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A 15 años del atentado a la AMIA, el Gobierno se propone poner un “punto final” a la investigación. El fiscal Nisman asegura que la causa ya está esclarecida, pidiendo que nos contentemos con vagas acusaciones contra Irán. Nada sobre la conexión local. Ningún procesado por la larga historia de encubrimientos y manipulaciones por parte del Estado argentino. Sin una intervención urgente, la causa se cerrará dejando en total impunidad uno de los crímenes más terribles que sacudieron a la Argentina.
Llama la atención que las principales entidades de la colectividad judía avalen este resultado y estén dispuestas a olvidar la conexión local y exonerar de toda culpa al Estado argentino. La sorprendente actitud sólo se vuelve comprensible como el costo que han decidido pagar a cambio de los múltiples gestos de apoyo de las autoridades argentinas a los intereses israelíes y norteamericanos en el conflicto de Medio Oriente. La aquiescencia que han mostrado frente a la designación del Fino Palacios (involucrado en el encubrimiento al atentado) como titular de la policía porteña es otro de los efectos de esta alianza tácita.
El apuro por cerrar como sea la investigación por el peor ataque antisemita que se recuerde en nuestro país contrasta con la desmesura en la denuncia a supuestos “ataques antisemitas” que sólo existen en la imaginación, como la reciente protesta protagonizada por un puñado de militantes de izquierda en ocasión de una celebración por la creación del Estado de Israel. Aunque la acción tuviera métodos cuestionables, se limitó a una denuncia de los crímenes de los que el pueblo palestino viene siendo objeto. Sin embargo, se les inició una disparatada causa penal, a partir de la cual, bajo la acusación de “antisemitismo” y “terrorismo”, el juez Bonadío buscaba imputarles el cuestionado artículo 213 bis del Código Penal, por “prepotencia ideológica” y “asociación ilícita”, junto con otras graves figuras penales, que podían haber desembocado en una pena de hasta 8 o 10 años de prisión. La AMIA, la DAIA y la Embajada de Israel presionaron fuertemente para que el caso fuera encuadrado de esa forma. En la audiencia de la pasada semana, los abogados querellantes de la AMIA llegaron al extremo de calificar la minúscula protesta de “pogrom”. Con sensatez, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenó la libertad de los doce detenidos, aun cuando no se conocen todavía sus fundamentos. Pero la confirmación de tales acusaciones hubiese significado una severa amenaza en contra de las libertades y los derechos cívicos y políticos más elementales.
En realidad, el verdadero acto antisemita y terrorista que hoy está impune en nuestro país es el atentado contra la AMIA. Ni la memoria de las víctimas del salvaje atentado, ni la de las muchas otras que enlutaron la historia del pueblo judío deben seguir utilizándose con fines políticos. No pueden seguir hipotecándose los verdaderos intereses de los argentinos, tanto los judíos como los de las demás confesiones, a favor de los intereses del gobierno de Israel. Frente a un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, es imperioso arbitrar los medios para que la investigación no se cierre, abriendo de una vez por todas la totalidad de los archivos secretos que están en manos de la SIDE. Frente a la continuidad de las injusticias contra el pueblo palestino, resulta imprescindible defender nuestro derecho a la denuncia.
* Adamovsky y Tarcus son historiadores, Svampa es doctora en Sociología.
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