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Por fuera de las organizaciones de cúpula del empresariado, pero muy cerca de las preocupaciones de los sectores industriales que sufren las consecuencias de una estructura productiva demasiado concentrada, empiezan a circular propuestas de política industrial que podrían resultar contradictorias con las promovidas por aquellas entidades tradicionales.
El problema que enfrentan es cómo llegarán a la mesa de discusión, sin ser bloqueadas por las mismas entidades empresarias que han sido la voz dominante del empresariado durante más de treinta años.
Una de las críticas que formulan entidades como la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) o la Asociación Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEBA), está referida al papel de las corporaciones industriales y grandes empresas en general, habituales beneficiarias principales de las políticas de promoción de inversiones. “Predomina un enfoque de que la inversión, a secas y en general, es buena y sólo puede generar efectos benéficos, sin analizar sus impactos sobre el conjunto del entramado productivo”, advirtió Matías Kulfas, ex subsecretario de la Pequeña y Mediana Industria hasta diciembre de 2007 y titular de AEBA, en una reciente publicación en la revista especializada Informe Industrial. Casi como un ejemplo vivo de ello, los fabricantes de bienes de capital en el país advirtieron con preocupación la inclusión en el discurso del último jueves de la presidenta de la Nación, de un párrafo en el que destaca el crecimiento de importaciones en ese rubro como un síntoma de buen comportamiento de la economía en materia de inversiones. “La están asesorando mal, alguien debería advertirle que esas importaciones las hacen las grandes corporaciones exclusivamente, desplazando la posibilidad de desarrollo de una industria nacional que podría proveer esos mismos equipos”, señaló a este diario un vocero del CEEN.
Es evidente que el discurso y el manejo de conceptos de los mayores grupos empresarios se colaron no sólo en la política de las últimas décadas sino también en las formulaciones de los propios funcionarios. Pero, además, estos grupos han ejercido una especie de poder de veto sobre la ejecución de políticas industriales, por su control y manejo de cadenas productivas –posición dominante tanto en relación a sus proveedores como a sus clientes–.
Enfrentarse a la matriz productiva generada por estos grupos, o aceptarla como situación dada y limitarse a “corregir las distorsiones”, define la profundidad con la que se va a actuar en la materia, y la capacidad o no de modificar esa realidad. Kulfas, en la publicación aludida, señala con certeza que “existen dos maneras de ver la política industrial, la primera es como respuesta a fallas del mercado. En este caso, el tipo de intervención que surge es de carácter horizontal, procurando resolver un determinado problema: existencia de competencia monopólica u oligopólica, por ejemplo, o las dificultades de acceso al crédito para determinado tamaño de empresas”.
“La segunda forma de verlo”, agrega, “parte de una premisa completamente diferente: el problema no pasa por la existencia de mercados imperfectos, sino por la inexistencia de mercados. En tal caso, la política no busca compensar distorsiones, sino generar y estimular determinadas alteraciones que moldeen una nueva estructura productiva”.
La cuestión de fondo es que generar una distribución más equitativa de ingresos, con más empleo y bien remunerado, pareciera que difícilmente pueda eludir el paso por la política industrial. Bien valdría repasar los beneficios que recibieron del Estado esos grupos durante todos estos años: promoción industrial en los ’70 y los ’80, estatización de la deuda externa en 1982, privatizaciones y apertura económica en los ’90, devaluación y pesificación de deudas a la salida de la convertibilidad. Y poner del otro lado de la balanza qué le devolvieron a la sociedad.
Una nueva matriz redistributiva requiere de una nueva matriz productiva. Y, en este caso, la confrontación con los intereses que han dominado la escena durante los últimos 33 años es inevitable. El problema no es que esos mismos sectores, y las entidades que los representan, estén hoy sentados a la mesa del diálogo. El problema sería que quienes se les oponen queden afuera.
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