bajo supervisión estatal.
- Establecer nuevas regulaciones a la propiedad de las empresas prestatarias de los servicios públicos privatizados, a fin de introducir mayor competencia de forma directa, como también en todos aquellos mercados en los que, por distintos motivos, los monopolios privatizados podrían ejercer prácticas anticompetitivas.
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