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El esfuerzo que los miembros de la Mesa de Enlace escenificaron ayer y el viernes para reprimir su fastidio fue una forma más sutil de transmitirlo, pero su contenido fue el mismo que en la asamblea del lunes y Hugo Biolcati lo hizo expreso en su discurso inaugural. La Comisión de Enlace anunció que no concurrirá a la Mesa para el Diálogo Económico Social, lo cual traslada también la presión a los otros integrantes del G7, con dos desenlaces alternativos: que los rústicos subordinen al resto y entre todos frustren el CDES o que se encierren en sus silos de marfil en espléndido aislamiento. Llamaron “provocaciones” a todos los anuncios oficiales, que consideran por debajo del mínimo aceptable para la distensión. Comunicaron que presionarán sobre los diputados y senadores en sus lugares de residencia para forzar en el Congreso antes del 10 de diciembre la baja de diez puntos en las retenciones a las exportaciones de soja y la supresión lisa y llana para todos los demás productos e hicieron saber que se reanudarán las asambleas para que el gobierno se allane a sus demandas “de acuerdo a lo que el pueblo votó”, todo lo cual es una amenaza de reiteración de los ataques violentos que padecieron varios diputados. Afirmaron que no dinamitarían los puentes “por ahora” e insinuaron que volverán a tomar las rutas si los anuncios oficiales son “otro verso, otro engaño”. Pero ahora lo harán para acabar con la pobreza y la exclusión porque les da vergüenza que haya un chico con hambre, el discurso que Buzzi le enseñó a Biolcati para mejorar el marketing ruralista. Entretanto, siguen incorporando las concesiones que obtienen en cada reunión. La ministra Debora Giorgi las cuantificó en 21.700 millones de pesos desde abril de 2008 hasta julio de 2009. Una de las quejas de la Mesa de Enlace fue que la ministra leyera en su conferencia de prensa esas cifras que, dijeron, no mencionó durante la reunión. Lo que más parece molestarles es que, con el mejor tono, haya puesto en evidencia los beneficios que el sector ha embolsado y sus perspectivas para la próxima cosecha de cereales y oleaginosas, de una rentabilidad muy superior a la del promedio de la economía. Esa decisión,
inaugurada por la presidente en la cita con los bloques legislativos propios, pone en contexto los reclamos en términos comprensibles para toda la sociedad. Lo más notable es que los patrones rurales no hicieron el menor gesto de refutación de esas cifras. Prefieren la confrontación y el desgaste. Para esta semana se espera un paro y bloqueo del acceso a las usinas elaboradoras de leche de la mitad de los tamberos que responden a la Mesa de Enlace y que rechazan los anuncios formulados por la presidente en Villa María, con el beneplácito de la otra mitad.
Sólo una visión provinciana puede atribuir a la política oficial la sequía más grave del siglo, la peor crisis global en ochenta años o el desplome del mercado internacional de leche. El viernes llegaron a Roma cuatro tamberos alemanes, quienes se echaron a la ruta en sus tractores con la esperanza de obtener una audiencia con su compatriota Benedicto XVI porque, dicen, han perdido la fe en los políticos. Sólo reciben entre 17 y 19 centavos de euro por litro, es decir, entre noventa centavos y un peso, al cambio de esta semana. A sus colegas argentinos el gobierno les asegura el mismo peso por litro. Por cierto, sus costos son más bajos que los europeos.
