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El juez federal Claudio Bonadío procesó con prisión preventiva a nueve detenidos del Frente de Acción Revolucionaria y el Movimiento Teresa Rodríguez. Se trata de cinco manifestantes que fueron arrestados tras los incidentes ocurridos en el acto por el Estado de Israel y otras cuatro personas detenidas con posterioridad en un allanamiento a un local del MTR en Florencio Varela. Bonadío los encontró responsables de los delitos de “prepotencia ideológica” –imponer las ideas por la fuerza–, violación a la ley antidiscriminación, lesiones leves y resistencia a la autoridad.
Los hechos ocurrieron el 17 de mayo último, cuando se realizaba un festejo por el aniversario de la creación del Estado de Israel al que manifestantes del FAR fueron a repudiar con una marcha de apoyo a los palestinos. Hubo una pelea con los que participaban del acto, quienes denunciaron haber sido agredidos por los manifestantes del FAR con palos y golpes de puño, en un ataque antisemita. Por los incidentes fueron detenidos cinco manifestantes. Días más tarde, el juzgado ordenó el allanamiento de un local del MTR donde secuestraron molotovs, tres revólveres y panfletos y fueron arrestados los que se encontraban en el galpón. Así el número de presos subió a doce, para tres de los cuales ayer el juez ordenó la libertad.
Tras conocer la resolución judicial, el presidente de la DAIA, Aldo Donzis, consideró que “se hizo justicia”. “Valoramos la actitud del juez Bonadío, que pese a las presiones de máscaras y palos en la puerta de su juzgado supo llevar la justicia adelante”, declaró el dirigente, aludiendo a las manifestaciones que varias organizaciones piqueteras realizaron en los tribunales para pedir la liberación de los arrestados.
Por su parte, los abogados de los detenidos reiteraron que sus defendidos “no participaron de una manifestación antisemita, sino de una protesta contra el gobierno de Israel” y anticiparon que apelarán el fallo. “El juez aplicó el artículo 213 bis del Código Penal que sanciona a las personas que formen parte de un grupo que tuviera por objetivo imponer sus ideas por la fuerza”, señaló Martín Alderete. “Para noso-tros el 213 bis es de dudosa constitucionalidad y además no está probado que los detenidos hayan intentado imponer sus ideas por la fuerza. Lo que se probó es que hubo un incidente, pero no se investigó cómo comenzó.” Alderete agregó que apelarán además la aplicación de la ley antidiscriminación “porque de los panfletos surge que los presos tenían una posición crítica a la política del Estado israelí y al sionismo, pero no contra la comunidad judía”.
En el mismo sentido un grupo de intelectuales, militantes sociales y de organismos de derechos humanos está haciendo circular un documento en el que advierten que el caso “criminaliza a las organizaciones populares”. “Se puede discutir sobre las formas de hacer una denuncia contra el gobierno de Israel, pero resulta inadmisible apoyar la tentativa de reducir y estigmatizar a un grupo que critica la actual política del gobierno de Israel, y que cuenta con una larga trayectoria de lucha y un vasto trabajo comunitario, bajo la figura del antisemitismo”, señala el texto firmado por Maristella Svampa, Roberto Gargarella, Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj) y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora), entre otros.
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