La Nación y Clarín descubrieron esta semana que “los líderes del campo priorizan, lo que ellos consideran triunfos políticos, que los obtuvieron, en detrimento de la solución real a sus dificultades concretas” (Joaquín Morales Solá) y que “las reivindicaciones sectoriales ya se han transformado en planteos políticos” porque “la Mesa de Enlace marca el ritmo y los tiempos de la oposición” (Ricardo Kirschbaum). Esto ratifica que el bloque agrario no pugna por unos puntos más de rentabilidad, aunque no rechaza ninguna transferencia, sino por imponer su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad y subordinar cualquier otro interés al suyo. En la zona núcleo de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde tienen sus explotaciones los mayores propietarios, el precio de la soja de primera superó este año en 54,4 por ciento al del promedio del quinquenio 20032007, y el margen bruto en 113,1 por ciento. Las perspectivas son mejores para 2010, cuando se esperan la mayor cosecha y la más alta rentabilidad de la historia, aunque Biolcati haya insistido ayer que en el Bicentenario habrá que importar carne, pan y leche.
La brutal sinceridad de la Mesa de Enlace hizo que salvo la inflexible Coalición Cívica Libertadora el resto del arco político se espantara por la clase de Frankenstein creado en su laboratorio de aprendices de brujo.
Biolcati dijo que la asamblea del viernes era “el primer acto de la era poskirchnerista. La primera batalla a los Kirchner se la ganamos en la calle, después les ganamos en el Congreso. Nos dijeron que fuéramos a elecciones y también les ganamos en las urnas. ¿Que nos queda por ganar? Han perdido el poder”. Pero tanto él como Carlos Garetto creen que el gobierno no se dio cuenta que perdió las elecciones ni la oposición que las ganó”. Para Biolcati, la pelota quedó picando y “hay que agarrarla antes que la recuperen los Kirchner”. Para Garetto, “el campo” es el “custodio de las decisiones que tomó el país el 28 de junio”. Buzzi le negó margen a Scioli para buscar reconciliarse con una visita, porque “no tenemos una tolerancia indefinida”. Primero fue el Acuerdo Cívico y Social, cuya aversión a los desbordes corporativos es propia de su genética radical. Luego Felipe Solá, que procura un punto de equilibrio entre sus contradictorios roles de gauchito y peronista. Por último, hasta el filántropo colombiano tomó distancia de la Sociedad Rural, o sea de sí mismo, ya que es su socio principal en el predio de Palermo. Esas reacciones explican la sordina con que el viernes tocaron la misma partitura, la aclaración de Eduardo Buzzi de que “sólo defendemos los intereses del sector y no somos la mesa coordinadora de ninguna otra cosa”, la ausencia de figuras políticas con excepción de Maurizio Macri, Alberto Rodríguez Saa y Francisco De Narváez y el tono sosegado con el que Biolcati dijo ayer su discurso feroz: que el Estado era un predador insaciable, que 12 millones de argentinos apoyaron con su voto a la Mesa de Enlace, que “ha dejado de ser la mansa vaca lechera que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia y de las políticas equivocadas” y que ahora sumará a otras entidades empresarias, “para sacar al país de la crisis y terminar con la pobreza”. Dijo que continuaría el diálogo, pero se arrogó la representación de la Patria para decir que Belgrano, San Martín, Sarmiento y Alberdi construyeron la nación sin superpoderes y murieron “en la dignidad de su pobreza sin tener que presentar declaraciones juradas”. La jornada se inició con una banda del Ejército al son de la misma marcha que acompañó el ingreso a la Sociedad Rural de la calesa que conducía al ex dictador Onganía en 1966. La hiperinflación y los saqueos de 1989 acabaron antes de tiempo con el gobierno de Raúl Alfonsín y educaron a Carlos Menem, quien entendió el mensaje de la pistola en la nuca y archivó antes de asumir el programa populista que lo llevó a la presidencia. Del mismo modo, el ultimátum de la Mesa de Enlace por la rendición incondicional de CFK se dirige a todo el sistema político. Ése es el sentido de la creación de un fideicomiso federal para financiar la actividad política de la Mesa de Enlace, que se propone marcarle el paso al gobierno y a la oposición. Aunque los patrones rurales no lo adviertan, es otra forma de la impotencia que aqueja desde 1916 a su clase, de crear una fuerza política que represente sus intereses dentro del sistema institucional. Tampoco les resulta fácil comprarla hecha, como un dócil lote de peones y mucamas.
La coordinadora de cámaras patronales agropecuarias usó la apertura de la exposición ganadera, el lunes 27, para suscitar abucheos e insultos contra la presidente CFK y su esposo, contra el dialoguista jefe de gabinete Aníbal Fernández y contra el liviano gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, que el día anterior había peregrinado a humillarse en el santuario de Palermo. Y Mario Llambías provocó una ovación para José Alfredo Martínez de Hoz. Así mostraron a propios y ajenos que están preparados para una segunda vuelta de lo que Guillermo O’Donnell llamó “la venganza social de la oligarquía contra la Argentina plebeya”. Ayer el locutor mencionó a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, recibidas con fuertes aplausos.
Entre el público que el lunes alentaba cada agresión de la Mesa de Enlace gritando “Hay que sacarlos”, “que se vayan”, sonreía el secretario general del sindicato de trabajadores rurales y estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, que se alterna con las cuatro cámaras patronales en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), de modo que lo preside año por medio.
La estatuilla que ilustra esta página es el emblema oficial de ese ente autárquico de derecho público no estatal. Pero Venegas es además el ariete del ex senador Eduardo Duhalde, que también busca venganza, y la rama sindical de Unión-Pro. Como uno de los propósitos del RENATRE, creado en 1999, era blanquear el empleo, las entidades patronales lo recibieron sin entusiasmo. Pero Venegas venció esas resistencias con una política de seducción, que incluyó una demora en la reglamentación del registro, tan extensa que en 2005 el ministerio de Trabajo debió hacerlo por él. Según distintas fuentes, hay entre 1,2 y 1,5 millones de trabajadores rurales, de los cuales sólo han sido registrados entre 550 y 650 mil. El método consensuado entre ambas partes consistió en blanquear tres de cada cinco trabajadores. Con el 1,5 por ciento de las remuneraciones que se descuenta a los empleadores para un seguro de desempleo, el RENATRE es un notable espacio de generación de recursos, no menos de 15 millones de pesos mensuales. La UATRE que dirige Venegas recauda otro tanto por seguro de sepelio, que paga el trabajador. Venegas también preside la Obra Social, OSPRERA, que se superpone con el seguro de sepelios, y maneja la bolsa de trabajo. Para participar en ella exige la afiliación a UATRE, lo cual ha sido objetado por el ministerio de Trabajo. El empleo rural registra el mayor índice de informalidad del país. En algunas provincias como Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero roza el 90 por ciento. Pero incluso dentro del reducido sector formal, dos tercios de los trabajadores son no permanentes o changarines. Esto no depende de la índole del trabajo sino de las relaciones sociales de contratación. La ley de contrato de trabajo califica estas situaciones como de empleo permanente pero discontinuo y garantiza formas de protección de la estabilidad y en el cálculo del aguinaldo, las vacaciones y la indemnización por despido, como ocurre con los trabajadores en heladerías o los gastronómicos de temporada veraniega. En cambio los rurales de Venegas, Biolcati, Buzzi, Garetto y Llambías carecen de esos derechos. Los cargos en el Consejo de Administración del RENATRE son rentados y han servido como salida laboral a los recomendados de las entidades. La secretaria de Venegas es la hija de Enrique Crotto, el ex presidente de la Sociedad Rural que en marzo de 2002 dijo sin parpadear que si el nivel de las retenciones llegaba al 25 por ciento “prendemos fuego a todo”. Ésa sigue siendo la idea siete años después, como se pudo apreciar después de la reunión con el gobierno del viernes y en la inauguración oficial de la muestra de ayer.
La armónica relación de Buzzi con la Sociedad Rural tiene una explicación menos alambicada y personal que la de Venegas. La Federación Agraria, nacida hace casi un siglo como expresión de la lucha de los pequeños arrendatarios contra los grandes terratenientes representa en la era de la soja intereses similares a los de las entidades mayores, lo cual le ha provocado serios conflictos internos. Juntos votaron también en contra del horario laboral de ocho horas porque sostienen que en el campo se trabaja de sol a sol. El mes próximo habrá elecciones para renovar su conducción. Todo parece indicar que Buzzi será reelecto. Como vicepresidentes, Buzzi propone a dos grandes sojeros: los arrendatarios Omar Barchetta y Julio Curraz, con más de 3.000 hectáreas cada uno. Esto es seis veces más que el promedio de las explotaciones en la rica región pampeana y veinte veces el tamaño de la explotación pampeana pequeña que se consideró para ser exceptuada de retenciones en la discusión parlamentaria. Es más fácil entender así que Buzzi haya celebrado como un campeonato mundial desde la carpa de Palermo el voto de Julio Cobos que no sólo volteó el proyecto oficial sino también todas las mejoras que Agustín Rossi había negociado introducirle en la Cámara de Diputados a favor de los más pequeños. El lunes en la Sociedad Rural, Buzzi se sinceró: “La aspiración de todos nosotros es retenciones cero”. El gobierno no parece haber tomado debida nota de esta metamorfosis de la Federación Agraria, en cuyas manos sigue la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, creada en octubre de 2008 con un presupuesto de más de 400 millones de pesos, en cuyo organigrama abundan los funcionarios vinculados a la Federación Agraria. Sin embargo, no ha generado políticas favorables a los pequeños productores. La Federación Agraria también es la fuerza dominante en el FONAF, el Foro Nacional de Agricultura Familiar, creado en 2004 y que se mantiene con fondos públicos aunque no es un ente estatal. Diversas organizaciones de pequeños productores protestan que la Subsecretaría a cargo del ingeniero agrónomo Guillermo Martini ha obstaculizado su participación en el Foro, lo cual en algunas regiones ha derivado en la organización de foros paralelos. El funcionariado de la Subsecretaría participó el 21 y 22 de mayo en Junín, Mendoza, en un encuentro político con la consigna “Cobos 2011”. Una de las agrupaciones organizadoras de ese acto agradeció después del triunfo de Cobos que le hubieran brindado “sus estructuras” y su “apoyo incondicional”.
La suerte del proceso político depende en buena medida de cómo diriman sus diferencias los sectores dominantes. La Asociación Empresaria Argentina, que reúne a medio de centenar de líderes de las principales empresas del país, presentó también su pliego de condiciones al gobierno y pocas horas después se reunió con la Mesa de Enlace. Varios de los puntos planteados por la AEA coinciden con los reclamos de las patronales agropecuarias. También la UIA se mostró de acuerdo con el documento de la AEA. Ambas entidades responden a la línea que fija la transnacional italiana Techint. Durante el almuerzo del ministro de Economía Amado Boudou con la Unión Industrial, los reclamos más insistentes fueron sobre el tipo de cambio y las negociaciones salariales, dos formas complementarias de defender su rentabilidad contra la participación de los trabajadores. A la semana siguiente, el jefe de gabinete Aníbal Fernández advirtió a los mismos interlocutores que de la política monetaria y el tipo de cambio no hablaría, porque los fijó Néstor Kirchner en 2003 y ha sido exitosa, como testimonian los casi 47.000 millones de dólares de reservas. Por alguna razón misteriosa en el gobierno creen que la UIA no sustenta el mismo plan que la AEA, lo cual contradice las expresiones públicas de la propia Unión Industrial. También creen que una de las principales asociaciones de criadores de ganado (la de Shorthorn) se apresta a renunciar a la Sociedad Rural y que Luis Pagani dejará la presidencia de la AEA. El tiempo dirá si estas son algo más que expresiones de deseos. Una de las incógnitas de estos meses pasa por la actitud del grupo Clarín, cuyo principal ejecutivo es uno de los vicepresidentes de la AEA, ante las sucesivas decisiones oficiales que lo afectan. Una es la anulación de la numeración telefónica que el secretario de Comunicaciones Lisandro Salas le había concedido a Cablevisión. La presidente se enteró leyendo la resolución en el Boletín Oficial y sin perder un segundo ordenó revertirla. “Lo hace él mismo o el que designaré en su lugar”, dijo. Lo hizo él mismo. Otra es la autorización para que el Sistema de Medios Públicos opere un sistema de HDT (transmisión directa al hogar vía satélite). El proyecto, elaborado por Tristán Bauer cuando asumió, fue paralizado por el ex jefe de gabinete Sergio Massa a pedido de Clarín y recién se retomó luego de su renuncia. Contempla un paquete de señales que llegarían en forma gratuita a los hogares que adquirieran una antena y un decodificador, de precio moderado. Estas señales serían la transmisión del propio canal 7, un canal de Noticias competitivo con los cinco de oposición, uno con programación infantil, el cultural Encuentro, uno de cine, y varios internacionales, como Televisión Española y Telesur. La frutilla del postre sería un canal deportivo, que transmitiría algunos partidos de fútbol. Por lo pronto el COMFER ya cuenta con el apoyo de dirigentes de Boca Juniors y un gobernador, padre de un futbolista, ha interesado a la AFA. Esta posibilidad llega en el peor momento de la relación de los clubes con la televisión, cuya retribución es ínfima en comparación con la magnitud del negocio.
Al reiterar ante los legisladores que la distribución del ingreso era irrenunciable, la presidente mencionó un estudio que había recibido, según el cual los 1.500 pesos de salario mínimo acordado en el Consejo del Empleo implican el máximo poder adquisitivo histórico de ese instrumento. Sólo un diario mencionó la afirmación en forma sucinta pero sin profundizar a qué se refería. Se trata de un análisis del sociólogo Artemio López, que sigue un método propuesto por su colega Leandro M. Cárcamo Manna, para medir la evolución del salario mínimo vital y móvil entre 1980 y 1997 según su capacidad adquisitiva en kilos de pan común. Es un indicador rudimentario pero útil como aproximación a una tendencia, igual que el Big Mac que mide el tipo de cambio relativo entre países. En mayo de 1984 el salario mínimo mensual podía comprar 252,5 kilos de pan francés, en 1990 apenas 4 kilos. Los 1.500 pesos acordados esta semana constituyen un récord histórico. Si se toma el precio del pan del INDEC (2,64 pesos), pueden comprarse 518 kilos. Con las hipótesis de máxima y de mínima del diario opositor La Nación (3,50 y 4 pesos el kilo) podrían comprarse 428 y 375 kilos de pan por mes. Es decir que en la peor lectura posible el poder adquisitivo del salario mínimo superaría en un 50 por ciento al máximo histórico previo, de 1984. La limitación es que no lo perciben los trabajadores desocupados ni los precarios. A la reunión del Consejo del Salario que acordó ese incremento sí asistieron los delegados de las cámaras agropecuarias, de la industria y de ambas centrales sindicales, incluyendo las diversas líneas internas de la CGT que en los días previos habían intentado cobrarle a Hugo Moyano la derrota del 28 de junio. El detonador de la ofensiva fue el pase de Comercio a Camioneros de 40 chóferes de Casa Rodó, que prefirieron ganar 5.000 pesos mensuales con el convenio de los verdes que 1700 en las filas de Armando Oriente Cavalieri. Los funcionarios que participaron en las reuniones se asombraron al ver el estado de algunos de los Gordos, como el envejecido y obeso Oscar Lescano que no puede dar un paso sin su bastón, o el ferroviario José Pedraza, bajo el avance de una enfermedad degenerativa, como el Alzheimer, o una afección localizada en el putamen, del tipo del Parkinson.
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